El Ministerio del Interior ha rectificado parcialmente, en menos de 24 horas, la orden inicial del ministro tras las polémicas cargas policiales durante la huelga general del 11 de noviembre. Los agentes no podrán utilizar espráis individuales de defensa personal en operaciones de orden público, pero conservarán la posibilidad de emplearlos en intervenciones ordinarias de seguridad ciudadana. Los antidisturbios podrán seguir recurriendo a determinados botes lacrimógenos.
Así, la Policía Nacional podrá continuar utilizando gas pimienta, pero con restricciones en función del tipo de intervención. El Ministerio del Interior ha establecido que los espráis individuales de defensa personal no se empleen en operaciones de orden público, como manifestaciones y concentraciones, aunque seguirán formando parte de los medios disponibles para los agentes en actuaciones ordinarias de seguridad ciudadana.
La decisión llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciara el jueves 12 de noviembre que había ordenado que no se utilizasen gases lacrimógenos en los dispositivos de control de manifestantes. La instrucción se produjo tras las cargas policiales y el uso de gas pimienta durante los incidentes registrados en la huelga general del miércoles 11 de noviembre.
Sin embargo, el viernes 13 de noviembre, el departamento precisó el alcance de la medida y confirmó que los agentes de las unidades antidisturbios podrán seguir utilizando determinados artificios lacrimógenos, conocidos como ATL, que generan una nube de humo tras su lanzamiento.
Por tanto, no se ha recuperado la autorización general para utilizar gas pimienta en manifestaciones. Lo que ha hecho Interior es diferenciar entre el espray individual de defensa personal y los botes lacrimógenos empleados en dispositivos de orden público.
Qué puede utilizar la Policía y en qué circunstancias
La nueva instrucción establece dos situaciones diferenciadas:
- Manifestaciones y operaciones de orden público: los agentes no podrán utilizar los espráis individuales de defensa personal, como el denominado gas pimienta. Sí podrán recurrir a los artificios ATL autorizados para estos dispositivos.
- Operaciones ordinarias de seguridad ciudadana: los policías podrán seguir llevando y utilizando el espray individual cuando resulte necesario para inmovilizar a una persona y proceder a su detención, siempre dentro de los límites establecidos por el protocolo.
La diferencia es importante porque el gas pimienta y los botes lacrimógenos no son exactamente el mismo dispositivo ni tienen idéntica forma de aplicación. El primero se utiliza de manera individual y dirigida sobre una persona; los segundos se lanzan para generar una nube que afecta a un espacio más amplio. Interior sostiene que los artificios ATL producen una nube de humo lacrimógeno ‘inocua’ y ‘no lesiva’.
Un protocolo aprobado apenas tres semanas antes
La controversia tiene otro elemento relevante: el protocolo que regulaba el uso de estos dispositivos había sido actualizado el pasado 19 de octubre, menos de un mes antes de los incidentes de la huelga general. El documento, aprobado por la Dirección General de la Policía, incorporaba nuevos modelos de espráis de defensa personal y justificaba su utilización por el incremento de las agresiones contra los agentes.
Entre los dispositivos contemplados figuraban los modelos Rass Stream MK3 y MK9, formulados con oleorresina de capsicum, un extracto concentrado obtenido de plantas del género Capsicum, al que pertenecen los pimientos picantes.
El protocolo establecía que estos productos podían provocar irritación ocular, cutánea y respiratoria, aunque consideraba que el riesgo químico era controlable si se respetaban las condiciones de utilización. Entre las indicaciones figuraba una distancia recomendada mínima de tres metros y la necesidad de que existiera una agresión o resistencia activa que pusiera en riesgo la integridad del agente, de terceras personas o la seguridad ciudadana.
El documento desaconsejaba su empleo ante situaciones de resistencia pasiva, personas ya engrilletadas y determinados colectivos vulnerables, como menores de edad, ancianos, mujeres embarazadas y personas con problemas de salud.
La modificación anunciada por Interior supone, por tanto, restringir el ámbito de aplicación de un instrumento que el protocolo de octubre había incorporado a los medios policiales de intervención.
La investigación de las cargas policiales del 11N
La decisión del ministro se produjo después de las imágenes difundidas durante la huelga general del 11 de noviembre, en la que se registraron cargas policiales contra manifestantes y el empleo de espráis de defensa personal.
Grande-Marlaska cuestionó la proporcionalidad de algunas intervenciones y ordenó abrir una investigación específica para esclarecer las actuaciones. La Jefatura Superior de Policía de Madrid abrió una información reservada para evaluar los incidentes y determinar si las intervenciones se ajustaron a los protocolos y a los principios de necesidad y proporcionalidad.
El ministro defendió, al mismo tiempo, el ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero insistió en que todos los medios empleados deben ser necesarios y proporcionados a las circunstancias de cada intervención. La investigación interna deberá analizar las actuaciones concretas, con independencia de la modificación general de los protocolos de utilización de los medios policiales.
Los sindicatos policiales rechazan las restricciones
La sucesión de decisiones ha provocado críticas de las principales organizaciones sindicales de la Policía Nacional. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jupol, la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) han expresado su rechazo a las restricciones anunciadas por Interior.
Los sindicatos consideran que limitar los medios de intervención puede dificultar la respuesta de los agentes ante situaciones violentas y han reclamado garantías para que los policías puedan actuar cuando se enfrenten a agresiones, lanzamiento de objetos o episodios de resistencia activa.
También han cuestionado que se investiguen las actuaciones policiales de la huelga general sin que, a su juicio, se tenga suficientemente en cuenta el contexto de violencia en el que se desarrollaron algunas intervenciones.
Interior, por su parte, mantiene que los medios policiales deben utilizarse con arreglo a criterios de proporcionalidad y que la modificación del protocolo pretende delimitar mejor las condiciones de empleo de cada dispositivo.
¿Está prohibido legalmente el gas pimienta?
La decisión de Interior no supone que el gas pimienta haya sido declarado ilegal en España ni que su utilización esté prohibida con carácter general para la Policía Nacional.
Se trata de una restricción operativa establecida por el Ministerio para los dispositivos de orden público. El espray sigue formando parte de la dotación policial y puede utilizarse en otras intervenciones de seguridad ciudadana, siempre que se respeten las condiciones y los límites del protocolo.
En consecuencia, la cuestión no es si la Policía puede disponer de gas pimienta, sino en qué circunstancias está autorizada a utilizarlo. A partir de la modificación anunciada el 13 de noviembre, la respuesta es clara: no podrá emplearlo en manifestaciones y operaciones de orden público, pero sí podrá utilizarlo en determinadas actuaciones individuales de seguridad ciudadana.
La rectificación de Interior tampoco supone que se haya restablecido el uso de todos los gases en manifestaciones. Los botes ATL continúan autorizados, mientras que el espray individual queda excluido de esos dispositivos. La controversia deja abierto el debate sobre la proporcionalidad de los medios antidisturbios, la protección de los agentes y las garantías de los ciudadanos durante las intervenciones policiales.



