La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al considerarlo cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con la creación y posterior adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. La resolución, que aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, absuelve a todos los acusados del delito de tráfico de influencias.
Se trata de la tercera sentencia judicial, tras la que afectó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y luego al ex secretario de Organización y ex ministro, José Luis Ábalos, y al ex asesor Koldo García.
La sentencia también condena al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación especial por dos delitos continuados de prevaricación administrativa, mientras que otros responsables y funcionarios implicados en el procedimiento reciben penas de inhabilitación de distinta duración por su participación en los hechos.
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El tribunal considera acreditado que la creación de la plaza no respondió a una necesidad objetiva de la administración provincial, sino que fue diseñada para posibilitar la incorporación de David Sánchez. Según los magistrados, el procedimiento administrativo se articuló con la finalidad de favorecer un resultado previamente decidido, vulnerando los principios de objetividad, igualdad y legalidad que deben regir el acceso al empleo público.
La resolución judicial sostiene que existió una actuación concertada entre varios responsables de la Diputación para dar apariencia de legalidad a una decisión ya tomada. Aunque la Sala descarta que hayan quedado probadas presiones directas sobre los integrantes del proceso selectivo, entiende que el conjunto de indicios y de la prueba practicada durante el juicio permite concluir que la plaza fue creada específicamente para beneficiar a David Sánchez.
El proceso judicial tuvo su origen en la investigación sobre la contratación de David Sánchez en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación pacense, cargo que posteriormente pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Durante el juicio, tanto las defensas como la Fiscalía solicitaron la absolución de los acusados, al considerar que no existían pruebas suficientes para sustentar una condena por prevaricación, una tesis que finalmente no ha compartido la Audiencia Provincial.
Con esta resolución, la Audiencia pone fin en primera instancia a uno de los procedimientos judiciales de mayor repercusión política de los últimos años. La sentencia no contempla penas de prisión y únicamente impone penas de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, al tiempo que deja abierta la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo.
