El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana por una muy amplia mayoría una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno de España a elaborar un proyecto de ley que regule el ejercicio profesional de la Criminología.
La PNL, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y consensuada con el Grupo Popular, ha sido defendida en la Comisión de Justicia del Congreso. Según el texto aprobado, se pretende dotar a la Criminología de un marco jurídico estable, moderno y adecuado a su evolución como ciencia aplicada, con su régimen disciplinario y el reconocimiento del Grado o Licenciatura de Criminología como mérito en procesos de acceso a empleos públicos.
El documento resalta que la Criminología es una herramienta esencial para la prevención del delito, el análisis de causas criminales, la elaboración de políticas públicas y la rehabilitación de personas. En ese sentido, la norma buscará acabar con la actual indefinición profesional que sufren miles de titulados, pese a su formación universitaria especializada.
A partir de ahora corresponde al Ejecutivo central elaborar un proyecto de ley específico que defina las funciones propias del criminólogo, los campos de intervención profesional, la estructura colegial y el acceso al ejercicio profesional, el régimen disciplinario aplicable y el reconocimiento del Grado en Criminología como mérito específico en oposiciones y convocatorias públicas.
Asimismo, se constituirá un grupo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y los colegios profesionales de Criminología. Este órgano será responsable de redactar un Estatuto General de la Criminología, que recoja las especificidades de la profesión, sus buenas prácticas y su integración en las políticas públicas.
La iniciativa legislativa incluye una relación de campos y funciones en los que la Criminología puede aportar un valor diferencial, como la prevención del delito en entornos urbanos, escolares y comunitarios; el análisis de cibercriminalidad, terrorismo y crimen organizado; la Justicia restaurativa, mediación penal y gestión del conflicto; la seguridad pública y privada, intervención en crisis y análisis de riesgos; el apoyo a la política criminal y evaluación de programas penitenciarios; la intervención con colectivos vulnerables: mujeres víctimas de violencia, infancia, migrantes o personas reclusas.
Asimismo, se reconoce la necesidad de incorporar a criminólogos en cuerpos técnicos de la Administración pública, como sucede con psicólogos, trabajadores sociales o juristas.
El origen de esta iniciativa tiene raíces profundas. Desde hace más de 15 años, asociaciones estudiantiles, colegios profesionales y facultades de Criminología vienen reclamando al Estado una regulación específica de la profesión, como ocurre en países como Reino Unido, Alemania o Italia. La ausencia de ley propia ha generado un limbo legal que impide a los criminólogos acceder a plazas públicas, ejercer en igualdad de condiciones frente a otras disciplinas y evitar situaciones de intrusismo.
Durante los últimos tres años, el movimiento por la regulación se ha intensificado. El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), con el impulso de la decana, Carmen Balfagón, ha mantenido más de treinta reuniones institucionales de alto nivel representando al conjunto de colegios oficiales –Madrid, Cataluña, Murcia, Asturias y Comunidad Valenciana– y las asociaciones de País Vasco y Andalucía. Este trabajo técnico y político ha desembocado en el texto aprobado en el Congreso.
Así, la futura ley, que contará con la participación del CPCM, no solo permitirá proteger a los profesionales y a la ciudadanía, sino que fomentará la generación de empleo de calidad, asegurará la cualificación mínima exigida para ejercer tareas sensibles y contribuirá a la modernización del sistema español de seguridad y justicia. Además, reforzará la presencia de la Criminología en proyectos europeos, redes de investigación, evaluación de políticas públicas y organismos multilaterales que ya contemplan esta figura profesional.
El documento aprobado recoge la preocupación por la “escasa implementación práctica” del Grado en Criminología en la estructura del Estado, pese a que más de 30 universidades públicas y privadas españolas imparten el título y existen más de 30.000 titulados y estudiantes en el país. También se denuncia que la ausencia de ley ha generado desigualdad territorial, precariedad y desprotección jurídica.
El texto también sugiere que la ley futura esté alineada con la normativa europea, lo que permitirá equiparar la figura del criminólogo español con la de otros países, facilitando la movilidad internacional y el acceso a fondos europeos para proyectos de intervención social y seguridad.
La proposición destaca que la futura ley deberá otorgar un papel clave a los Colegios Profesionales, en tanto que organismos de representación, ordenación, formación y control ético de la profesión. Estos colegios deberán supervisar la aplicación del código deontológico, fomentar la excelencia profesional y canalizar las denuncias por malas prácticas o intrusismo.
El Colegio madrileña señala que esta aprobación “es un punto de inflexión” y que seguirán trabajando para que la ley se materialice cuanto antes, “escuchando a toda la comunidad profesional, al ámbito universitario y a los poderes públicos”. Tras la aprobación de la proposición, corresponde ahora al Gobierno emprender la elaboración del proyecto de ley, que deberá someterse posteriormente a consulta pública, tramitación parlamentaria y debate institucional.
