Expertos de la ONU han expresado su alarma por la aprobación en el Congreso de Perú de un proyecto de ley que concede amnistía a los autores de «graves violaciones» de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), en el marco de la lucha contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
«La legislación propuesta impediría el procesamiento penal y la condena de individuos que cometieron graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno de Perú. Ello pondría al Estado en claro incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional», señalaron los expertos.
Los expertos son Bernard Duhaime, Relator Especial sobre la verdad, la justicia y la reparación; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Ben Saul, Relator Especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos; Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Grażyna Baranowska (Vicepresidenta), Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez, y Mohammed Al-Obaidi, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
El proyecto de ley 7549/2023-CR concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa y los funcionarios del Estado denunciados o procesados por crímenes cometidos entre 1980 y 2000, y cuya sentencia condenatoria no esté firme.
“Perú tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto”, señalaron los expertos. “Las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes tan graves”.
El 11 de junio de 2025, el proyecto de ley fue aprobado en primera lectura por el Pleno del Congreso, a pesar de no contar con el informe favorable de la Comisión de Justicia y sin haber sido sometido previamente a información pública. El 9 de julio de 2025, sin estar reunido el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley en segunda lectura. El proyecto de ley será remitido al poder ejecutivo para su firma u observación. De promulgarse, podría afectar 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos judiciales en curso relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado interno, según los relatores de la ONU.
«No garantizar la responsabilidad penal por estos crímenes viola las normas de los tratados de derechos humanos y de jus cogens, así como el derecho internacional consuetudinario. También impide el acceso de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación», señalaron los expertos. “Hacemos un llamamiento al Gobierno de Perú para que haga uso de su prerrogativa constitucional de vetar la ley, que contraviene claramente las obligaciones internacionales de Perú”.
El proyecto de ley también concede una amnistía “humanitaria” a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa y los funcionarios del Estado mayores de 70 años que ya hayan sido condenados.
«La puesta en libertad anticipada de personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional es contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Existen requisitos específicos para conceder indultos por motivos humanitarios que deben observarse cuidadosamente para evitar la arbitrariedad», señalaron los expertos.
“Se pueden conceder indultos por enfermedades terminales inminentes”, dijeron. «Sin embargo, no pueden concederse por el mero paso del tiempo, la edad de la persona o su estado físico o mental general derivado de la edad. En estos casos, los Estados deben garantizar el derecho a la salud mediante servicios médicos prestados en las prisiones o traslados a centros médicos especializados».
Los expertos observaron que la aprobación del proyecto de ley se produjo en el contexto de una serie de retrocesos en materia de derechos humanos, incluida la promulgación de la Ley núm. 32107, de 9 de agosto de 2024, que introdujo la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002, así como la presentación de varios proyectos de ley que proponían la retirada de Perú del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.
