Rompiendo mitos. Creer que cuantas más armas tenga un servicio de vigilancia, más seguros estaremos. Mito 16

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“Rompiendo mitos”

Una serie editorial de Carlos Enrique Pérez Barrios

La seguridad no se mide por la cantidad de armas, sino por la capacidad para prevenir riesgos y responder responsablemente ante ellos.

Todavía existe la creencia de que un servicio de vigilancia será más eficaz cuanto mayor sea su armamento. Algunos clientes interpretan la presencia de un vigilante armado como garantía de protección, mientras ciertos empresarios la utilizan como argumento comercial. Esa percepción puede influir en la contratación sin que se haya respondido una pregunta esencial: ¿qué amenaza justifica incorporar un arma a ese servicio?

La vigilancia armada puede ser necesaria en determinados escenarios. Sin embargo, su conveniencia debe establecerse mediante un análisis profesional, considerando tanto la protección que puede aportar como los riesgos que introduce. Accidentes, sustracciones, usos indebidos y conflictos que escalan son posibilidades que también deben evaluarse.

La decisión exige determinar qué se necesita proteger, frente a cuáles amenazas y bajo qué condiciones podría emplearse ese recurso sin generar peligros adicionales.

La misión del vigilante comienza antes de la confrontación

La observación, el control de accesos, la comunicación oportuna y el cumplimiento de procedimientos permiten detectar y atender situaciones antes de que se conviertan en incidentes. El arma, cuando corresponde incorporarla, cumple una función específica dentro de ese sistema.

Un acceso sin verificar o una alerta desatendida siguen representando vulnerabilidades, aunque el vigilante esté armado. Si los controles fallan, el servicio puede llegar a una confrontación que una actuación preventiva habría permitido evitar.

La presencia de un vigilante armado en la entrada principal no corrige los accesos que permanecen sin control.

Una auditoría publicada en 2009 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) identificó deficiencias de capacitación y supervisión en el programa de vigilancia contratada del Servicio Federal de Protección. Durante pruebas encubiertas, los investigadores lograron introducir componentes de un artefacto explosivo a través de los controles en los diez edificios federales evaluados. El informe advierte que esos resultados no pueden generalizarse a todas las instalaciones. El caso ilustra cómo la presencia de vigilantes y equipos puede coexistir con fallas graves de control; no constituye una comparación entre servicios armados y desarmados.

La decisión de armas debe estar justificada

En el Mito 12 abordamos el valor del estudio de seguridad. Aquí corresponde aplicar ese criterio a una decisión concreta: establecer si el servicio necesita armamento y cuáles serían las condiciones para incorporarlo.

El análisis debe considerar amenazas, vulnerabilidades, personas expuestas y consecuencias previsibles. También debe examinar las características de las instalaciones y las medidas disponibles. Según el escenario, reforzar accesos, iluminación, comunicaciones o capacidad de respuesta puede atender mejor una vulnerabilidad.

La solicitud del cliente debe evaluarse con criterio técnico y conforme a las autorizaciones aplicables. Corresponde a la empresa explicar el alcance del servicio, sus limitaciones y las obligaciones que acompañan la vigilancia armada. Si primero se vende el armamento y después se prepara un estudio para justificarlo, se invierte el orden de la decisión profesional.

La empresa debe controlar el recurso que incorpora

La responsabilidad empresarial abarca todo el ciclo de gestión del armamento: adquisición autorizada, registro, asignación, custodia, mantenimiento y retiro del servicio. Debe poder establecerse quién recibió cada arma, en qué condiciones y cuándo la devolvió.

Una pérdida sin detectar o una asignación sin registro comprometen la capacidad de la empresa para controlar ese recurso. Por ello, la supervisión debe verificar el cumplimiento efectivo de los procedimientos.

En septiembre de 2025, Small Arms Survey, centro de investigación sobre armas pequeñas y violencia armada con sede en Ginebra, Suiza, y la Asociación del Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoCA, por sus siglas en inglés), también con sede en Ginebra, Suiza, publicaron conjuntamente una guía sobre gestión responsable de armas y material de guerra en empresas de seguridad privada. El documento aborda controles destinados a prevenir pérdidas, robos, desvíos y usos indebidos.

La empresa debe definir responsables, conservar registros y corregir las fallas detectadas. Entregar el arma y obtener una firma constituye apenas una parte de ese control.

El vigilante necesita criterio para decidir

El trabajador debe conocer las atribuciones de su función, los procedimientos del puesto y las reglas aplicables al uso de la fuerza. Una sospecha, una discusión o la desobediencia a una instrucción no deben interpretarse automáticamente como motivos para recurrir al arma.

Como referencia profesional, el Código Internacional de Conducta promovido por ICoCA exige a sus empresas miembros y afiliadas adoptar medidas para evitar el uso de la fuerza y, cuando resulte necesario, ajustarlo a la legislación y a criterios de necesidad y proporcionalidad. Asimismo, establece límites estrictos al uso de armas de fuego contra personas, vinculados a amenazas graves para la vida. Estos estándares no sustituyen la legislación específica de cada país.

La preparación debe ayudar al vigilante a reconocer esas diferencias bajo presión. Una decisión precipitada puede convertir un conflicto controlable en una situación con consecuencias irreparables.

La competencia debe mantenerse y comprobarse

En el Mito 14 explicamos por qué la formación forma parte de la responsabilidad del servicio. En la vigilancia armada se añade una exigencia específica: comprobar que el trabajador conserva la competencia necesaria para portar el arma asignada y decidir responsablemente sobre su empleo.

El Código de ICoCA contempla entrenamiento específico para el tipo y modelo de arma, además de formación periódica y verificable sobre armamento y reglas para el uso de la fuerza.

La empresa debe evaluar resultados, registrar deficiencias y disponer medidas correctivas. El entrenamiento debe desarrollar manejo seguro, conocimiento de los procedimientos, autocontrol y capacidad para reconocer cuándo evitar una confrontación y solicitar apoyo.

Un certificado inicial acredita una preparación recibida en determinado momento. La supervisión y las evaluaciones posteriores permiten comprobar si esa preparación continúa siendo suficiente para la función.

El pirata exhibe armas; el profesional administra riesgos

El pirata utiliza el armamento para impresionar al cliente y facilitar la venta. Ofrece una imagen de fortaleza sin explicar qué amenaza pretende controlar, cuáles son los límites del servicio ni cómo garantizará la custodia y preparación del personal.

El profesional justifica la necesidad del recurso antes de incorporarlo. Define procedimientos, verifica competencias y establece controles. También reconoce cuándo las condiciones del servicio impiden ofrecer vigilancia armada responsablemente.

El profesional justifica los recursos, asigna responsabilidades y verifica que los controles se cumplan.

El profesional justifica los recursos, asigna responsabilidades y verifica que los controles se cumplan.

Su compromiso incluye explicar al cliente qué puede esperar del servicio y qué decisiones debe adoptar la organización para que la protección funcione.

El legado del mito

Medir la seguridad por las armas visibles puede llevar a contratar una capacidad sin comprender sus condiciones de empleo. El cliente puede sobreestimar la protección recibida; la empresa, comprometerse con un servicio que no está preparada para sostener; y el vigilante, enfrentar decisiones para las cuales carece de preparación suficiente.

Romper este mito exige que cada parte comprenda su responsabilidad. El cliente debe participar en la definición de sus necesidades; la empresa, justificar y controlar los recursos ofrecidos; y el trabajador, actuar dentro de sus atribuciones y preparación.

La profesionalización se demuestra cuando la organización puede explicar por qué necesita un servicio armado, cómo lo supervisa y qué hace para prevenir que ese recurso se convierta en una nueva fuente de riesgo.

Frase doctrinaria

«Cada arma incorporada a un servicio de seguridad representa una capacidad que debe justificarse y una responsabilidad que nadie puede ignorar».

Vídeo:

Carlos Enrique Pérez Barrios es Magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Consultor Internacional en Seguridad, Director General de Global Security Academy, conferencista y articulista, y autor de las obras: ‘Control de Riesgos – Manual para Estudios de Seguridad‘; ‘El Factor M‘ y ‘Venezuela: Reconstrucción desde las Cenizas‘

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