El Gobierno ha activado en Ceuta uno de los mecanismos extraordinarios de coordinación previstos en la Ley de Seguridad Nacional para hacer frente a la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva de personas migrantes de finales de julio. La declaración, aprobada mediante el Real Decreto 681/2026 y publicada en el BOE, no supone la militarización de la ciudad ni la suspensión de derechos fundamentales, pero sí coloca la gestión de la crisis bajo una coordinación reforzada del Estado, con un mando funcional único en manos del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La pregunta clave es, por tanto, qué cambia realmente para Ceuta. La respuesta está en la propia naturaleza jurídica de esta figura. La Ley de Seguridad Nacional la reserva para situaciones en las que, por la gravedad de sus efectos, su dimensión, urgencia y transversalidad, resulta necesaria una coordinación reforzada de las administraciones bajo la dirección del Gobierno.
En el caso ceutí, el Ejecutivo considera que la llegada masiva registrada el 30 de julio y la permanencia posterior de un elevado número de migrantes han superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana de la ciudad.
Un mando único para una crisis que afecta a múltiples áreas
Una de las principales consecuencias prácticas es la creación de un sistema de mando y coordinación centralizado. Ángel Víctor Torres asume como Autoridad Funcional el impulso y la gestión coordinada de las actuaciones derivadas de la declaración. El Consejo de Seguridad Nacional mantiene las funciones de dirección y coordinación de la crisis, mientras que el denominado Comité de Situación asistirá en la gestión y contará con representantes de los ministerios y organismos implicados.
Esto significa que la crisis deja de abordarse exclusivamente desde los departamentos que ordinariamente tienen competencias en inmigración, fronteras, seguridad o menores y pasa a contemplarse como un problema multisectorial de seguridad nacional. En la respuesta participan áreas tan diferentes como Exteriores, Interior, Defensa, Sanidad, servicios sociales, protección de menores, transportes, economía, justicia y cooperación con la Unión Europea.
El objetivo es evitar que cada administración actúe de manera aislada y conseguir que los recursos estatales y locales puedan utilizarse de forma coordinada. En palabras del Gobierno, se trata de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y mantener las capacidades necesarias para la atención humanitaria, el control fronterizo, los traslados, la tramitación administrativa y la cooperación exterior.
¿Significa que el Gobierno toma el control de Ceuta?
No exactamente. La declaración no elimina las competencias de la Ciudad Autónoma de Ceuta ni de las administraciones públicas. La propia norma establece que las actuaciones deberán respetar la distribución constitucional y estatutaria de competencias y los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, coordinación y cooperación.
Lo que cambia es la forma de coordinar esas competencias. El Estado dispone ahora de una herramienta legal para reforzar la dirección conjunta de una crisis que, por su dimensión, supera la capacidad ordinaria de una sola administración.
De hecho, la norma incorpora expresamente entre los recursos de la ciudad los servicios sociales y asistenciales, la protección y atención de menores y personas vulnerables, la Policía Local, Protección Civil, los servicios sanitarios, los servicios urbanos y otras capacidades esenciales cuya continuidad pueda verse afectada.
La frontera pasa a formar parte del ámbito de la declaración
La declaración tiene además una importancia especial desde el punto de vista de la seguridad fronteriza. Su ámbito territorial no se limita al casco urbano de Ceuta, sino que incluye la frontera terrestre, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes en las que España ejerza soberanía, jurisdicción o competencias.
Esto permite integrar dentro de la estrategia común las actuaciones relacionadas con el control fronterizo, la vigilancia, la identificación de personas, la atención humanitaria y los procedimientos administrativos derivados de la entrada irregular.
El Real Decreto de declaración de recursos aprobado posteriormente concreta, además, qué medios materiales podrán emplearse. Entre ellos aparecen terrenos del Ministerio de Defensa, instalaciones de la ciudad y distintos espacios deportivos que pueden utilizarse para hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis.
¿Se podrán utilizar medios de Defensa?
La respuesta es sí, pero conviene precisar el alcance. La declaración permite disponer de recursos del Ministerio de Defensa cuando sean necesarios para afrontar la situación, incluyendo determinadas instalaciones y terrenos. El decreto contempla, entre otros, espacios en Loma Margarita, la Hípica, la antigua fábrica de harina, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el acuartelamiento Coronel Fiscer.
Esto no significa que las Fuerzas Armadas asuman automáticamente las funciones de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en la frontera. La declaración establece un mecanismo de coordinación y disponibilidad de recursos, no una sustitución de las competencias ordinarias de los cuerpos de seguridad.
La utilización de los recursos se realizará conforme a los principios establecidos en el propio Real Decreto y dentro de las competencias de cada administración.
¿Qué ocurre con los inmigrantes que permanecen en Ceuta?
Este es uno de los puntos en los que la declaración puede tener consecuencias prácticas más importantes. El Gobierno identifica expresamente como parte de la crisis la permanencia temporal de un elevado número de personas migrantes en situación irregular mientras se tramitan las actuaciones correspondientes.
La estrategia contempla mantener capacidades suficientes para la identificación, atención humanitaria, acogida, traslados y tramitación administrativa. También incorpora entre los recursos estatales la cooperación diplomática y consular con Marruecos, así como la coordinación con la Unión Europea y el apoyo a los procedimientos de identificación, documentación, readmisión y retorno.
Por tanto, la declaración no constituye por sí misma una orden de devolución o expulsión de los migrantes. Lo que proporciona es un marco reforzado para coordinar los recursos necesarios para que esos procedimientos puedan desarrollarse.
No es un estado de alarma
Uno de los aspectos que conviene dejar especialmente claro es que Ceuta no se encuentra bajo un estado de alarma, excepción o sitio.
El propio Real Decreto establece expresamente que la situación de interés para la Seguridad Nacional no implica la suspensión de derechos fundamentales ni de libertades públicas, ni habilita por sí misma para adoptar las medidas propias de esos estados constitucionales.
La diferencia es importante. Se trata de una herramienta destinada fundamentalmente a coordinar y movilizar capacidades, no de un mecanismo concebido para restringir derechos de los ciudadanos.
La vida cotidiana de los ceutíes continúa, por tanto, sometida al régimen ordinario de derechos y libertades. Lo extraordinario es el nivel de coordinación y disponibilidad de recursos que el Estado puede activar para gestionar la crisis.
Una declaración con fecha de caducidad
La medida tampoco es indefinida. El Real Decreto establece que la situación de interés para la Seguridad Nacional estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Antes de esa fecha, el presidente del Gobierno podrá acordar su prórroga, modificar su alcance material o geográfico o ponerle fin anticipadamente, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional.
La duración permite al Ejecutivo disponer de varios meses para afrontar no solamente la situación inmediata provocada por la llegada masiva de migrantes, sino también sus consecuencias sobre los servicios públicos, la frontera, la acogida, la protección de menores y el funcionamiento administrativo.
Una respuesta excepcional ante una situación excepcional
La declaración convierte a Ceuta, por primera vez, en el escenario de una situación de interés para la Seguridad Nacional. El Gobierno considera que la magnitud de la crisis ha superado el ámbito de una emergencia migratoria convencional y exige una respuesta transversal de todo el Estado. Se trata de la primera crisis a la que se aplica esta figura desde su regulación en la Ley de Seguridad Nacional de 2015.
Para Ceuta, la consecuencia más tangible será, por tanto, una mayor presencia y coordinación de las estructuras estatales, pero también una mayor capacidad para movilizar espacios, personal y medios cuando sea necesario. La ciudad queda integrada en un dispositivo en el que confluyen seguridad, inmigración, sanidad, servicios sociales, defensa, transportes, justicia y política exterior.
En términos políticos, la decisión supone también que el Gobierno central asume una responsabilidad directa y reforzada sobre la gestión global de la crisis, aunque sin desplazar las competencias de la Ciudad Autónoma ni convertir a Ceuta en un territorio sometido a un régimen excepcional de suspensión de derechos.
La cuestión decisiva será ahora comprobar cómo se traduce sobre el terreno esta nueva arquitectura. Si funciona como pretende el Ejecutivo, la declaración debería permitir que frontera, seguridad, acogida, menores, traslados, servicios públicos y cooperación con Marruecos dejen de gestionarse como problemas separados y pasen a formar parte de una única estrategia.
En definitiva, para los ciudadanos de Ceuta la declaración significa más coordinación estatal, más capacidad para movilizar recursos y un mando único para afrontar la crisis, pero no significa que la ciudad quede militarizada ni que se suspendan derechos. Es, fundamentalmente, una herramienta extraordinaria de coordinación diseñada para evitar que la presión migratoria y sus consecuencias desborden de nuevo las capacidades ordinarias de la ciudad.
La prueba real comenzará ahora: convertir la declaración jurídica en una respuesta operativa capaz de aliviar la presión sobre Ceuta y garantizar simultáneamente el control de la frontera, la atención a las personas migrantes y el normal funcionamiento de los servicios públicos.
Aquí pueden consultarse los documentos oficiales:
