La empresa de seguridad privada Hetecse ha dejado de abonar las nóminas a sus trabajadores este mes, después de varios meses en los que, según denuncia UGT, los salarios ya se venían pagando con retraso. El sindicato ha expresado su preocupación por la situación de la compañía, que tiene su sede central en Madrid y desarrolla actividad en diferentes comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Asturias, Castilla y León y La Rioja.
Desde el sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT advierten en un comunicado, además, de que no se descarta que Hetecse pueda acogerse próximamente a un procedimiento concursal, aunque el sindicato subraya que esta posibilidad no está confirmada en estos momentos y reclama prudencia hasta que exista una comunicación oficial.
UGT considera que la situación vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las plantillas de seguridad privada cuando las empresas atraviesan dificultades económicas. El sindicato reclama que los trabajadores no sean quienes terminen soportando las consecuencias de problemas de gestión empresarial que puedan poner en riesgo el cobro puntual de sus salarios.
En este sentido, UGT recuerda que la seguridad privada es una actividad intensiva en mano de obra y que los trabajadores constituyen el principal activo de las empresas del sector. Por ello, considera especialmente preocupante que las dificultades económicas terminen afectando a un derecho básico como es la percepción de los salarios en tiempo y forma.
Críticas al modelo de contratación pública
La situación de Hetecse adquiere una especial relevancia, según UGT, porque la empresa desarrolla mayoritariamente su actividad mediante servicios para distintas Administraciones Públicas. Para el sindicato, este hecho debería abrir una reflexión sobre el actual modelo de contratación pública de los servicios de seguridad privada. Comunicado UGT Impago Nóminas H…
UGT reclama que las Administraciones Públicas no se limiten a adjudicar estos servicios atendiendo fundamentalmente al precio. A su juicio, los procesos de contratación deben garantizar que las compañías adjudicatarias disponen de solvencia y capacidad suficientes tanto para prestar adecuadamente los servicios como para cumplir sus obligaciones laborales y salariales.
El sindicato advierte de que establecer presupuestos de licitación por debajo de los costes reales de los servicios puede terminar repercutiendo sobre las condiciones laborales, la estabilidad del empleo y la propia capacidad de las empresas para cumplir puntualmente con sus obligaciones salariales.
Ante esta situación, UGT vuelve a reclamar una modificación del modelo de contratación pública de los servicios de seguridad privada. Su propuesta pasa por priorizar la calidad del servicio, unas condiciones económicas suficientes, el cumplimiento de los convenios colectivos y la estabilidad en el empleo.
Para la organización sindical, las Administraciones Públicas deben actuar como garantes de unas condiciones de contratación que permitan a las empresas prestar los servicios con garantías y a las plantillas desarrollar su actividad con derechos y seguridad.
UGT concluye que la seguridad privada no puede sustentarse sobre ofertas económicas insuficientes ni sobre el deterioro de las condiciones laborales, reclamando un modelo de contratación que tenga en cuenta el coste real de los servicios y las obligaciones laborales de las empresas adjudicatarias.
