Los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han comparecido este viernes ante las respectivas comisiones del Congreso de los Diputados para explicar la actuación del Gobierno durante la crisis migratoria desencadenada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron desde Marruecos en un periodo inferior a 48 horas. Las dos intervenciones han dejado dos ejes diferenciados: la defensa de la cooperación con Marruecos por parte de Albares y la explicación de la respuesta policial y fronteriza ofrecida por Marlaska.
Ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Albares ha defendido que la cooperación con Marruecos ha sido «esencial» para contener la crisis y gestionar los retornos. El ministro ha explicado que mantuvo contactos permanentes con su homólogo marroquí, Naser Burita, y ha situado en torno al 90% el porcentaje de personas que entraron irregularmente en Ceuta y que posteriormente fueron retornadas. A su juicio, mantener abierto el canal diplomático con Rabat resultó determinante para evitar que la situación volviera a reproducirse.
Albares ha atribuido el desencadenamiento de la entrada masiva, en buena medida, a la difusión de bulos a través de redes sociales, foros y redes de tráfico de personas. Según su explicación, se difundieron informaciones falsas relacionadas con una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de personas que llegaban a España por vía marítima, generando entre potenciales migrantes la percepción de que la frontera de Ceuta estaba abierta y de que quienes consiguieran entrar no serían expulsados.
El ministro de Exteriores ha rechazado, al mismo tiempo, cualquier duda sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. Albares ha asegurado que España ha trasladado formalmente a Marruecos su rechazo a las declaraciones realizadas desde Rabat en las que se cuestionaba la pertenencia de ambas ciudades a España. Su posición ha sido tajante: «Ni ha habido, ni hay, ni habrá» una negociación con Marruecos sobre la soberanía o la integridad territorial española.
La defensa de la cooperación con Rabat ha provocado críticas de distintos grupos parlamentarios. El PP ha acusado al Ejecutivo de haber perdido el control de la frontera y ha cuestionado la política desarrollada con Marruecos, mientras Vox ha denunciado lo que considera una posición de excesiva dependencia respecto al país vecino. Incluso algunos socios parlamentarios del Gobierno han reclamado una mayor firmeza ante las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
La comparecencia de Marlaska, celebrada posteriormente ante la Comisión de Interior, ha estado marcada por una cuestión especialmente controvertida: qué información manejaron previamente los servicios de inteligencia y de seguridad sobre la posibilidad de una entrada masiva. El ministro ha vuelto a negar que recibiera un informe que permitiera anticipar un episodio de la magnitud del ocurrido el 30 de julio y ha defendido expresamente la actuación del CNI y del resto de servicios de información.
Esta explicación mantiene abierto el choque de versiones con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien en su comparecencia del pasado 25 de agosto sostuvo que los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas habían compartido información sobre la situación existente en Ceuta antes de la crisis. Marlaska ha insistido, sin embargo, en que no existió ningún informe que anticipara una entrada masiva de decenas de miles de personas como la que finalmente se produjo.
El titular de Interior ha defendido que lo ocurrido constituyó un episodio «extraordinario» y «excepcional», difícil de prever en sus dimensiones finales. Ha diferenciado además la situación de los días anteriores, cuando Marruecos había interceptado a alrededor de un millar de personas que intentaban alcanzar a nado la costa ceutí, de la entrada masiva posterior, que superó las 70.000 personas.
Marlaska ha cifrado en alrededor de 5.000 las personas que todavía permanecen en Ceuta de las que participaron en la entrada masiva y ha informado de que más de un centenar han sido expulsadas por la comisión de delitos. El ministro ha pedido además rebajar la tensión social y ha advertido de que la violencia no puede convertirse en respuesta ante una situación que, según ha defendido, requiere seguridad, control fronterizo y respeto a la convivencia.
En materia de seguridad fronteriza, Marlaska ha anunciado un refuerzo de los medios tecnológicos desplegados en la frontera ceutí, con nuevas capacidades de vigilancia, drones y otras herramientas destinadas a mejorar la detección temprana de movimientos de personas. También ha adelantado actuaciones para reforzar las infraestructuras fronterizas, entre ellas el alargamiento de los espigones y la instalación de sistemas permanentes de protección marítima.
El ministro del Interior ha anunciado asimismo una inversión de 35 millones de euros para prolongar los espigones fronterizos, dentro de un paquete de medidas extraordinarias destinado a aumentar la capacidad de respuesta de Ceuta ante futuras situaciones de presión migratoria. El planteamiento del Gobierno pasa por combinar las infraestructuras físicas con vigilancia tecnológica y una mayor capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
