Colombia está reforzando sus capacidades de seguridad en varios frentes ante el incremento de las amenazas contra autoridades locales y la actividad de organizaciones criminales. En Cartagena, el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez ha asumido el mando de la Policía Metropolitana con la inteligencia, la prevención y el acercamiento a la ciudadanía como algunos de los ejes de su gestión, mientras que el Gobierno ha anunciado un refuerzo de la protección de los alcaldes del sur de Bolívar, una de las zonas del país más afectadas por la presencia de estructuras armadas y economías ilegales.
Ruiz Rodríguez asumió oficialmente el comando el pasado 28 de septiembre, después de haber sido designado el 26 de agosto. El nuevo responsable de la seguridad de Cartagena y de los municipios de Turbaco, Turbana, Santa Rosa, Clemencia y Santa Catalina acumula más de tres décadas de trayectoria en la Policía Nacional, buena parte de ella vinculada a la inteligencia policial, investigación criminal y seguridad.
Su perfil resulta especialmente significativo para una ciudad que combina una elevada actividad turística con su condición de enclave portuario y estratégico. La Policía colombiana ha situado entre sus prioridades la anticipación de las amenazas, la prevención del delito y la coordinación con las autoridades locales, frente a un escenario en el que la delincuencia organizada y los delitos violentos constituyen algunos de los principales desafíos.
Inteligencia como herramienta de prevención
La llegada de Ruiz Rodríguez supone también una apuesta por utilizar la inteligencia no únicamente como instrumento de investigación posterior al delito, sino como una capacidad destinada a anticipar movimientos de las organizaciones criminales y orientar el despliegue policial.
El nuevo comandante ha señalado que pretende reforzar el contacto con la comunidad y que la acción policial debe combinar profesionalidad y contundencia contra el delito con una mayor proximidad a los ciudadanos. Durante sus primeros días en el cargo, además de reunirse con los responsables de las distintas especialidades policiales, recorrió diferentes sectores de Cartagena y acompañó a los agentes desplegados en las calles.
La orientación ya se ha traducido en operaciones de control. En uno de los primeros balances difundidos tras su llegada, la Policía Metropolitana informó de 48 capturas y la incautación de ocho armas de fuego ilegales, además de 359 comparendos por infracciones de convivencia.
El objetivo es construir un modelo en el que la información procedente de los ciudadanos, la inteligencia policial y las capacidades operativas permitan identificar anticipadamente los focos de delincuencia y concentrar los recursos en las zonas de mayor riesgo.
La situación es especialmente delicada en el sur de Bolívar, donde el Gobierno colombiano ha anunciado un nuevo dispositivo de seguridad para los diez alcaldes de la región. La decisión fue adoptada durante un consejo de seguridad celebrado en Santa Rosa del Sur, en el que participaron responsables de los ministerios del Interior y Defensa y miembros de la cúpula militar y policial.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que ninguno de los alcaldes ubicados en las zonas consideradas de mayor riesgo disponía hasta ahora de un vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El Gobierno pretende corregir esta situación mediante el refuerzo de los esquemas de seguridad y otras medidas de protección.
El sur de Bolívar constituye un punto especialmente sensible debido a la presencia y disputa de organizaciones armadas por el control de rentas ilegales, entre ellas las vinculadas a la explotación de oro. A esta problemática se suman las extorsiones, el hurto de hidrocarburos y ataques mediante drones.
La respuesta gubernamental contempla además la instalación de sistemas antidrones, cámaras de vigilancia y nuevas estaciones de Policía. Tres instalaciones policiales de la zona —Río Viejo, Norosí y Arenal— han sido destruidas, según los datos expuestos durante el consejo de seguridad.
La polémica por los esquemas de protección de la UNP
El refuerzo de la seguridad en territorios considerados de alto riesgo coincide con una revisión de los recursos que el Estado colombiano destina a los esquemas de protección de determinadas personalidades.
El director de la UNP, Didier Fabián Blanco Rodríguez, explicó recientemente ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes algunos de los costes asociados a estos dispositivos. Uno de los casos más llamativos es el de Juliana Guerrero, cuyo esquema de protección costó, según los datos proporcionados por el director de la UNP, 739 millones de pesos colombianos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. La protección incluía un vehículo blindado y dos escoltas.
La revelación se produjo en un contexto de revisión de los esquemas heredados de la anterior administración. La nueva dirección de la UNP ha anunciado un análisis de las medidas para determinar cuáles continúan justificadas por el nivel de riesgo y cuáles deben ser modificadas o retiradas.
La normativa colombiana establece diferentes categorías de protección. El esquema individual blindado, por ejemplo, contempla un vehículo blindado, un conductor y un escolta, mientras que los esquemas reforzados pueden incorporar más vehículos, conductores y hasta cuatro escoltas.
La UNP recuerda, además, que los recursos asignados —vehículos, armas o medios de comunicación— tienen una finalidad exclusivamente protectora y no pueden utilizarse para actividades ajenas a la protección del beneficiario.
Seguridad frente a privilegios
La controversia sobre los esquemas VIP introduce un segundo debate: cómo equilibrar la obligación del Estado de proteger a las personas sometidas a un riesgo real con la necesidad de evitar que los dispositivos de seguridad se conviertan en privilegios asociados al cargo o a la posición pública.
El Gobierno de Rodrigo Lara ha anunciado que pretende priorizar los recursos disponibles hacia quienes se encuentran en territorios donde las amenazas son más elevadas. El propio ministro ha cuestionado la utilización que, a su juicio, se hizo anteriormente de vehículos y escoltas para determinadas personas que no presentaban un nivel de riesgo comparable al de los responsables públicos que trabajan en zonas controladas o disputadas por organizaciones armadas.
La cuestión adquiere una dimensión adicional en el sur de Bolívar. Mientras determinados esquemas de protección consumen cientos de millones de pesos, alcaldes que ejercen sus funciones en áreas consideradas de alto riesgo reclamaban mayores medios de protección. El Gobierno ha decidido ahora concentrar recursos en esos territorios y reforzar simultáneamente las capacidades policiales y tecnológicas.
Los tres movimientos —el nuevo mando policial en Cartagena, el refuerzo de los alcaldes del sur de Bolívar y la revisión de los esquemas de la UNP— forman parte de una misma tendencia: incrementar la capacidad del Estado colombiano para identificar amenazas antes de que se materialicen y asignar los recursos de seguridad en función del riesgo.
En Cartagena, esta estrategia se articula alrededor de la experiencia del coronel Ruiz Rodríguez en inteligencia y prevención. En el sur de Bolívar, mediante una combinación de protección personal, vigilancia, sistemas antidrones y nuevas infraestructuras policiales. Y en la UNP, mediante una revisión de los esquemas existentes y de los costes asociados a cada medida.
El reto para las autoridades colombianas será demostrar que esta redistribución de recursos consigue traducirse en una reducción efectiva de la criminalidad y de las amenazas contra las autoridades. En un país donde confluyen organizaciones armadas, narcotráfico, minería ilegal, extorsión y otros mercados ilícitos, la inteligencia y la prevención se perfilan como herramientas fundamentales para pasar de una política de reacción ante el delito a otra basada en la anticipación.
