La Unión Europea afronta un importante desafío para alcanzar el objetivo de estar preparada en materia de defensa antes de 2030, pese al fuerte incremento del gasto militar registrado en los últimos años. Así lo señala el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en su último análisis sobre la evolución de la política de defensa de la UE desde 2020.
El organismo europeo considera que el deterioro del escenario de seguridad ha provocado un cambio significativo en la política de defensa comunitaria, que ha pasado de centrarse principalmente en la respuesta a las crisis a poner el foco en la preparación militar de los Estados miembros y en una cooperación europea más estructurada.
El TCE identifica al mismo tiempo oportunidades para la industria europea de defensa, pero advierte de que continúan existiendo insuficiencias industriales, vulnerabilidades en las cadenas de suministro y dificultades de coordinación entre los Estados miembros y las instituciones de la UE.
La guerra de Ucrania y el deterioro del entorno de seguridad han impulsado un aumento considerable de las inversiones. Los presupuestos colectivos de defensa de los países de la UE pasaron de 262.000 millones de euros en 2022 a 418.000 millones en 2025, según los datos recogidos por el Tribunal.
Además, el gasto combinado de los Estados miembros en defensa aumentó casi un 80% entre 2020 y 2025, mientras que todos los aliados de la OTAN pertenecientes a la UE cumplieron o superaron en 2025 el objetivo del 2% del PIB destinado a defensa.
Una industria ante un nuevo ciclo de inversión
El Tribunal considera que el aumento de la financiación constituye una oportunidad para ampliar la capacidad productiva de la base industrial y tecnológica de la defensa europea. El incremento de la demanda puede favorecer la innovación, acelerar la fabricación de determinados sistemas y estimular nuevas formas de cooperación entre empresas y Estados.
Entre las posibilidades identificadas figuran los clústeres de defensa y las coaliciones de capacidades, además de una mayor cooperación estratégica con Ucrania.
El TCE también señala que favorecer que los Estados miembros recurran a proveedores europeos podría contribuir a reducir a largo plazo la dependencia de suministradores de terceros países. Sin embargo, advierte de que esta política debe compatibilizarse con las necesidades operativas inmediatas de los ejércitos europeos.
La industria afronta, no obstante, importantes limitaciones. Entre ellas figuran los cuellos de botella industriales, los largos plazos de fabricación, las reservas insuficientes de munición y misiles, la dependencia de proveedores no europeos y las dificultades logísticas.
Fragmentación de las capacidades
Uno de los principales problemas identificados por los auditores es la fragmentación de los sistemas nacionales de defensa. La planificación de capacidades de la UE funciona en gran medida mediante un enfoque ascendente, en el que corresponde a cada Estado miembro identificar sus propias necesidades.
Según el Tribunal, la ausencia de un proceso de planificación descendente suficientemente eficaz y la coordinación insuficiente entre las diferentes fuentes de financiación nacionales y comunitarias pueden provocar inversiones fragmentadas, duplicidades y carencias de capacidades.
El organismo advierte además de que un incremento de los recursos financieros no garantiza por sí mismo que estos puedan ejecutarse de manera eficaz. La falta de determinados materiales, componentes esenciales o personal cualificado puede convertirse en un obstáculo para utilizar los fondos disponibles y transformar las inversiones en capacidades militares efectivas.
El TCE señala asimismo que los análisis disponibles consideran difícil alcanzar antes de 2030 una autonomía estratégica plena y la capacidad de mantener de manera independiente operaciones militares de alta intensidad. Entre las dificultades citadas aparecen la fragmentación de los sistemas nacionales, los cuellos de botella industriales, la lentitud de algunos procesos de coordinación política y la dependencia de Estados Unidos.
150.000 millones para acelerar la preparación
La Unión Europea está recurriendo cada vez más a instrumentos financieros respaldados por su presupuesto para acelerar las inversiones en defensa. Entre ellos destaca el programa Acción por la Seguridad de Europa (SAFE), dotado con hasta 150.000 millones de euros en préstamos destinados a acelerar la preparación de los Estados miembros.
A ello se suma el préstamo de apoyo a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros, de los cuales 60.000 millones están destinados a defensa, según los datos recogidos en el análisis.
El Tribunal advierte, sin embargo, de los riesgos asociados a un incremento del gasto en defensa financiado mediante deuda. El recurso creciente a préstamos respaldados por la UE podría ejercer presión sobre las cuentas públicas y ralentizar los procesos de reducción de la deuda de los Estados miembros.
El análisis plantea así una cuestión que va más allá del volumen de recursos disponibles: la capacidad de convertir el incremento presupuestario en capacidades militares reales dentro de los plazos establecidos.
Una gobernanza compleja
Otro de los ámbitos señalados por el Tribunal es la gobernanza de la política europea de defensa. El organismo considera que existe una estructura compleja en la que intervienen numerosos instrumentos, instituciones y mecanismos de financiación.
Esta complejidad puede generar solapamientos de responsabilidades y dificultades para determinar quién debe responder de determinadas decisiones y resultados.
El propio TCE recuerda además que no dispone de un mandato de auditoría que abarque todos los organismos e instrumentos relacionados con la política de defensa de la Unión, una circunstancia que limita su capacidad para evaluar de manera integral el conjunto de las actuaciones comunitarias.
El análisis del Tribunal abarca el periodo comprendido entre 2020 y julio de 2026 y examina las principales iniciativas comunitarias, los instrumentos financieros y los cambios normativos desarrollados durante este periodo.
La guerra de Ucrania como punto de inflexión
El TCE sitúa la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022 como uno de los principales factores que han provocado el cambio de orientación de la política europea de defensa. El conflicto puso de manifiesto las limitaciones existentes en materia de reservas, producción industrial, capacidades militares y cadenas de suministro.
La respuesta europea ha estado acompañada de un incremento sustancial de los presupuestos de defensa y de nuevas iniciativas destinadas a impulsar la cooperación entre los Estados miembros.
El reto para los próximos años será, según el análisis, coordinar ese aumento de recursos, reforzar la capacidad industrial europea, reducir vulnerabilidades externas y evitar duplicidades, al tiempo que se mantienen las necesidades operativas inmediatas.
El objetivo de alcanzar la preparación defensiva en 2030 se sitúa así ante una combinación de oportunidades y obstáculos. El aumento de la inversión proporciona recursos para transformar la base industrial y tecnológica europea, pero el Tribunal considera que la fragmentación, la dependencia exterior, las limitaciones productivas y la complejidad de la gobernanza continúan siendo factores determinantes para el cumplimiento de los objetivos fijados.
