Las familias de las personas con trastornos mentales que cometen homicidios se encuentran entre los colectivos más expuestos a esta forma de violencia y, al mismo tiempo, pueden quedar desprotegidas tras el delito. Esta es una de las principales conclusiones de una investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que examina los homicidios juzgados en España durante aproximadamente una década y pone el foco en las consecuencias para las víctimas directas e indirectas.
El estudio, desarrollado por Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la UOC, junto con las profesoras Laura Arantegui y Alba Marsol, analiza más de 2.500 casos judiciales para identificar las características de los homicidios cometidos por personas con trastornos mentales, el perfil de las víctimas y las compensaciones económicas reconocidas durante los procedimientos judiciales.
Los resultados apuntan a una realidad que, según los investigadores, ha recibido una atención insuficiente: la necesidad de proteger a las víctimas sin alimentar los prejuicios que vinculan automáticamente la enfermedad mental con la violencia.
El 26% de los casos analizados fueron parricidios
Uno de los datos más relevantes del trabajo es que el 10% de los más de 2.500 homicidios examinados involucraba a autores con algún trastorno mental. Además, el 26% de los homicidios cometidos por personas con estos trastornos correspondió a parricidios, es decir, asesinatos de uno de los progenitores.
Los investigadores destacan que la violencia letal estudiada se produjo mayoritariamente en el ámbito familiar, donde la proximidad y el contacto cotidiano pueden aumentar la exposición de determinadas personas al agresor.
La investigación subraya que este contexto obliga a prestar atención no solo a quien comete el delito, sino también a quienes conviven con esa persona, mantienen una relación estrecha con ella o sufren las consecuencias del homicidio. «Los familiares son los más expuestos y no reciben un apoyo suficiente de las instituciones», advierte Tamarit.
El planteamiento no consiste en asociar de forma general los trastornos mentales con la peligrosidad. Los autores defienden que la prevención debe basarse en la identificación de situaciones concretas de riesgo y en un seguimiento adecuado, sin estigmatizar al conjunto de las personas con problemas de salud mental.
Víctimas que pueden quedar sin indemnización
El estudio identifica otra cuestión especialmente problemática: las víctimas de estos homicidios reciben indemnizaciones o compensaciones económicas en un número reducido de casos.
Según los investigadores, el carácter intrafamiliar de muchos de los delitos contribuye a esta situación. Cuando el autor es un familiar, el proceso judicial puede resultar especialmente complejo para quienes han sufrido las consecuencias del crimen, tanto por el vínculo personal como por las circunstancias jurídicas del caso.
La investigación señala que algunas víctimas directas e indirectas pueden quedarse sin compensación económica. En determinadas situaciones, para reclamarla de manera efectiva, los afectados deben contratar a un abogado y ejercer la acusación particular contra un familiar con un trastorno mental.
Las consecuencias tampoco terminan con las lesiones físicas o psicológicas de la víctima directa. El resto de la familia puede sufrir secuelas emocionales, estrés y tensiones derivadas tanto de la convivencia previa como del procedimiento judicial posterior.
Para Tamarit, esta falta de reconocimiento y reparación puede considerarse un fallo sistémico. El investigador sostiene que la protección de los derechos de las personas con trastornos mentales no debería dejar en un segundo plano los derechos de quienes sufren sus actos delictivos.
Mejorar la detección de situaciones de riesgo
La investigación plantea la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, especialmente cuando los servicios sanitarios conocen previamente la situación de una persona y existen indicios que aconsejan un seguimiento más estrecho. «Deberíamos ser capaces de mejorar la detección de los casos de riesgo y el seguimiento de los individuos y sus familias», señala Tamarit.
Los autores consideran que los datos analizados justifican una revisión de los recursos destinados a identificar situaciones de riesgo y acompañar a las familias afectadas. No obstante, la investigación reconoce que no dispone de datos suficientes para atribuir los casos estudiados a fallos concretos de los servicios sanitarios o de otras instituciones.
La propuesta pasa por mejorar la coordinación entre los profesionales sanitarios, los servicios de apoyo y los mecanismos de protección a las víctimas. El objetivo es que las familias no tengan que asumir por sí solas la responsabilidad de afrontar situaciones potencialmente peligrosas o las consecuencias de un delito grave.
Los investigadores proponen tres líneas de actuación para prevenir nuevos casos y mejorar la atención posterior a las víctimas: Reforzar el seguimiento sanitario de las personas en las que se hayan identificado situaciones de riesgo, con una atención que tenga en cuenta también a sus familias; aplicar instrumentos de evaluación del riesgo que ayuden a detectar circunstancias que requieran intervención preventiva; y mejorar las ayudas públicas a las víctimas de delitos violentos, para que puedan acceder a apoyo y reparación sin que las dificultades económicas o procesales agraven su situación.
Tamarit considera que, aunque se han introducido reformas para mejorar la respuesta en determinados ámbitos, como la violencia de género, otras necesidades de las víctimas siguen sin recibir una atención suficiente.
La investigación plantea así la necesidad de ampliar la perspectiva de las políticas de victimización: la protección no debe limitarse a la persona directamente agredida, sino incluir a los familiares que sufren las consecuencias del crimen y que, en ocasiones, también necesitan atención psicológica, apoyo jurídico y asistencia económica.
Evitar el estigma sin invisibilizar a las víctimas
El estudio aborda un dilema jurídico y social: cómo evitar la estigmatización de las personas con trastornos mentales sin restar importancia a los daños sufridos por las víctimas de los delitos que puedan cometer.
Los investigadores recuerdan que la consideración de las circunstancias de salud mental de una persona puede tener consecuencias en el procedimiento judicial, pero insisten en que esa atención no debe traducirse en una menor protección para las víctimas.
El reto consiste en combinar la atención sanitaria, la prevención de riesgos, las garantías jurídicas y la reparación del daño. Esto requiere reconocer la diversidad de situaciones clínicas y personales, sin convertir un diagnóstico en una explicación automática de la conducta violenta.
La investigación, publicada en abierto en el Journal of Forensic and Legal Medicine, bajo el título Invisible harm after lethal violence: Victims of homicide by offenders with mental disorders, aporta datos para incorporar a las víctimas y sus familias al análisis de estos delitos.
Su conclusión principal es que la prevención de la violencia letal y la atención a la salud mental deben ir acompañadas de una protección efectiva de las víctimas. Reconocer las necesidades de las personas con trastornos mentales y evitar su estigmatización no es incompatible con garantizar apoyo, justicia y reparación a quienes sufren las consecuencias de sus actos.
