Entra en vigor la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil para la autoprotección de centros, establecimientos y dependencias en los que se desarrollen actividades susceptibles de generar situaciones de emergencia. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 10 de octubre mediante la Orden INT/1068/2026, establece criterios comunes para elaborar, implantar, mantener y revisar los planes de autoprotección, con el objetivo de mejorar la prevención de riesgos y la coordinación con los servicios públicos de emergencia.
La directriz fue aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de octubre, a propuesta del Ministerio del Interior, y entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, el 11 de octubre de 2026. La nueva regulación desarrolla el marco previsto en la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, y en el Real Decreto 524/2023, que aprobó la Norma Básica de Protección Civil.
La aprobación de este instrumento permite completar el desarrollo normativo de la autoprotección tras la derogación del Real Decreto 393/2007, cuya aplicación se había mantenido transitoriamente hasta la aprobación de la nueva directriz.
El nuevo marco afecta a las actividades, instalaciones y establecimientos incluidos en su ámbito de aplicación y busca que sus planes de emergencia no se limiten a documentos administrativos, sino que constituyan herramientas operativas, actualizadas y coordinadas con la planificación general de protección civil.
Nuevas exigencias para los titulares de las instalaciones
La directriz establece que los titulares de las actividades comprendidas en su ámbito deberán elaborar un plan de autoprotección adaptado a los riesgos de sus instalaciones y a las características de las personas que puedan encontrarse en ellas.
Entre sus obligaciones figuran mantener actualizado el plan, comunicarlo a las administraciones competentes, formar e informar al personal, realizar simulacros y facilitar los datos necesarios para su registro administrativo. También deberán colaborar con los servicios públicos de emergencia y garantizar que las condiciones de las instalaciones permiten cumplir las medidas de autoprotección previstas.
La norma exige, además, que los planes contemplen tanto los riesgos originados dentro de los centros como aquellos procedentes del exterior que puedan afectar a su funcionamiento o a la seguridad de sus ocupantes.
Los responsables de las actividades deberán designar las figuras encargadas de dirigir el plan de autoprotección y el plan de actuación ante emergencias, estableciendo una estructura organizativa con funciones y responsabilidades definidas. La dimensión de los equipos de respuesta deberá ser proporcional al número de ocupantes, las características físicas de las instalaciones, su vulnerabilidad y la gravedad potencial de los incidentes.
Simulacros al menos una vez al año
Uno de los aspectos más relevantes de la directriz es la exigencia de comprobar periódicamente la eficacia real de los planes. Para ello, establece que se realizarán simulacros con la periodicidad prevista en cada plan y, en todo caso, al menos una vez al año.
Estos ejercicios deberán servir para verificar la capacidad de respuesta de la organización, la preparación del personal, la suficiencia de los recursos disponibles y la adecuación de los procedimientos de actuación. Podrán implicar la activación total o parcial de las medidas contempladas en el plan de emergencia.
La empresa o entidad deberá conservar información sobre las actividades de mantenimiento de la eficacia del plan y los informes de evaluación correspondientes, que estarán a disposición de las administraciones públicas competentes.
La formación periódica del personal, la actualización de los procedimientos de comunicación y la comprobación de los medios materiales también forman parte de las medidas previstas para mantener la operatividad de los planes.
La finalidad es evitar que la autoprotección dependa exclusivamente de la existencia formal de un documento y garantizar que las personas responsables conocen sus funciones y pueden actuar de manera coordinada cuando se produzca una emergencia.
Revisión de los planes cada cinco años
La directriz establece que los planes de autoprotección tendrán una vigencia indeterminada, pero deberán mantenerse actualizados y revisarse con una periodicidad no superior a cinco años, salvo que la normativa sectorial establezca un plazo inferior.
Este requisito obliga a las entidades afectadas a incorporar cambios relevantes en las instalaciones, las actividades desarrolladas, los riesgos identificados o los recursos disponibles.
La planificación también deberá contemplar la integración del plan de autoprotección en los planes territoriales o especiales de protección civil que correspondan. De esta forma, las actuaciones internas de cada centro podrán coordinarse con las decisiones y los recursos movilizados por las autoridades públicas.
La norma refuerza así la continuidad entre la respuesta inicial dentro de una instalación y la intervención de los servicios externos cuando la magnitud del incidente lo requiera.
La nueva directriz establece un plazo máximo de cuatro años para adaptar los planes de autoprotección que estuvieran vigentes cuando entre en vigor. El periodo de adaptación deberá permitir a los titulares revisar la documentación, actualizar sus procedimientos y adecuar sus planes a los nuevos criterios.
Asimismo, los titulares de las actividades incluidas en el ámbito de la directriz que ya dispusieran de licencia o autorización de funcionamiento deberán presentar la documentación correspondiente ante el órgano administrativo competente en el plazo que este establezca.
La norma contempla también el registro administrativo de los datos relevantes de los planes, con el propósito de facilitar su acceso por las autoridades competentes y mejorar la integración de la autoprotección en el sistema general de protección civil.
Atención a las personas vulnerables y coordinación de emergencias
La planificación deberá tener en cuenta las características de los ocupantes y las necesidades de protección que puedan existir en cada instalación. Este enfoque resulta especialmente relevante en espacios con gran afluencia de público, centros educativos, instalaciones sanitarias, edificios de uso colectivo y establecimientos donde una evacuación pueda presentar dificultades específicas.
La organización de los medios humanos y materiales deberá ajustarse a los riesgos evaluados y a las condiciones de vulnerabilidad del centro. También será necesario establecer procedimientos de comunicación que permitan informar con rapidez de los incidentes que puedan tener consecuencias sobre la autoprotección.
La directriz prevé que las administraciones competentes establezcan protocolos para garantizar la comunicación inmediata de los incidentes relevantes y la coordinación entre los servicios públicos de emergencia y los responsables de los planes de autoprotección.
La aprobación de la directriz supone un paso en la homogeneización de la planificación de emergencias en España. El nuevo marco fija criterios comunes para elaborar y mantener los planes, establece obligaciones de formación y simulacros y refuerza la conexión entre la seguridad de las instalaciones y la actuación de las administraciones públicas.
Para las organizaciones afectadas, el reto será trasladar estas exigencias a procedimientos concretos, con responsabilidades claras, recursos adecuados y ejercicios periódicos que permitan comprobar su eficacia.
La aplicación efectiva de la norma dependerá de la adaptación de los planes existentes, de la capacidad de las entidades para mantenerlos actualizados y de la coordinación con las autoridades de protección civil. El objetivo último es mejorar la preparación ante situaciones de emergencia y reducir los riesgos para las personas, las instalaciones y su entorno.
