El incremento del gasto en defensa debe ir acompañado de una planificación estable, una mayor coordinación entre la Administración y las empresas y una política industrial capaz de transformar los recursos económicos en capacidades operativas reales. Esta es una de las principales ideas defendidas por Gerardo Sánchez Revenga, presidente de Aesmide, quien ha advertido de que el aumento de la inversión, aunque necesario, no resulta suficiente para responder a las exigencias actuales de seguridad y a los plazos que requiere la modernización de las Fuerzas Armadas.
Así se expresó durante su intervención en el Foro Aesmide celebrado este miércoles en Madrid bajo el título ‘De la inversión a la capacidad real’.
«Incrementar la inversión es necesario, pero no suficiente», ha señalado Sánchez Revenga, al subrayar que el verdadero reto consiste en convertir los recursos disponibles en capacidades «operativas, sostenibles y tecnológicamente avanzadas». Para conseguirlo, el presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas considera imprescindibles la planificación, la estabilidad, la innovación, la capacidad productiva y, especialmente, la colaboración entre los distintos actores del sector.
Su planteamiento sitúa a la industria de defensa como un elemento estratégico que trasciende la fabricación y adquisición de armamento. Los programas militares, sostiene, deben contemplarse también como instrumentos para desarrollar tecnología, consolidar cadenas de suministro, generar conocimiento y fortalecer el tejido industrial nacional.
Los programas de defensa como instrumentos de política industrial
Sánchez Revenga considera fundamental que las necesidades de las Fuerzas Armadas, las prioridades del Ministerio de Defensa y las capacidades de las empresas españolas estén alineadas desde las primeras fases de cada programa. Para ello, reclama mayor visibilidad sobre las necesidades operativas, previsibilidad en los procesos de contratación y una coordinación efectiva entre los objetivos militares y los industriales.
Esta planificación permitiría a las compañías anticipar inversiones, dimensionar sus instalaciones, contratar personal especializado y organizar sus cadenas de suministro con mayor certidumbre. También facilitaría que las empresas pudieran desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas, reduciendo las dificultades derivadas de la falta de continuidad o de los cambios en los calendarios de contratación.
El presidente de Aesmide defiende, en este sentido, una visión integral de los programas de defensa, en la que las decisiones de compra contribuyan simultáneamente a satisfacer los requerimientos operativos, impulsar la innovación y fortalecer las capacidades tecnológicas e industriales de España.
La segunda prioridad identificada por Sánchez Revenga es acelerar la incorporación de nuevas tecnologías a las capacidades militares. La superioridad tecnológica, sostiene, ya no depende exclusivamente de las grandes plataformas, sino también de la integración de sistemas, las comunicaciones y la inteligencia artificial, entre otras tecnologías que evolucionan a gran velocidad.
España dispone de empresas, centros tecnológicos y profesionales con capacidades relevantes en estos ámbitos. Sin embargo, el desafío consiste en conectar ese conocimiento con las necesidades concretas de la defensa y facilitar que las soluciones innovadoras lleguen a los usuarios operativos en los plazos adecuados.
«El desafío consiste en conectar ese conocimiento con las necesidades reales de la defensa, acelerar su incorporación a los programas y facilitar que las soluciones innovadoras puedan pasar del laboratorio al usuario operativo«, ha afirmado.
Este planteamiento pone el foco en la transferencia tecnológica y en la capacidad de convertir los avances científicos e industriales en sistemas utilizables por las Fuerzas Armadas. Para conseguirlo, Aesmide considera indispensable reforzar la cooperación público-privada, impulsar la colaboración entre empresas y mejorar la coordinación con el Ministerio de Defensa y los propios usuarios militares.
La creación de consorcios y el fortalecimiento de la presencia española en los mercados internacionales forman parte de esta estrategia. La cooperación entre compañías puede favorecer la integración de tecnologías complementarias, facilitar el acceso a proyectos de mayor envergadura y aumentar la capacidad de las empresas españolas para competir en los mercados de defensa.
La capacidad industrial, un factor estratégico
Otro de los grandes desafíos consiste en comprobar si la base productiva española está preparada para responder al incremento de la demanda de sistemas, equipos y servicios de defensa.
El presidente de Aesmide plantea una cuestión central para el futuro del sector: «¿Está preparada nuestra base productiva para responder al aumento de la demanda?». La respuesta, según su argumentación, no puede limitarse a constatar la existencia de presupuestos o a identificar las necesidades militares. También es necesario evaluar la disponibilidad de instalaciones industriales, trabajadores cualificados, componentes, materias primas, tecnología y proveedores capaces de sostener el esfuerzo productivo.
La capacidad de absorción industrial se convierte así en una condición estratégica. Un aumento de los encargos no se traduce automáticamente en un incremento equivalente de la producción si las empresas carecen de recursos, personal o suministros suficientes para atenderlos.
Esta cuestión afecta tanto a los grandes contratistas como a las pequeñas y medianas empresas que integran la cadena de valor. Sánchez Revenga ha querido subrayar expresamente el papel de estas últimas, a las que atribuye flexibilidad, conocimiento especializado, capacidad de adaptación e innovación.
El fortalecimiento de la industria española de defensa exige, por tanto, prestar atención al conjunto del tejido empresarial. Las pymes pueden aportar tecnologías específicas, componentes y servicios especializados esenciales para el funcionamiento de los grandes programas, por lo que su disponibilidad y continuidad resultan relevantes para la seguridad de los suministros.
La anticipación de las necesidades, la formación de profesionales y la consolidación de proveedores nacionales aparecen como elementos necesarios para evitar que los cuellos de botella productivos limiten la ejecución de los programas de defensa.
Sánchez Revenga también reclama un marco de contratación adaptado a las particularidades del sector. A su juicio, los procedimientos de adquisición no deberían entenderse únicamente como mecanismos para comprar una capacidad determinada, sino también como herramientas para garantizar que esa capacidad esté disponible, pueda mantenerse y evolucione durante toda su vida útil.
Esta perspectiva concede importancia no solo a la adquisición inicial de sistemas y plataformas, sino también a su sostenimiento, actualización tecnológica y adaptación a las necesidades operativas que puedan surgir con el tiempo.
La planificación contractual y la estabilidad de los programas resultan especialmente relevantes para una industria que necesita realizar inversiones de largo recorrido, mantener equipos técnicos especializados y desarrollar tecnologías que requieren plazos prolongados de maduración.
Un marco de contratación previsible permitiría a las empresas organizar mejor sus recursos y reducir la incertidumbre asociada a las decisiones de inversión. También facilitaría una mayor coordinación entre las necesidades del Ministerio de Defensa, los calendarios de adquisición y las posibilidades reales de producción de la industria nacional.
En este contexto, la contratación pública puede desempeñar una función estratégica para consolidar capacidades industriales, favorecer la innovación y garantizar la disponibilidad de sistemas durante todo su ciclo de vida.
España y Europa ante el desafío industrial de la defensa
La intervención de Sánchez Revenga sitúa la coordinación entre España y Europa como otra de las cuestiones relevantes para el desarrollo del sector. El fortalecimiento de la industria nacional debe abordarse teniendo en cuenta la dimensión europea de los programas de defensa, la cooperación industrial y las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.
La participación en proyectos conjuntos y la colaboración entre empresas pueden facilitar el acceso a nuevas tecnologías, ampliar los mercados potenciales y reforzar la posición de la industria española en las cadenas de suministro europeas.
Al mismo tiempo, la consolidación de capacidades productivas nacionales constituye un elemento importante para garantizar la autonomía industrial y la capacidad de respuesta ante las necesidades de seguridad. El desafío consiste en combinar la cooperación europea con el desarrollo de un tejido empresarial español suficientemente sólido, innovador y competitivo.
Las reflexiones del presidente de Aesmide apuntan a una cuestión fundamental para el futuro de la defensa española: la eficacia del gasto no depende únicamente de su volumen, sino también de la capacidad del sistema industrial y administrativo para ejecutarlo con planificación, continuidad y resultados operativos.
La modernización de las Fuerzas Armadas requiere sistemas tecnológicamente avanzados, pero también empresas preparadas para fabricarlos, proveedores capaces de garantizar los suministros, profesionales cualificados y mecanismos de contratación que permitan mantener y actualizar las capacidades durante años.
Desde esta perspectiva, la colaboración público-privada, la incorporación rápida de innovaciones y el fortalecimiento de las pymes no constituyen objetivos aislados, sino elementos interdependientes de una misma estrategia industrial.
El planteamiento de Sánchez Revenga es que España debe aprovechar el aumento de la inversión en defensa para consolidar una base tecnológica y productiva capaz de responder a las necesidades militares y competir en los mercados internacionales. La cuestión decisiva será transformar los recursos presupuestarios en capacidades sostenibles, reforzando al mismo tiempo la autonomía industrial, la innovación y la cooperación entre la Administración y las empresas.
