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martes, agosto 4, 2026

Francisco Aranda (PSOE), «optimista» ante el reivindicado «reconocimiento profesional de los criminólogos»

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Luis Miguel Belda
Luis Miguel Belda
Periodista y Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Francisco Aranda, ha defendido la necesidad de avanzar en el reconocimiento y regulación de la profesión criminológica durante su intervención en la I Jornada Política Criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA, un encuentro organizado por los colegios de criminología de España para analizar el papel de esta disciplina en el sistema judicial y en el contexto de los avances tecnológicos.

Durante su intervención, el parlamentario subrayó que el ámbito jurídico no se limita únicamente a abogados, jueces, fiscales o procuradores, sino que engloba a numerosos profesionales cuya labor resulta fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia. En este sentido, destacó la importancia de reconocer a otros perfiles especializados, como los criminólogos, cuya formación y conocimiento pueden contribuir a mejorar el servicio público.

Según explicó, su implicación en esta reivindicación comenzó tras los primeros contactos con representantes del colectivo y se ha traducido en iniciativas parlamentarias como una proposición no de ley impulsada por su grupo.

El diputado socialista, que con su intervención cerró esta pionera Jornada de debate y reflexión, se mostró optimista sobre los avances en el reconocimiento profesional de los criminólogos, aunque también advirtió de que el proceso no será sencillo. “Yo prometo trabajo, que es lo que puedo cumplir; los resultados, ojalá”, afirmó, al señalar que en política es preferible comprometerse con el esfuerzo y la honestidad antes que generar expectativas que luego no puedan cumplirse. En cualquier caso, reiteró su compromiso personal y político con una reivindicación que considera “justa” y que, según indicó, también comparte su grupo parlamentario.

En su opinión, el proceso para consolidar una profesión regulada sigue una evolución lógica: primero la existencia de estudios universitarios, después la organización del colectivo profesional y finalmente el reconocimiento formal de la profesión. Aranda consideró que este desarrollo no es excepcional y que responde a dinámicas similares a las que han vivido otros sectores profesionales en España.

El parlamentario también situó este debate en el contexto de la transformación que atraviesa el sistema judicial español. En este sentido, mencionó las reformas legislativas en marcha, como la denominada ley de eficiencia de la justicia, que a su juicio supondrá un cambio profundo en la organización y funcionamiento del sistema judicial. En este escenario, defendió que será necesario contar con más profesionales especializados que puedan contribuir a mejorar el servicio público y aportar conocimientos técnicos en ámbitos como la pericia, el análisis criminológico o la asesoría especializada.

Además, Aranda alertó sobre el riesgo de que en el actual contexto tecnológico, marcado por el auge de la inteligencia artificial, proliferen “falsos especialistas” que se presenten como expertos sin la formación adecuada. Frente a ello, reivindicó el valor de la formación universitaria y del conocimiento acumulado por disciplinas como la criminología, que cuenta con una base académica consolidada y una tradición de investigación que se remonta a los orígenes de la criminología moderna.

Finalmente, el diputado subrayó que tanto los profesionales de la criminología como los responsables políticos comparten un mismo objetivo: ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. En su opinión, la justicia sigue siendo un ámbito que muchos ciudadanos perciben como complejo y distante, por lo que contar con profesionales especializados que ayuden a acercarla y hacerla más comprensible puede contribuir a reforzar la seguridad jurídica y la confianza pública en las instituciones.

“Nuestro último cliente es la ciudadanía”, concluyó, al insistir en que mejorar el sistema de justicia implica incorporar más conocimiento especializado y más profesionales formados al servicio del interés general.

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