El último Consejo de Ministros ha aprobado cuatro nuevas directrices básicas de protección civil destinadas a reforzar la capacidad de prevención, planificación y respuesta de las administraciones públicas ante emergencias relacionadas con accidentes con sustancias peligrosas, terremotos, erupciones volcánicas y situaciones que requieren medidas de autoprotección.
Las nuevas normas, aprobadas por unanimidad por el Consejo Nacional de Protección Civil el pasado mes de julio, forman parte del proceso de actualización del Sistema Nacional de Protección Civil impulsado desde la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias. El objetivo es establecer criterios comunes de actuación ante algunos de los riesgos con mayor potencial de impacto sobre la población, los bienes y el territorio.
Accidentes con sustancias peligrosas
La nueva directriz básica sobre accidentes graves con sustancias peligrosas establece un marco común para prevenir y gestionar incidentes en instalaciones que fabrican, almacenan o manipulan productos peligrosos.
El texto actualiza los criterios de actuación ante escenarios como fugas tóxicas, incendios, explosiones o vertidos contaminantes. Además, contempla el refuerzo de los sistemas de alerta e información a la población y una mayor coordinación entre las diferentes administraciones, los servicios de emergencia y las empresas afectadas.
Nuevos criterios frente al riesgo sísmico
La directriz sobre riesgo sísmico establece los criterios esenciales que deberán orientar la planificación ante terremotos y fenómenos asociados.
Entre sus objetivos figura mejorar el análisis de vulnerabilidades y la preparación operativa, así como reforzar los sistemas de alerta y las medidas destinadas a proteger las infraestructuras críticas y los servicios esenciales ante posibles movimientos sísmicos.
Actualización de la respuesta ante erupciones volcánicas
El Gobierno también ha aprobado una nueva directriz básica para el riesgo volcánico, que actualiza los procedimientos de actuación ante procesos eruptivos.
El nuevo marco incorpora medidas relacionadas con la vigilancia científico-técnica y la alerta temprana, además de establecer criterios para la protección de la población, la planificación de evacuaciones y la gestión de emergencias que pueden prolongarse durante largos periodos de tiempo.
La experiencia de las recientes emergencias volcánicas en España ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de mecanismos de planificación capaces de coordinar la actuación de las distintas administraciones y servicios durante episodios de evolución compleja.
Requisitos comunes de autoprotección
La cuarta directriz aprobada corresponde a la autoprotección y establece los criterios y requisitos mínimos que deberán orientar la elaboración de los planes de autoprotección de centros, establecimientos e instalaciones cuyas actividades puedan generar situaciones de emergencia.
Con esta regulación se busca establecer un marco común para que los responsables de estos espacios dispongan de procedimientos adecuados para prevenir riesgos y actuar ante una emergencia.
Doce directrices para actualizar el Sistema Nacional
Las cuatro nuevas directrices se suman a las aprobadas durante este año para hacer frente a fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y transporte terrestre de mercancías peligrosas.
La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias trabaja además en las cuatro últimas directrices básicas previstas, relativas a riesgos biológicos, radiológicos, maremotos y accidentes aéreos.
La previsión es que estas últimas normas sean aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil antes de que finalice el año. De esta manera, quedaría completado el nuevo marco de doce directrices básicas destinado a ordenar la planificación del Sistema Nacional de Protección Civil frente a las principales amenazas y emergencias que pueden afectar a España.
El nuevo conjunto normativo pretende avanzar hacia un modelo de protección civil basado en una mayor prevención, preparación, coordinación y resiliencia, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y mejorar la respuesta de las administraciones ante emergencias de distinta naturaleza.
