Después de años de combates, sanciones y destrucción de infraestructuras, los conflictos de Ucrania y Oriente Medio evidencian que la resistencia militar depende cada vez más de los recursos económicos, la capacidad industrial y la fortaleza social de los Estados. Rusia afronta un creciente deterioro demográfico y productivo; Irán sufre una grave crisis financiera y energética, mientras los hutíes mantienen una economía de guerra capaz de financiar sus operaciones militares. Esta es la cuestión que aborda Vicente de la Cruz en una nueva entrega de Análisis del día, el espacio de actualidad de Delta13News.
Las guerras pueden comenzar con una decisión política, una ofensiva militar o una operación sorpresa. Sin embargo, cuando los conflictos se prolongan durante años, el resultado deja de depender exclusivamente de los movimientos sobre el terreno.
La capacidad para fabricar armamento, reponer las pérdidas humanas, financiar a las fuerzas armadas, garantizar el abastecimiento y sostener la economía nacional adquiere una importancia determinante.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, se aproxima a su quinto aniversario sin que Rusia haya logrado imponer sus principales objetivos estratégicos iniciales. El frente ha experimentado cambios territoriales, pero no se ha producido la victoria rápida que Moscú esperaba.
Mientras tanto, el coste humano y económico continúa creciendo.
Una dinámica comparable, aunque con características muy diferentes, se desarrolla en Oriente Medio, donde el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán ha colocado la economía energética y la seguridad marítima en el centro de la confrontación.
En ambos escenarios aparece una pregunta fundamental: ¿cuánto tiempo puede un Estado mantener una guerra cuando el coste de continuarla comienza a comprometer su propia estabilidad económica y social?
Ucrania: resistir también es una operación económica
La Unión Europea ha anunciado nuevas medidas para ayudar a Ucrania a superar el invierno de 2026-2027, en un momento en el que los ataques rusos contra centrales eléctricas, subestaciones y redes energéticas mantienen a numerosas regiones sometidas a interrupciones del suministro.
Entre las actuaciones anunciadas figuran la movilización de 500 generadores eléctricos procedentes de las reservas europeas rescEU, cuatro puentes modulares aportados por Noruega y 200 autobuses franceses, además de nuevas medidas de asistencia humanitaria y recuperación de infraestructuras.
Estas actuaciones se suman a programas de ayuda económica y energética previamente aprobados, entre ellos un plan europeo de apoyo a la seguridad energética ucraniana para el invierno y los desembolsos destinados a mantener el funcionamiento del Estado.
Su importancia va más allá de la asistencia humanitaria.
Una red eléctrica operativa mantiene funcionando hospitales, comunicaciones, abastecimientos de agua, industrias y sistemas logísticos. También permite sostener determinadas capacidades esenciales para el esfuerzo de defensa.
La estrategia rusa de atacar infraestructuras energéticas busca debilitar esa capacidad de resistencia. La respuesta europea pretende impedir que el deterioro de las condiciones de vida y la interrupción de servicios esenciales terminen erosionando la capacidad del país para continuar defendiendo su territorio.
La supervivencia económica y la resistencia militar se han convertido, por tanto, en dos dimensiones inseparables del conflicto.
Rusia: una guerra que consume población, recursos y capacidad productiva
Uno de los datos más relevantes conocidos durante noviembre procede de la filtración de registros internos de Rosstat, el Servicio Federal de Estadísticas de Rusia.
Diversos medios internacionales, entre ellos Financial Times y The Guardian , han examinado una base de datos de certificados de defunción obtenida mediante una intrusión informática.
Los análisis publicados apuntan a más de 400.000 muertes vinculadas a la guerra y sitúan algunas estimaciones alrededor de 450.000 fallecidos hasta agosto de 2026. Al considerar posibles retrasos de registro y desapariciones todavía no contabilizadas, determinados investigadores plantean cifras superiores.
Estos datos no constituyen un balance oficial reconocido por el Gobierno ruso, que mantiene un importante grado de opacidad sobre sus pérdidas militares. Tampoco permiten determinar automáticamente el número exacto de heridos.
No obstante, reflejan un coste humano extraordinario, al que deben añadirse los militares supervivientes con lesiones permanentes, las personas desplazadas y las consecuencias demográficas que acompañarán a Rusia durante décadas.
La pérdida de capital humano
La guerra también ha provocado una importante emigración de población rusa.
Las estimaciones de centros de investigación sitúan en varios cientos de miles las personas que abandonaron el país durante las primeras oleadas migratorias de 2022, especialmente después del anuncio de movilización.
Entre ellas figuraban profesionales cualificados, empresarios, especialistas tecnológicos y jóvenes en edad laboral. Parte de esa población ha regresado posteriormente, pero una proporción significativa permanece en el extranjero.
El problema para la economía rusa no es exclusivamente demográfico.
La pérdida de trabajadores cualificados reduce la capacidad de innovación, limita el crecimiento de sectores productivos y agrava los problemas de sustitución de personal en una economía que necesita simultáneamente trabajadores industriales, técnicos, soldados y especialistas.
La movilización militar compite directamente con las necesidades de la economía civil.
Una economía sometida a presiones crecientes
Los propios datos del Banco Central de Rusia muestran las dificultades que atraviesa el país.
En noviembre de 2026, la entidad mantuvo su tipo de interés de referencia en el 14 %, ante la persistencia de presiones inflacionarias. Su previsión de crecimiento económico para el conjunto del año se sitúa entre el 0,5 % y el 1 %.
El Banco Mundial también ha advertido de la desaceleración de la economía, el deterioro de las perspectivas de inversión y la creciente vulnerabilidad financiera.
El incremento del gasto militar ha favorecido determinadas industrias vinculadas a la defensa, pero también ha contribuido a una economía desequilibrada, en la que numerosos recursos productivos se destinan a necesidades bélicas en detrimento de otras actividades.
Los tipos de interés elevados dificultan la financiación de empresas y familias, mientras que las necesidades presupuestarias del Estado reducen su margen para otros programas económicos y sociales.
No estamos ante una economía que haya dejado de funcionar, pero sí ante un modelo de crecimiento condicionado crecientemente por la guerra.
Las sanciones y la dependencia energética
Las sanciones internacionales han obligado a Rusia a modificar profundamente sus rutas comerciales y financieras.
China e India se han convertido en mercados decisivos para sus exportaciones energéticas, aunque la relación comercial está sometida a descuentos, costes logísticos adicionales, restricciones financieras y cambios en la demanda.
En octubre, las exportaciones rusas de crudo sufrieron una importante caída, mientras aumentaba la dependencia del mercado chino.
Esta situación limita el margen de negociación de Moscú, especialmente cuando los compradores pueden aprovechar las dificultades rusas para obtener condiciones comerciales favorables.
Sin embargo, sería incorrecto afirmar que Rusia ha dejado de ingresar dinero por sus exportaciones: los ingresos continúan siendo muy relevantes y las subidas internacionales del petróleo pueden compensar parcialmente la caída de volúmenes.
El problema estratégico reside en la progresiva reducción de sus alternativas comerciales y en la necesidad de sostener un gasto militar extraordinario durante un periodo indefinido.
Irán: la guerra económica amenaza con convertirse en una crisis estructural
Si el caso ruso muestra el coste acumulado de una guerra prolongada, Irán representa un escenario de presión económica especialmente intensa.
Los enfrentamientos con Estados Unidos e Israel, los daños causados por los bombardeos y las restricciones al comercio petrolero han agravado una situación que ya estaba deteriorada por años de sanciones, depreciación monetaria y problemas estructurales.
Según el Banco Mundial, Irán afronta una fuerte contracción de su comercio exterior, crecientes dificultades para financiar sus importaciones y un notable deterioro de la capacidad adquisitiva de la población.
Los indicadores de inflación publicados en noviembre por organismos iraníes sitúan la tasa anual entre el 71 % y el 77 %, dependiendo de la fuente y la metodología. Los incrementos interanuales de los precios se aproximan al 90 % en determinadas mediciones.
Son cifras extraordinariamente elevadas que erosionan salarios, ahorros y consumo.
La pérdida de poder adquisitivo está afectando a los hogares, que reducen gastos en alimentación, vivienda, educación y atención sanitaria.
A estas dificultades se suman informaciones sobre retrasos salariales en determinadas unidades policiales y militares, aunque no existe una confirmación independiente de un impago generalizado a todos los funcionarios del Estado.
El petróleo, centro de la presión estadounidense
La economía iraní depende considerablemente de sus ingresos energéticos y de su capacidad para acceder a divisas.
Estados Unidos ha intensificado su presión mediante sanciones y un bloqueo naval que ha restringido de forma extraordinaria las exportaciones de petróleo.
Las empresas especializadas en seguimiento marítimo han documentado un desplome del tráfico petrolero iraní a través del estrecho de Ormuz.
El objetivo de Washington es limitar los ingresos con los que Teherán financia su aparato estatal, sus fuerzas armadas y sus capacidades militares.
Irán ha utilizado históricamente redes de intermediarios, sociedades instrumentales, transferencias de mercancía entre buques y otros mecanismos destinados a sortear las restricciones comerciales.
No obstante, las medidas recientes han reducido severamente el volumen de petróleo que consigue exportar.
La presión también afecta a sus socios comerciales, a los importadores de energía y a los países del Golfo, que deben afrontar los riesgos de nuevos ataques contra infraestructuras, buques mercantes e instalaciones estratégicas.
El coste de reconstruir una economía dañada
Los daños acumulados en instalaciones industriales, infraestructuras energéticas, aeropuertos y sistemas productivos añaden una dificultad estructural a la crisis iraní.
Teherán ha estimado en torno a 270.000 millones de dólares los daños asociados al conflicto, aunque esa valoración procede de sus propias autoridades y requiere distinguir entre daños directos, pérdidas de producción y reclamaciones económicas.
Diversas evaluaciones señalan que la recuperación podría necesitar muchos años incluso después de una eventual finalización de las hostilidades.
Una estimación difundida por Iran International, atribuida a deliberaciones internas del Banco Central iraní, planteaba un horizonte de hasta doce años para reconstruir la economía. No constituye una previsión oficial verificable ni permite establecer una fecha precisa de recuperación.
Y aquí aparece una cuestión central: la supervivencia política de un régimen y la recuperación económica de su población no siempre siguen el mismo calendario.
El Gobierno iraní tiene incentivos económicos evidentes para alcanzar un acuerdo que alivie las restricciones comerciales, pero también debe valorar sus objetivos estratégicos, su seguridad y las consecuencias políticas internas de cualquier concesión.
Por eso, el deterioro económico no garantiza por sí solo el final del conflicto.
Estados Unidos y el Golfo: el coste de ejercer la superioridad militar
La presión ejercida sobre Irán también tiene un coste elevado para Estados Unidos y sus aliados.
Las operaciones militares requieren desplegar buques, aeronaves, sistemas defensivos, personal y capacidades logísticas a miles de kilómetros de sus bases principales.
A ello se añaden los gastos en municiones, mantenimiento, combustible, reparación de instalaciones y reposición de material.
El Center for Strategic and International Studies estimó en junio de 2026 que el coste incremental de la campaña estadounidense iniciada en febrero rondaba los 40.000 millones de dólares, dentro de una horquilla aproximada de 34.000 a 42.000 millones. Esta estimación no representa el coste definitivo de toda la confrontación.
Las consecuencias económicas se extienden al transporte marítimo, los seguros, el comercio internacional y los precios de la energía.
Los Estados del Golfo, por su parte, deben dedicar recursos adicionales a proteger instalaciones petroleras, aeropuertos, infraestructuras críticas y población civil.
Existe, por tanto, una importante asimetría entre los contendientes: Estados Unidos dispone de una capacidad financiera y militar muy superior, pero las interrupciones del comercio y la inseguridad regional generan pérdidas que no se limitan al presupuesto militar de Washington.
Los hutíes: una economía de guerra capaz de sostener la confrontación
El tercer escenario analizado es Yemen, donde el movimiento hutí, también conocido como Ansar Allah, mantiene desde hace años una estructura económica paralela que contribuye a financiar sus operaciones militares.
Una investigación publicada por Al Jazeera el 18 de noviembre, basada en estudios del Mokha Center for Strategic Studies y del Sanaa Center for Strategic Studies, estima que el sistema económico bajo control hutí moviliza recursos directos e indirectos valorados en aproximadamente 2.500 millones de dólares anuales.
Las fuentes de financiación incluyen impuestos, aranceles, tasas extraordinarias, contribuciones obligatorias y voluntarias, actividades comerciales y mecanismos de control de importaciones.
El Tesoro estadounidense ha señalado además que las redes de comercialización ilícita de productos petroleros vinculadas a los hutíes generan ingresos superiores a 2.000 millones de dólares anuales.
Son estimaciones de naturaleza diferente, que no deben sumarse automáticamente porque pueden incluir operaciones y recursos coincidentes.
El informe de Al Jazeera describe también campañas de captación de donativos dirigidas a financiar las capacidades de misiles y drones del movimiento.
Un estudio del Sanaa Center estima que cerca del 60 % de los ingresos recaudados en las zonas bajo control hutí se destina a estructuras militares y de seguridad.
La autosuficiencia relativa de un actor armado
El caso hutí demuestra que la financiación de una guerra no depende necesariamente de disponer de una economía nacional desarrollada.
El control de territorio, población, puertos, rutas comerciales y mecanismos de recaudación puede proporcionar recursos suficientes para mantener estructuras armadas y desarrollar capacidades militares asimétricas.
Con esos recursos, y con el apoyo exterior atribuido a Irán por las autoridades estadounidenses, el movimiento mantiene su capacidad para desafiar al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y presionar militarmente a Arabia Saudí.
Sus operaciones con drones y misiles también pueden provocar costes de protección e interrupción económica desproporcionados respecto al coste de algunos de los sistemas utilizados.
Es una de las características fundamentales de los conflictos asimétricos contemporáneos: una organización con recursos limitados puede obligar a adversarios mucho más poderosos a sostener dispositivos defensivos extraordinariamente caros.
La verdadera batalla: resistir económicamente más que el adversario
Los tres escenarios muestran realidades muy diferentes, pero comparten un elemento estratégico.
Rusia dispone de una importante base industrial, recursos naturales y capacidad militar, aunque afronta pérdidas humanas, restricciones comerciales y una economía condicionada por la movilización.
Irán conserva estructuras estatales, capacidades militares y mecanismos de adaptación a las sanciones, pero su dependencia energética y el deterioro económico reducen su margen de maniobra.
Los hutíes, pese a disponer de recursos mucho menores, mantienen un sistema de financiación adaptado a una guerra prolongada y a una estructura territorial fragmentada.
Por su parte, Ucrania continúa resistiendo gracias a sus propias capacidades y a una asistencia internacional que resulta decisiva para sostener sus servicios esenciales y su esfuerzo de defensa.
La experiencia histórica demuestra que una superioridad militar inicial no siempre se transforma en una victoria estratégica.
Una guerra prolongada exige reemplazar material, recuperar efectivos, mantener la producción, sostener la confianza social y garantizar que el Estado pueda continuar funcionando.
La economía no determina por sí sola el desenlace: también influyen la política, la moral, las alianzas, la tecnología y las decisiones militares. Pero ninguna estrategia puede mantenerse indefinidamente al margen de sus recursos.
Los ejércitos pueden decidir batallas. La capacidad económica, industrial y social de un país puede determinar durante cuánto tiempo seguirá siendo posible combatir.
Esa es, probablemente, una de las lecciones estratégicas más importantes de las guerras que están marcando el escenario internacional.
Nota: Análisis elaborado con información disponible hasta el 18 de noviembre de 2026. Las cifras de bajas, financiación de actores armados y daños económicos se atribuyen a sus fuentes originales y están sujetas a revisión conforme se disponga de nuevas investigaciones y datos oficiales.



