El último Consejo de Ministros de julio aprobó en primera vuelta el anteproyecto de ley de medidas integrales para reforzar la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. La reforma pretende adaptar el sistema español a un escenario financiero y tecnológico cada vez más complejo, caracterizado por la expansión de los criptoactivos y por el desarrollo de mecanismos cada vez más sofisticados utilizados por las redes delictivas internacionales.
El texto inicia ahora una fase de audiencia e información pública antes de continuar su tramitación legislativa. El Gobierno plantea con esta reforma una actualización profunda del modelo español de prevención del blanqueo, con el objetivo de reforzar tanto las capacidades de las autoridades como los mecanismos de control sobre quienes participan en el sistema financiero y económico.
Una de las principales novedades será la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), concebida como una autoridad administrativa independiente que concentrará buena parte de las competencias que actualmente se encuentran distribuidas entre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
La nueva autoridad asumirá las funciones de Unidad de Inteligencia Financiera, además de las competencias de supervisión, inspección y potestad sancionadora. También tendrá atribuidas las funciones relacionadas con las sanciones financieras internacionales y asumirá competencias específicas en materia de prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
ANIFI se convertirá, además, en el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA). El Gobierno considera que esta concentración de competencias permitirá reforzar la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta ante operaciones financieras vinculadas a actividades delictivas.
La reforma contempla asimismo un sistema de financiación propio para la nueva autoridad, de manera que su funcionamiento no dependa de los Presupuestos Generales del Estado. ANIFI se financiará fundamentalmente mediante una tasa aplicada a los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa, entre ellos entidades financieras y operadores de juego, además de una parte limitada de las sanciones económicas que imponga.
Los recursos obtenidos mediante este mecanismo estarán destinados a financiar actividades de prevención y persecución del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como actuaciones de cooperación internacional. De esta forma, el Ejecutivo pretende dotar a la nueva autoridad de un modelo financiero autónomo y sostenible.
Para facilitar su puesta en funcionamiento y evitar la creación desde cero de una estructura administrativa, ANIFI se apoyará en la actual infraestructura del FROB. El Gobierno pretende aprovechar así los recursos operativos y la experiencia acumulada por este organismo en el ámbito financiero.
El anteproyecto introduce también modificaciones relevantes en las obligaciones de prevención. Entre ellas figura la incorporación de nuevos sujetos obligados, así como un refuerzo de los mecanismos destinados a conocer quién se encuentra realmente detrás de las sociedades y estructuras jurídicas, mediante una mayor transparencia sobre la titularidad real.
El Registro Central de Titularidades Reales dispondrá de nuevas facultades de inspección y sanción, con el propósito de dificultar que sociedades pantalla u otras estructuras jurídicas puedan utilizarse para ocultar el origen de fondos o la identidad de las personas que controlan determinados activos.
El Gobierno plantea igualmente endurecer los requisitos de idoneidad para quienes ejerzan determinadas actividades consideradas especialmente sensibles. En este sentido, las personas condenadas por delitos de blanqueo de capitales no podrán ejercer como sujetos obligados ni dirigir entidades sometidas a estas obligaciones de prevención.
Otro de los ámbitos que se pretende reforzar es el control sobre los movimientos de efectivo. La actualización normativa busca mejorar la capacidad de las autoridades para detectar operaciones sospechosas y seguir el rastro del dinero utilizado por organizaciones criminales, especialmente en un contexto en el que estas redes combinan mecanismos tradicionales con nuevas herramientas financieras digitales.
La reforma incorpora además un segundo gran bloque relacionado con el sistema español de resolución bancaria. La transformación del FROB permitirá simplificar el actual modelo mediante el traslado de las funciones de resolución ejecutiva a las autoridades que ya ejercen las funciones de resolución preventiva.
En el caso de las entidades de crédito, estas competencias pasarán al Banco de España, mientras que la CNMV asumirá las correspondientes a las empresas de servicios de inversión. El objetivo es que exista una única autoridad de resolución para cada tipo de entidad, siguiendo las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional.
El Ejecutivo asegura que el nuevo esquema mantendrá la separación funcional entre las tareas de resolución y las de supervisión para evitar posibles conflictos de intereses. También se preservará la participación del Ministerio de Economía en aquellas decisiones que puedan tener consecuencias presupuestarias o afectar a la estabilidad financiera.
La reforma también modifica el encaje institucional de BFA Tenedora de Acciones, sociedad a través de la cual se gestiona la participación del Estado en CaixaBank. BFA dejará de ser filial del FROB y pasará a estar adscrita al Ministerio de Economía como sociedad instrumental.
La entidad mantendrá su función como vehículo para la participación pública en CaixaBank y recibirá también las acciones de Sareb, conservando sus derechos como accionista y las obligaciones y condiciones de desinversión establecidas en la legislación vigente.
Con esta reforma, el Gobierno pretende situar a España en línea con el nuevo marco europeo de prevención del blanqueo aprobado en 2024 y con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa responde a la evolución de las amenazas financieras y a la necesidad de reforzar los mecanismos de detección frente a unas redes criminales que recurren cada vez más a estructuras internacionales, activos digitales y nuevas fórmulas de ocultación del dinero.
El anteproyecto abre ahora un proceso de participación pública antes de continuar su tramitación. La creación de ANIFI y la reorganización de las funciones actualmente vinculadas al FROB supondrán, si la reforma culmina su recorrido legislativo, una transformación significativa de la arquitectura española de prevención del blanqueo de capitales y resolución bancaria.
