El fraude digital está evolucionando hacia métodos cada vez más sofisticados que permiten suplantar identidades, manipular comunicaciones y engañar incluso a responsables de las administraciones públicas. Así lo ha advertido Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia y diputado autonómico del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, durante su intervención en una mesa sobre el fraude digital organizada por La Sociedad Clave, en la que ha expuesto diferentes experiencias detectadas en la Comunidad de Madrid y ha defendido la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y protección frente a las nuevas amenazas tecnológicas.
Portero ha puesto el foco en la utilización de herramientas de inteligencia artificial para reproducir conversaciones digitales y generar confianza en las víctimas. Como ejemplo, ha relatado un intento de estafa que afectó a un diputado de la Asamblea de Madrid, cuyo ordenador y dispositivo institucional habrían sido intervenidos por un defraudador que consiguió acceder a sus conversaciones recientes de WhatsApp.
Según ha explicado, el programa utilizado analizaba los mensajes intercambiados con los contactos de la persona afectada y reproducía su mismo lenguaje y estilo de comunicación para intentar engañar a personas de su entorno. El objetivo era aprovechar la familiaridad de las conversaciones para conseguir que los destinatarios confiaran en los mensajes recibidos.
El propio Portero figuró entre los posibles destinatarios de la estafa. “Uno de ellos fui yo, que no caí, pero no caí del milagro”, ha relatado. El fraude no se detectó hasta tres días después, cuando uno de los contactos decidió llamar directamente al diputado afectado y descubrió que desconocía que sus dispositivos habían sido comprometidos. La intervención de los servicios de seguridad permitió abortar la operación.
Para el diputado madrileño, este episodio demuestra hasta qué punto los delincuentes están incorporando tecnologías avanzadas a sus procedimientos de actuación. También ha advertido de que los representantes públicos, diputados y concejales deben recibir formación específica para reconocer estas amenazas, dado que pueden convertirse en objetivos de operaciones de suplantación que posteriormente se extienden a sus contactos personales y profesionales.
La Agencia de Ciberseguridad de Madrid como instrumento de prevención
Durante su exposición, Portero ha defendido el papel de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid y la creación de una Agencia de Ciberseguridad regional en 2023 como instrumentos para anticiparse a los riesgos digitales.
Según ha explicado, uno de los principales objetivos de este organismo es desarrollar políticas preventivas, ofrecer formación y establecer mecanismos de colaboración con los 179 ayuntamientos madrileños. En este ámbito, ha destacado la participación de alcaldes y concejales de Seguridad en cursos especializados destinados a prevenir estafas, fraudes digitales y ataques informáticos.
El diputado ha subrayado especialmente la importancia de la colaboración entre la Agencia de Ciberseguridad, la Dirección General de Seguridad y los servicios de emergencia del 112, que permiten trasladar información sobre los incidentes detectados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La prevención constituye, en su opinión, uno de los elementos fundamentales para mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones. En este sentido, ha utilizado el concepto de resiliencia para referirse a la capacidad de las instituciones y organizaciones de resistir los ataques y recuperar su funcionamiento normal.
El fraude también amenaza las contrataciones públicas
Otro de los ámbitos que ha señalado Daniel Portero es el de las licitaciones y contrataciones de las administraciones públicas. El diputado ha advertido de que los procedimientos digitales también pueden convertirse en una vía para introducir documentación fraudulenta y obtener adjudicaciones mediante certificados digitales falsos o información manipulada.
Ha explicado que se han detectado situaciones en las que determinadas ofertas podrían haber llegado a ser preadjudicadas sin cumplir todos los requisitos exigidos, debido a las dificultades para identificar irregularidades en la documentación presentada.
El problema, según ha señalado, radica en que la revisión técnica de las ofertas depende en ocasiones de la capacidad de los profesionales encargados de analizarlas para detectar posibles manipulaciones. Sin herramientas especializadas de comprobación, determinados fraudes pueden pasar inadvertidos.
Como respuesta, la Comunidad de Madrid está desarrollando protocolos de verificación documental basados en sistemas de doble comprobación. Estas herramientas permiten contrastar la autenticidad de los documentos digitales mediante dos procedimientos diferentes, con el objetivo de reducir el riesgo de aceptar certificados o acreditaciones fraudulentas.
Portero considera que la digitalización de los procedimientos administrativos debe ir acompañada necesariamente de mecanismos de seguridad que permitan verificar la identidad de los participantes y la autenticidad de la documentación aportada.
Se duplican las llamadas al 112 por intentos de fraude
La protección de las personas mayores ha sido otro de los aspectos destacados durante la intervención. Portero ha señalado que este colectivo se encuentra especialmente expuesto a las estafas digitales y telefónicas, por lo que la Comunidad de Madrid desarrolla campañas de información y formación dirigidas a mejorar su capacidad para identificar situaciones sospechosas.
El diputado ha explicado que durante los meses de verano se intensifican estas actuaciones, teniendo en cuenta que muchas personas mayores permanecen en Madrid durante ese periodo y que, según los datos trasladados en su exposición, se registran entonces importantes incrementos de los intentos de fraude.
En este contexto, ha revelado que entre abril y junio se produjo un aumento significativo de las comunicaciones relacionadas con estas prácticas. “Se ha duplicado el número de llamadas al 112 por este tipo de problemas”, ha afirmado.
El servicio de emergencias recibe información sobre estas situaciones y la traslada a la Dirección General de Seguridad, que mantiene comunicación con la Policía Nacional para facilitar el conocimiento de los incidentes y su posible investigación.
Esta coordinación pretende mejorar la detección temprana de las estafas y facilitar que las autoridades puedan actuar antes de que los intentos de fraude se traduzcan en perjuicios económicos para los ciudadanos.
Una futura ley de administración digital e inteligencia artificial
Portero también ha anunciado que la Comunidad de Madrid trabaja en un proyecto de ley sobre administración digital e inteligencia artificial que, según sus previsiones, podría aprobarse antes de que termine la actual legislatura.
La iniciativa pretende abordar los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías a los servicios públicos, especialmente en materia de seguridad, autenticación digital y protección frente a la utilización fraudulenta de herramientas de inteligencia artificial.
El diputado ha manifestado su preocupación por la capacidad de estas tecnologías para reproducir conversaciones, imitar comportamientos y construir comunicaciones aparentemente legítimas. El caso de la suplantación mediante WhatsApp que ha relatado constituye, a su juicio, un ejemplo de los riesgos que pueden surgir cuando la inteligencia artificial se utiliza con fines delictivos.
Por ello, ha invitado a profesionales, empresas y especialistas a consultar el proyecto legislativo y presentar aportaciones que permitan mejorar su contenido. Ha defendido que las administraciones deben aprovechar el conocimiento de expertos externos para desarrollar una regulación capaz de responder a una realidad tecnológica que evoluciona con rapidez.
Su intervención en La Sociedad Clave ha puesto de manifiesto que el fraude ya no se limita a las tradicionales estafas telefónicas o al phishing, sino que incorpora procedimientos más complejos que afectan a las comunicaciones personales, las contrataciones públicas y los propios sistemas de las administraciones.
La combinación de formación, verificación documental, cooperación institucional y regulación de la inteligencia artificial se perfila así como uno de los principales instrumentos para hacer frente a una amenaza que, según ha advertido Portero, exige anticipación y una mayor preparación de quienes gestionan los servicios públicos.
