La Legislatura del Estado de Querétaro (México) analiza una posible reforma de la Ley de Seguridad Privada con el objetivo de elevar los requisitos exigidos a las empresas y al personal encargado de la vigilancia en estadios y otros recintos donde se celebren eventos masivos. La propuesta pone especial atención en el Estadio Corregidora, escenario que se ha convertido en un referente de los desafíos que plantea la seguridad en espectáculos deportivos.
La iniciativa pretende reforzar los procesos de contratación, certificación, capacitación y supervisión de los elementos de seguridad privada que trabajan en este tipo de instalaciones. El objetivo es establecer estándares más exigentes para garantizar que los vigilantes dispongan de la preparación necesaria para actuar ante situaciones de riesgo y que las empresas que prestan estos servicios cumplan de forma efectiva con sus obligaciones.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es delimitar con mayor precisión las competencias de la seguridad privada frente a las atribuciones de la Policía Municipal. La intención es evitar vacíos de responsabilidad durante los eventos y establecer con claridad qué actuaciones corresponden a los vigilantes privados y cuáles deben quedar bajo responsabilidad de las fuerzas de seguridad pública.
La discusión cobra especial relevancia en el caso del Estadio Corregidora, que ya ha sido objeto de diferentes medidas de seguridad después de los graves incidentes registrados durante el partido entre Querétaro y Atlas en marzo de 2022. Aquel episodio puso en cuestión la capacidad del dispositivo privado para contener situaciones de violencia y abrió un debate nacional sobre la responsabilidad de clubes, organizadores, autoridades y empresas de seguridad.
La experiencia del Corregidora ha llevado a las autoridades a mantener protocolos específicos para los encuentros deportivos. Durante 2026, por ejemplo, el Gobierno de Querétaro ha mantenido medidas especiales en el estadio, incluida la presencia de la Policía Estatal en el interior y de la Policía Municipal en el exterior, además de la participación de Protección Civil y otros servicios de emergencia.
La posible reforma también pretende reforzar la responsabilidad civil de los organizadores de espectáculos públicos masivos. De esta manera, quienes promuevan o gestionen eventos tendrían que asumir mayores obligaciones respecto a la seguridad de los asistentes y garantizar que las empresas contratadas cumplen con los requisitos establecidos por la legislación.
El debate llega además en un momento en el que las autoridades de Querétaro están revisando específicamente la contratación de personal de seguridad para el Estadio Corregidora. El gobernador Mauricio Kuri González señaló recientemente que la Secretaría de Seguridad Ciudadana está revisando la situación y que corresponde a los diputados establecer los “candados, normas y responsabilidades” que deben cumplir las empresas privadas de seguridad.
La capacitación y acreditación de los vigilantes constituyen otro de los puntos sensibles. Representantes del sector han advertido de las dificultades existentes para disponer de suficientes elementos capacitados para cubrir eventos de gran afluencia y han reclamado una regulación que permita garantizar tanto la profesionalización como el control efectivo de las empresas.
El planteamiento también busca evitar que la seguridad privada termine asumiendo funciones que corresponden a los cuerpos policiales. Los vigilantes pueden desarrollar tareas como el control de accesos, revisión de instalaciones y aplicación de protocolos internos, mientras que la intervención ante situaciones que impliquen un riesgo grave para la seguridad pública corresponde a las autoridades competentes.
La reforma pretende así avanzar hacia un modelo integral de seguridad para eventos masivos, en el que empresas privadas, organizadores, autoridades municipales y organismos de protección civil tengan claramente definidas sus responsabilidades antes, durante y después de cada espectáculo.
El debate legislativo tendrá como telón de fondo la necesidad de garantizar que los recintos deportivos sean espacios seguros para aficionados y trabajadores. El antecedente del Corregidora demostró las consecuencias que puede tener un dispositivo insuficiente o mal coordinado y convirtió la regulación de la seguridad en estadios en una cuestión prioritaria dentro de la agenda de las autoridades mexicanas.
La eventual modificación de la legislación queretana podría convertirse, además, en un referente para otros estados mexicanos que afrontan problemas similares. La creciente asistencia a eventos deportivos, conciertos y espectáculos masivos exige dispositivos capaces de combinar prevención, vigilancia privada, seguridad pública, gestión de emergencias y responsabilidad de los organizadores.
El objetivo último de la iniciativa es que la seguridad deje de entenderse como una responsabilidad exclusivamente vinculada a la empresa que presta el servicio de vigilancia. La tendencia apunta hacia un sistema en el que todos los actores implicados tengan obligaciones concretas y verificables, desde la selección y capacitación de los guardias hasta la coordinación con la Policía y la respuesta ante posibles situaciones de emergencia.
