La suerte de los niños ucranianos trasladados a Rusia durante la guerra constituye uno de los capítulos más sensibles y complejos de la invasión iniciada a gran escala el 24 de febrero de 2022. Más de cuatro años después, una parte de esos menores ha regresado a Ucrania, pero miles continúan sin haber sido reunidos con sus familias. La dificultad para determinar dónde se encuentra cada niño, la existencia de cambios de identidad, adopciones o acogimientos en Rusia y la falta de acceso independiente a numerosos centros hacen que establecer una cifra definitiva sea extraordinariamente complicado.
Las autoridades ucranianas han identificado más de 20.500 niños como deportados o trasladados por la fuerza a Rusia o a territorios ucranianos ocupados por Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala. La Comisión Europea señala que algo más de 2.100 habían sido devueltos a Ucrania cuando publicó su balance de 2026. Esto significa que la gran mayoría de los menores identificados todavía no había regresado a territorio bajo control ucraniano.
Pero incluso esta cifra requiere una explicación. Los más de 20.500 menores no constituyen necesariamente un listado completo de todos los niños que han sido trasladados. Son casos identificados y documentados por las autoridades ucranianas. Diferentes investigaciones han advertido de que el número real podría ser superior debido a la dificultad para localizar a niños procedentes de zonas ocupadas, especialmente cuando se ha perdido el contacto con sus familias.
La cuestión tampoco se limita a niños enviados directamente a Rusia. Algunos fueron trasladados a otras partes de la Ucrania ocupada, particularmente a territorios bajo control ruso, mientras que otros acabaron posteriormente en Rusia. Por eso, en las estadísticas oficiales aparecen expresiones como «deportación», «traslado forzoso» o «transferencia» que describen situaciones jurídicamente diferentes, aunque todas forman parte de la investigación internacional sobre el destino de la infancia ucraniana.
El origen del problema: las llamadas «evacuaciones»
Los traslados comenzaron en algunos territorios incluso antes de la invasión a gran escala de febrero de 2022. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de Naciones Unidas ha documentado que las autoridades rusas realizaron grandes desplazamientos de niños poco antes de la invasión, presentándolos como «evacuaciones» motivadas por los riesgos derivados del conflicto. Posteriormente, esas operaciones se ampliaron después del comienzo de la invasión.
El argumento ruso ha sido que las autoridades pretendían proteger a los menores de los combates y proporcionarles seguridad. La posición de Ucrania y de numerosos organismos internacionales es diferente: sostiene que en numerosos casos los menores fueron separados de sus familias, trasladados sin consentimiento válido y sometidos posteriormente a procesos destinados a integrarlos en el sistema ruso.
La controversia resulta particularmente compleja cuando se trata de niños procedentes de instituciones de protección. Muchos de los menores que vivían en orfanatos, centros residenciales o instituciones ucranianas no eran huérfanos en sentido estricto. UNICEF ya advertía antes de la invasión a gran escala de que cerca de 100.000 niños vivían en instituciones de atención residencial en Ucrania, y que aproximadamente la mitad tenía alguna discapacidad. La organización subrayaba además que muchos de ellos tenían padres, familiares o tutores legales.
Este aspecto resulta esencial para comprender la controversia. El hecho de que un niño estuviera viviendo en una institución no significaba que careciera de familia.
¿Dónde están esos niños?
Responder con precisión a esta pregunta es uno de los principales problemas de la investigación.
Una investigación del Humanitarian Research Lab de la Yale School of Public Health, publicada en septiembre de 2025, identificó al menos 210 instalaciones dentro de Rusia y en territorios ucranianos ocupados a las que habían sido llevados niños ucranianos desde febrero de 2022.
La investigación de Yale es especialmente relevante porque no identifica un único sistema de alojamiento. Los menores fueron llevados a diferentes tipos de instalaciones: campamentos de verano, sanatorios, centros residenciales, instalaciones administradas por organismos públicos e incluso una base militar y un monasterio.
Los investigadores explican que algunos niños permanecieron allí durante períodos relativamente cortos y posteriormente regresaron, mientras que otros fueron mantenidos durante períodos prolongados. En determinados casos, los menores terminaron incorporados a programas de acogimiento o adopción en Rusia.
La red, según Yale, tiene una dimensión geográfica considerable. Las instalaciones se encuentran tanto dentro de Rusia como en zonas ocupadas de Ucrania. Entre las áreas identificadas aparecen Crimea y territorios ocupados del este y sur de Ucrania.
No se trata, por tanto, de un único «campamento» al que hayan sido enviados todos los menores. Es una red descentralizada de instalaciones con diferentes funciones y diferentes períodos de permanencia.
El estudio de Yale constituye una de las investigaciones independientes más detalladas sobre el sistema de traslado de menores ucranianos.
De las 210 instalaciones identificadas, 156 fueron localizadas por primera vez en esa investigación, mientras que otras 54 ya habían sido identificadas en trabajos anteriores. El estudio señala que más de la mitad de las instalaciones estaban administradas directamente por el Gobierno ruso.
Yale no afirma que todos los niños que pasaron por esos centros continúen actualmente allí. Precisamente, una de las limitaciones de la investigación es que la identificación de una instalación no permite establecer automáticamente cuántos menores se encuentran hoy en ella. Lo que sí permite demostrar es la existencia de una infraestructura organizada y geográficamente extensa utilizada para alojar a menores procedentes de Ucrania.
Los investigadores describen esa infraestructura como capaz de albergar a decenas de miles de niños durante períodos prolongados. El estudio sostiene además que las instalaciones no desempeñaban únicamente una función de alojamiento temporal. Una parte de ellas estaba relacionada con actividades de reeducación y, en determinados casos, con entrenamiento militar.
Reeducación y rusificación
Este es uno de los aspectos más controvertidos del caso.
Según Yale, en aproximadamente el 62,9% de las instalaciones identificadas se produjeron actividades que los investigadores clasificaron como de «reeducación». Además, al menos un 18% de los centros presentaban evidencias de actividades de militarización.
La investigación documenta programas educativos, actividades culturales y otras iniciativas orientadas a la integración de los menores en el entorno ruso.
En algunos casos, según el estudio, los niños fueron expuestos a narrativas históricas y políticas rusas y a programas destinados a modificar su identificación con Ucrania.
Este elemento es particularmente importante porque la controversia internacional no se refiere únicamente al lugar físico donde fueron trasladados los menores, sino también a lo que ocurrió durante su permanencia allí.
La preocupación de las autoridades ucranianas es que el tiempo transcurrido dificulta enormemente la recuperación de los menores. Cuanto más tiempo permanecen en Rusia, mayor puede ser la dificultad para reconstruir su identidad, localizar a sus familiares y revertir procesos administrativos realizados durante su permanencia.
Uno de los problemas más delicados es que algunos niños han sido incorporados al sistema ruso de acogimiento o adopción.
Yale documentó casos en los que menores trasladados desde Ucrania terminaron dentro de programas de acogimiento y adopción en Rusia y posteriormente adquirieron la ciudadanía rusa.
La situación es particularmente compleja cuando el niño es pequeño y ha pasado varios años separado de sus familiares.
También se han producido cambios en los datos personales de algunos menores, circunstancia que puede dificultar su localización posterior.
La Comisión Europea afirma que algunos niños han sido obligados a cambiar su identidad, colocados en familias de acogida o adopción y, en determinados casos, se les ha concedido la ciudadanía rusa. La institución europea señala que el destino de decenas de miles de niños sigue sin conocerse con precisión.
La investigación de Naciones Unidas
La investigación internacional ha ido adquiriendo mayor relevancia jurídica con el paso del tiempo.
En marzo de 2026, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de Naciones Unidas dio un paso especialmente significativo al concluir que las autoridades rusas habían cometido los crímenes contra la humanidad de deportación y traslado forzoso de niños, además del crimen contra la humanidad de desaparición forzada.
La Comisión había verificado hasta entonces la deportación o traslado de más de 1.200 niños procedentes de cinco regiones ucranianas. Esta cifra es considerablemente inferior a la cifra total manejada por Ucrania porque responde a un estándar de verificación internacional mucho más restrictivo.
Esta diferencia entre cifras es fundamental para cualquier información periodística sobre el asunto.
No significa que Naciones Unidas considere que solamente 1.200 niños fueron trasladados. Significa que esa es la cantidad que su Comisión ha podido verificar con el estándar probatorio empleado en su investigación.
El caso llegó también al Tribunal Penal Internacional. El 17 de marzo de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares II del Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para los Derechos del Niño.
Según el Tribunal, existen motivos razonables para considerar que ambos son responsables del crimen de guerra consistente en la deportación ilegal y el traslado ilegal de niños desde zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia.
Es importante precisar la naturaleza jurídica de esta decisión. Una orden de detención del TPI no equivale a una sentencia condenatoria. El Tribunal considera que existen motivos razonables en los términos establecidos por su procedimiento para atribuir responsabilidad penal, pero la culpabilidad definitiva requeriría un juicio.
La orden convirtió, además, la cuestión de los niños ucranianos en un asunto central de la investigación internacional sobre la guerra.
¿Se han producido devoluciones?
Sí. Se han producido devoluciones y reunificaciones, y el número ha ido creciendo. El Gobierno ucraniano comunicó en abril de este año que más de 2.100 niños habían sido recuperados desde el lanzamiento de la iniciativa Bring Kids Back UA, de los cuales 150 habían regresado durante los primeros meses de 2026.
La Comisión Europea también señala que algo más de 2.100 niños han sido devueltos a Ucrania, frente a los más de 20.500 identificados como deportados o trasladados por la fuerza.
El balance oficial del Defensor del Pueblo ucraniano ofrece una cifra algo diferente dependiendo del momento de corte y de la metodología. Su informe anual señala que a 31 de diciembre de 2025 habían regresado a territorio controlado por Ucrania 1.943 niños. Durante 2025, su oficina ayudó a devolver 194 menores.
Las diferencias entre estas cifras se explican fundamentalmente por las fechas de corte y por las distintas instituciones y mecanismos que participan en las operaciones de retorno.
Qatar, uno de los intermediarios
Las devoluciones no se han producido exclusivamente mediante negociaciones directas entre Kiev y Moscú.
Qatar ha desempeñado un papel relevante como intermediario humanitario. El Gobierno catarí anunció en agosto de 2025 una nueva operación de reunificación mediante la cual cuatro niños fueron reunidos con familiares en Ucrania y tres con familiares en Rusia. Con aquella operación, Qatar situaba en 107 el número de niños reunificados mediante su mediación desde el inicio de sus esfuerzos.
La participación de terceros países resulta importante porque las relaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania están profundamente deterioradas y prácticamente no existe un canal político convencional capaz de resolver individualmente cada caso.
Qatar se ha convertido así en uno de los países que han intervenido como intermediarios en operaciones de reunificación. Las operaciones de retorno han contado con la participación de diferentes gobiernos y organizaciones.
El informe del Defensor del Pueblo ucraniano indica que durante 2025, entre las devoluciones gestionadas por su oficina, 29 niños regresaron con ayuda de Qatar y 14 mediante la mediación de Melania Trump, entonces primera dama de Estados Unidos.
También han intervenido organizaciones no gubernamentales ucranianas, redes de protección infantil y mecanismos internacionales.
Entre las organizaciones que participan en los procesos de búsqueda y retorno se encuentra Save Ukraine, además de otras organizaciones especializadas en localizar a menores y facilitar su regreso.
El proceso no consiste simplemente en «recoger» a un niño en Rusia y cruzar una frontera. Antes de una devolución hay que comprobar la identidad del menor, localizar a sus familiares, determinar quién posee legalmente la tutela y establecer las condiciones de seguridad para el traslado.
El problema de las familias
Una de las mayores dificultades reside en localizar a los familiares. Algunos niños fueron separados de sus padres durante operaciones de ocupación. Otros fueron trasladados mientras se encontraban en instituciones. Algunos padres fueron asesinados o desaparecieron durante los combates.
En otros casos, los progenitores permanecieron en territorio ocupado y posteriormente consiguieron abandonar la zona, mientras que sus hijos habían sido enviados a Rusia.
Esto puede crear situaciones en las que una madre o un padre sabe que su hijo fue trasladado, pero desconoce exactamente dónde se encuentra.
La reconstrucción documental se convierte entonces en una investigación individual que puede requerir registros escolares, documentación médica, fotografías, testimonios, datos familiares y otras evidencias.
Recuperar a un niño no supone necesariamente que el proceso haya terminado. Los menores pueden haber pasado meses o años en Rusia. Algunos eran muy pequeños cuando fueron trasladados. Otros han pasado buena parte de su adolescencia dentro del sistema educativo ruso.
La reintegración requiere, por tanto, atención psicológica, escolarización, reconstrucción de vínculos familiares y, en determinados casos, recuperación de documentación e identidad.
El propio concepto de retorno debe contemplarse en términos más amplios: no se trata solamente de llevar físicamente al menor de Rusia a Ucrania, sino de restablecer sus relaciones familiares y sociales y permitirle recuperar una vida estable.
¿Por qué es tan difícil devolverlos?
El primer obstáculo es la identificación. Si el niño ha cambiado de nombre o documentación, puede ser difícil encontrarlo. El segundo es la localización física. Los menores pueden haber pasado por diferentes instalaciones antes de ser entregados a una familia rusa.
El tercero es el estatus jurídico. Si un menor ha sido incorporado a una familia de acogida o adoptado, recuperar la tutela puede convertirse en un proceso administrativo y judicial complejo. El cuarto es la falta de cooperación. Las autoridades ucranianas no tienen acceso libre a todas las instalaciones donde podrían encontrarse los menores.
Y el quinto es el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, mayor es el riesgo de que un niño pierda el contacto con su familia biológica y más difícil resulta reconstruir su trayectoria.
La conclusión de Naciones Unidas de marzo pasado añade una dimensión especialmente grave. La Comisión Internacional de Investigación no se limitó a hablar de deportación o traslado forzoso. Concluyó también que se habían producido desapariciones forzadas de niños.
En términos jurídicos, una desaparición forzada implica mucho más que desconocer el paradero de una persona. Se refiere a situaciones en las que una persona es privada de libertad por agentes del Estado o con su autorización o apoyo y posteriormente se niega información sobre su suerte o paradero, dejando a la persona fuera de la protección de la ley. Aplicado al caso ucraniano, este concepto refuerza la gravedad de los casos en los que las familias desconocen dónde están sus hijos.
¿Todos los niños trasladados permanecen en Rusia?
No. Este es otro punto importante. La existencia de una cifra acumulada de niños deportados o trasladados no significa que todos continúen actualmente en Rusia. Algunos fueron trasladados temporalmente y posteriormente regresaron. La investigación de Yale identifica expresamente casos de niños que permanecieron durante un período limitado en determinadas instalaciones y después volvieron. Otros continúan desaparecidos para sus familias o no han podido ser recuperados.
Por eso, una cifra como «20.500 niños deportados» debe interpretarse como un acumulado de casos identificados, no como una fotografía exacta del número de menores que permanecen físicamente hoy en Rusia.
El Gobierno ruso ha rechazado las acusaciones de secuestro y sostiene que su actuación responde a razones humanitarias y de protección de menores frente a la guerra. Las autoridades rusas han afirmado que Rusia recibió a cientos de miles de niños procedentes de Ucrania desde el comienzo de la invasión. Esta cifra rusa es mucho mayor que la de los casos individuales documentados por Ucrania. El Gobierno ruso ha presentado esas llegadas como evacuaciones y acogida humanitaria.
Sin embargo, las investigaciones internacionales se han concentrado en los casos en los que los niños fueron trasladados desde territorios ocupados y posteriormente separados de sus familias, sometidos a cambios de identidad, integrados en familias rusas o incluidos en programas de reeducación. La discrepancia entre ambas narrativas forma parte central de la controversia.
¿Cuántos siguen sin regresar?
Con los datos disponibles en septiembre de 2026, la respuesta más prudente es que más de 18.000 de los más de 20.500 niños identificados por Ucrania todavía no han sido recuperados, si se compara la cifra de más de 20.500 identificados con los algo más de 2.100 retornados comunicados por Ucrania y la Comisión Europea.
Pero esta resta no debe interpretarse como una cifra exacta de niños que actualmente están en Rusia.
Algunos pueden encontrarse en territorios ocupados de Ucrania; otros pueden haber sido trasladados varias veces; algunos pueden estar con familias rusas; otros pueden haber sido devueltos sin que las diferentes bases de datos hayan actualizado simultáneamente sus registros; y existen casos cuyo paradero continúa sin poder determinarse. La propia Comisión Europea advierte de que el destino de decenas de miles de niños sigue sin conocerse.
Una operación de recuperación niño por niño
La realidad detrás de las estadísticas es que cada retorno requiere una investigación específica. Ucrania ha creado una estructura de búsqueda y recuperación denominada Bring Kids Back UA, que coordina instituciones estatales y organizaciones colaboradoras. La iniciativa no se limita a negociar retornos colectivos. También intenta reconstruir los itinerarios individuales de los niños.
En abril, Zelenskyy señaló que una comisión especial del Ministerio de Justicia ucraniano continuaba analizando y verificando individualmente los casos de niños supuestamente secuestrados o deportados. Esto explica por qué las cifras oficiales evolucionan constantemente. Cada nuevo niño localizado puede modificar las bases de datos. Cada retorno necesita posteriormente una comprobación y documentación.
El factor Bielorrusia
La investigación tampoco se limita al eje Rusia-Ucrania. El Parlamento británico señaló en 2025 que varios miles de niños habían sido trasladados con ayuda de Bielorrusia, según la información disponible entonces. El mismo informe estimaba que entre 20.000 y 35.000 niños ucranianos podían haber sido trasladados por la fuerza a territorio ruso o a zonas ocupadas desde febrero de 2022.
Estas estimaciones superiores muestran una de las dificultades centrales del asunto: no existe una única base de datos internacional que pueda ofrecer en tiempo real una cifra definitiva.
Ucrania tiene su propio registro. Naciones Unidas aplica sus propios mecanismos de verificación. Yale utiliza métodos de investigación mediante fuentes abiertas, imágenes satelitales y otras evidencias. Los gobiernos occidentales manejan sus propias evaluaciones. Por eso, las cifras pueden diferir sin que necesariamente exista una contradicción entre ellas.
En cualquier caso, existe una evidencia considerable sobre la existencia de traslados de niños desde Ucrania a Rusia y territorios ocupados. También está documentada la existencia de una amplia red de instalaciones que acogieron a menores ucranianos.
Yale ha identificado 210 instalaciones. Naciones Unidas ha verificado más de 1.200 casos individuales bajo su metodología. Ucrania ha identificado más de 20.500 casos. La Comisión Europea cifra en algo más de 2.100 los niños recuperados. Lo que sigue siendo mucho más difícil de determinar es el paradero actual de cada niño.
También es difícil determinar cuántos han sido adoptados, cuántos permanecen con familias de acogida, cuántos siguen en instituciones, cuántos han regresado a Ucrania sin estar todavía contabilizados en todas las bases de datos y cuántos permanecen en los territorios ocupados.
La dimensión humana detrás de las cifras
Cada número representa una historia familiar diferente. Hay niños que fueron separados de sus padres durante la ocupación de sus ciudades. Otros fueron enviados a campamentos con el argumento de protegerlos temporalmente de los combates. Algunos terminaron en instalaciones a cientos o miles de kilómetros de sus hogares.
Hay familias que llevan años intentando averiguar dónde se encuentran sus hijos. También existen historias de retorno. Algunos padres han viajado hasta terceros países para encontrarse con sus hijos. En otras ocasiones, intermediarios internacionales han facilitado las negociaciones. El regreso puede producirse después de meses de conversaciones, verificaciones de identidad y negociaciones diplomáticas.
Incluso si se produjera un acuerdo de paz, el problema de los niños trasladados no desaparecería automáticamente. La devolución de los menores constituye una operación independiente que puede prolongarse durante años. Será necesario localizar a los niños que continúen desaparecidos, determinar su identidad, reconstruir sus vínculos familiares y establecer mecanismos para garantizar su retorno seguro. Además, algunos serán mayores de edad cuando finalmente sean localizados.
El paso del tiempo puede convertir una cuestión inicialmente humanitaria en un problema de identidad, nacionalidad, tutela y derechos familiares.
Ucrania ha insistido en que la devolución de los niños debe formar parte de cualquier proceso de negociación. La iniciativa Bring Kids Back UA ha situado esta cuestión en el centro de la diplomacia ucraniana.
En diciembre de 2025, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución sobre el retorno de los niños ucranianos, y en 2026 la comunidad internacional ha continuado creando mecanismos de coordinación para localizar y recuperar a los menores.
La Comisión Internacional de Investigación de Naciones Unidas, por su parte, ha elevado la consideración jurídica del fenómeno al concluir en marzo de 2026 que la deportación y el traslado forzoso de niños, así como las desapariciones forzadas, constituyen crímenes contra la humanidad.
La fotografía actual
Cuatro años después del comienzo de la invasión a gran escala, la fotografía que ofrecen las principales fuentes internacionales puede resumirse de la siguiente manera: más de 20.500 niños han sido identificados por Ucrania como deportados o trasladados por la fuerza; más de 2.100 han regresado; cientos de instalaciones han sido investigadas y al menos 210 han sido identificadas con un alto nivel de confianza por Yale; Naciones Unidas ha verificado más de 1.200 casos y ha concluido que se produjeron deportaciones, traslados forzosos y desapariciones forzadas; y miles de familias continúan sin haber recuperado a sus hijos.
La principal conclusión es, por tanto, que sí ha habido devoluciones, y son ya más de 2.100 según los datos publicados en 2026, pero el proceso está lejos de haber concluido.
Tampoco existe una cifra independiente y completamente verificable que permita afirmar que todos los niños que todavía no han regresado permanecen físicamente en Rusia. Algunos se encuentran en territorios ocupados, otros pueden haber sido trasladados a diferentes instalaciones o familias y, en numerosos casos, su paradero sigue sin poder determinarse.
Lo que sí está claramente documentado es la existencia de un sistema de traslado de menores a gran escala y de una red de instalaciones en Rusia y en territorios ocupados. La investigación de Yale ha aportado evidencias de programas de reeducación y militarización; Naciones Unidas ha determinado responsabilidades jurídicas mucho más graves, y el Tribunal Penal Internacional mantiene órdenes de detención contra Putin y Lvova-Belova por el presunto crimen de guerra de deportación y traslado ilegal de niños.
La cifra de más de 20.500 niños identificados y poco más de 2.100 recuperados resume la magnitud del problema, pero no cuenta toda la historia. Detrás de esos números existe una segunda batalla: encontrar a cada menor, verificar su identidad, localizar a sus familiares y conseguir que pueda volver a su hogar. Y esa operación, a octubre de 2026, continúa abierta.
