El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido este jueves ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para dar explicaciones sobre la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria desencadenada en Ceuta a finales de julio. Su intervención ha estado marcada por tres ideas: la defensa de la actuación del Ejecutivo, la necesidad de recuperar la normalidad en la ciudad y la prioridad de tramitar el retorno de las personas que permanecen en territorio ceutí con todas las garantías legales.
Bolaños ha comenzado su intervención lanzando un mensaje de “confianza” a los ciudadanos de Ceuta y asegurando que el Estado está volcado en recuperar cuanto antes la normalidad. El ministro ha reconocido que la entrada masiva de migrantes constituyó un hecho “indiscutiblemente grave” y ha destacado el esfuerzo realizado por los servicios públicos y los distintos cuerpos desplegados en la ciudad.
Uno de los puntos centrales de su comparecencia ha sido la explicación de las circunstancias que, a juicio del Gobierno, favorecieron la llegada masiva de personas durante los días 30 y 31 de julio. Bolaños ha atribuido parte del fenómeno a la difusión en redes sociales de una interpretación tergiversada de una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con las devoluciones de personas que entran irregularmente en España.
Según el ministro, esa difusión habría generado dos falsas percepciones: que la frontera estaba abierta y que quienes accedieran a España a nado no podían ser devueltos. Bolaños ha señalado que la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla no es nueva, pero ha considerado que la circulación de esos mensajes agravó considerablemente la situación.
Bolaños también ha tenido que responder a una de las cuestiones que más controversia política está generando: qué información tenía el Gobierno antes de la entrada masiva. El ministro ha sostenido que el Ejecutivo no recibió información previa y precisa sobre la magnitud que acabaría alcanzando el movimiento migratorio, una afirmación que se produce después de las diferencias públicas entre distintos miembros del Gobierno sobre los avisos de los servicios de inteligencia.
En relación con Marruecos, el titular de Justicia ha rechazado que existan pruebas que permitan afirmar que el país vecino lideró, dirigió o impulsó la llegada masiva de migrantes. Bolaños ha defendido la importancia de mantener la cooperación con Rabat y ha advertido de las consecuencias que podría tener formular acusaciones sin evidencias en un asunto especialmente sensible para las relaciones entre ambos países.
La devolución de los migrantes que permanecen en Ceuta se ha convertido en otra de las prioridades señaladas por el ministro. Bolaños ha insistido en que el Gobierno quiere agilizar los procedimientos para que regresen a sus lugares de origen, pero ha subrayado que estas actuaciones deben realizarse de acuerdo con la legislación española, el derecho internacional y el Estado de Derecho.
En este punto, el ministro ha defendido que las personas que permanecen en Ceuta son titulares de derechos y deben recibir atención humanitaria mientras se resuelve su situación. Ha reclamado, al mismo tiempo, evitar discursos racistas o xenófobos y ha situado la asistencia básica y el respeto a los derechos fundamentales como elementos inseparables de la respuesta del Estado.
La dimensión judicial de la crisis también ha ocupado una parte importante de la comparecencia. Bolaños ha informado de que los juzgados de Ceuta registraron entre el 1 y el 27 de agosto un total de 594 asuntos, un 4,2% más que durante el mismo periodo del año anterior. El ministro ha considerado necesario reforzar los medios disponibles y ha respaldado la incorporación de dos jueces de refuerzo propuesta por el Consejo General del Poder Judicial.
El Ministerio de Justicia mantiene, además, su disposición a reforzar otros servicios vinculados a la Administración de Justicia cuando reciba las correspondientes solicitudes. La situación había llevado previamente al CGPJ a reclamar medidas extraordinarias ante la sobrecarga de trabajo registrada en los órganos judiciales ceutíes.
La comparecencia se ha desarrollado en un clima de fuerte enfrentamiento político. PP y Vox han cuestionado las explicaciones del Gobierno, especialmente en lo relativo a la información que se manejaba antes de la entrada masiva y al papel que pudo desempeñar Marruecos. Ambos partidos han reclamado responsabilidades al Ejecutivo y han criticado su estrategia respecto al país vecino.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la respuesta debe combinar seguridad, atención humanitaria y aplicación de la legislación. Bolaños ha defendido que el Estado ha movilizado recursos para hacer frente a la emergencia y que la prioridad inmediata es que Ceuta recupere progresivamente la normalidad y que los procedimientos de retorno puedan avanzar dentro del marco jurídico.
La comparecencia del ministro de Presidencia y Justicia forma parte de la ronda extraordinaria de explicaciones que varios miembros del Gobierno están ofreciendo esta semana en el Congreso sobre la crisis de Ceuta. La Cámara Baja ha programado también las intervenciones de los titulares de Interior, Exteriores, Inclusión, Defensa, Sanidad y Política Territorial para analizar desde distintos ámbitos la gestión de la entrada masiva de migrantes y sus consecuencias para la ciudad autónoma.
