La Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia ha puesto en marcha una revisión de las medidas de seguridad asignadas a exfuncionarios y directivos, dentro de un proceso de actualización de las evaluaciones individuales de riesgo. La revisión puede traducirse en la retirada o modificación de determinados esquemas de escolta cuando los nuevos análisis técnicos concluyen que el nivel de amenaza ha disminuido.
La propia UNP recuerda en una nota que la protección no tiene carácter vitalicio y que las medidas deben ser revisadas periódicamente.
El proceso se apoya en las nuevas matrices y procedimientos de evaluación utilizados por la entidad para determinar el nivel de riesgo de cada persona protegida. La decisión sobre las medidas no depende exclusivamente de la condición de antiguo cargo público, sino de la valoración concreta de las amenazas y de las circunstancias de cada beneficiario. El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) es el órgano encargado de realizar la valoración integral y recomendar las medidas correspondientes.
La revisión afecta especialmente a antiguos responsables públicos y personas que, por el cargo que ocuparon, habían contado con dispositivos de protección reforzados. La nueva política pretende evitar que recursos humanos, vehículos y escoltas permanezcan asignados de forma indefinida a personas cuyo nivel de riesgo haya cambiado, para destinarlos a otros colectivos y territorios donde las amenazas sean consideradas prioritarias.
La decisión se enmarca en un proceso más amplio de reorganización y modernización de la UNP. La entidad ha creado durante 2026 nuevos grupos de trabajo vinculados a la Dirección de Evaluación de Riesgo y a otras áreas operativas, mientras desarrolla un proceso de modernización de su estructura y de formalización laboral de perfiles destinados a sus funciones misionales.
La retirada de un esquema, por tanto, no implica que un antiguo funcionario quede automáticamente sin posibilidad de protección. La normativa contempla nuevas evaluaciones cuando existan circunstancias que puedan modificar el nivel de amenaza, mientras que las medidas concedidas son objeto de revisiones periódicas. La UNP sostiene que su actuación debe ajustarse a criterios técnicos y objetivos y que la prioridad es concentrar sus capacidades operativas allí donde exista una mayor vulnerabilidad.
Primeros casos
Entre los casos que aparecen publicados recientemente en la prensa local está el de Juliana Guerrero, exfuncionaria y persona cercana al Gobierno de Gustavo Petro, y Beto Coral, a quienes la UNP habría retirado sus esquemas de seguridad. También aparece Gabriela Muñoz entre las personas afectadas por decisiones de la entidad. Estas retiradas han generado polémica precisamente porque afectan a personas que habían dispuesto de protección de la UNP.
Otro caso especialmente relevante es el del exdirector de la propia UNP, que recibió un tratamiento específico tras abandonar el cargo. Según la información publicada, la protección ordinaria para un exdirector suele limitarse a un vehículo blindado y tres escoltas durante un máximo de seis meses, mientras que en este caso una resolución habría autorizado el doble de recursos y una duración inicial de doce meses, además de extender la protección a familiares.
Lo que está haciendo la UNP es revisar los esquemas mediante sus procedimientos de evaluación de riesgo y determinar, caso por caso, si procede mantenerlos, reducirlos o retirarlos. De hecho, la propia controversia reciente gira precisamente alrededor de si algunos antiguos cargos han disfrutado de una protección superior a la que correspondería conforme a los criterios actuales.
Hay además antecedentes de esta política. La UNP ya ha reducido en otras ocasiones los esquemas de antiguos altos cargos cuando considera que su nivel de riesgo no justifica mantener los mismos recursos. El caso más conocido fue el del exministro Fernando Londoño, cuyo dispositivo fue reducido en 2017, decisión que él cuestionó alegando que ponía en peligro su seguridad.
