La adjudicación de la seguridad privada del Tren Maya desata una controversia en México por los vínculos de uno de los socios del consorcio

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La contratación de los servicios de seguridad privada del Tren Maya se ha convertido en un nuevo foco de controversia en México después de que una investigación periodística haya revelado que el consorcio adjudicatario incluía a una empresa relacionada con el empresario Raúl Rocha Cantú, cuyo nombre figura en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas, el contrabando de hidrocarburos, el blanqueo de capitales y la facturación simulada.

La adjudicación fue obtenida por Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, en participación conjunta con Servicios Integrales Valbón y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales. El procedimiento permitió formalizar un contrato de 40.022.115 pesos mexicanos para proporcionar servicios de vigilancia y protección al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Tren Maya durante el periodo 2023-2024. La contratación quedó recogida en el contrato 012-2/2024.

Los detalles de esta operación han sido difundidos por el periodista Víctor Hugo Arteaga, a través de una investigación publicada por Xpectro FM y posteriormente recogida por Aristegui Noticias. El trabajo examina las alianzas empresariales de Pryse, sus relaciones con otras compañías del sector y la concentración de contratos públicos de seguridad privada en un reducido grupo de proveedores.

Servicios Integrales Valbón, uno de los socios del consorcio, aparece mencionada en el expediente 928/2024 de la Fiscalía General de la República, relacionado con investigaciones por presunto tráfico de armas y de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y facturación simulada. Según los datos difundidos por la investigación periodística, la compañía estaría relacionada con Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano conocido por su vinculación con la propiedad de la marca Miss Universo.

En las pesquisas también aparecen Jorge Enrique Alberts Ponce, conocido como «El Yoryi», y Jacobo Reyes León, alias «El Licenciado», señalados como presuntos operadores de la estructura empresarial investigada. Las informaciones periodísticas atribuyen a esta red posibles operaciones de adquisición, modificación y distribución de armamento mediante sociedades del sector de la seguridad privada.

La inclusión de Valbón en el consorcio que prestó servicios al Tren Maya ha suscitado interrogantes sobre los mecanismos de comprobación de antecedentes y las relaciones empresariales de los participantes en las licitaciones públicas de seguridad. No obstante, los señalamientos recogidos en las investigaciones no constituyen por sí mismos una condena penal ni permiten atribuir responsabilidad criminal a todas las empresas que participaron en la adjudicación.

Pryse, bajo el escrutinio de los contratos públicos

La controversia adquiere mayor dimensión por el volumen de contratación pública acumulado por Grupo Pryse. Según la investigación de Víctor Hugo Arteaga, la compañía ha obtenido contratos por un importe aproximado de 12.928 millones de pesos durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

El periodista identificó 21 contratos adicionales a los que ya había contabilizado anteriormente, elevando el número de adjudicaciones documentadas y ampliando el alcance de sus relaciones comerciales con distintas administraciones e instituciones públicas.

El trabajo también examina la concentración del mercado de seguridad privada subcontratada por las administraciones mexicanas. De acuerdo con los datos presentados por Arteaga, cinco grandes grupos empresariales habrían acumulado alrededor de 43.000 millones de pesos en contratos de este tipo, una concentración que, según su análisis, representa aproximadamente el 80% de los recursos destinados a estos servicios en las instituciones examinadas.

La investigación plantea además interrogantes sobre las alianzas entre compañías para concurrir conjuntamente a licitaciones. Según el periodista, algunas empresas que disponen de permisos para utilizar armamento se asocian con otras que no cuentan con las mismas autorizaciones, una fórmula que permitiría participar en concursos públicos mediante estructuras empresariales compartidas.

La inhabilitación de Pryse añade presión al caso

Uno de los elementos más relevantes de la controversia se produjo el 11 de noviembre de 2026, cuando la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México anunció que había recuperado plena eficacia la inhabilitación administrativa de Grupo Pryse y de Protección, Resguardo y Servicios Empresariales para recibir nuevos contratos públicos federales.

La decisión se produjo después de que el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocara la suspensión que había permitido a ambas compañías mantener temporalmente la posibilidad de participar en procedimientos de contratación. La resolución judicial corresponde a la revisión incidental R.A. 189/2026.

La sanción original había sido impuesta por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La Secretaría Anticorrupción comunicó que las empresas quedaban nuevamente inhabilitadas para recibir contratos públicos que involucrasen recursos federales y anunció que defendería la vigencia de las sanciones ante las instancias correspondientes.

La situación plantea una cuestión adicional sobre la supervisión de los proveedores de servicios de seguridad privada que trabajan para infraestructuras estratégicas. El Tren Maya, uno de los principales proyectos ferroviarios del Gobierno mexicano, requiere sistemas de vigilancia y protección para sus instalaciones, estaciones, material ferroviario y demás activos operativos.

La controversia no se limita, por tanto, a la identidad de los adjudicatarios, sino que alcanza también a los mecanismos de control de las empresas que participan en la protección de infraestructuras públicas de especial relevancia.

Por el momento, los elementos conocidos proceden fundamentalmente de las investigaciones periodísticas, los registros de contratación y las actuaciones administrativas y judiciales difundidas por las autoridades mexicanas. La evolución de las investigaciones de la FGR y de los procedimientos administrativos determinará el alcance de las posibles responsabilidades.

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