El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se enfrenta a uno de los episodios más delicados de su historia reciente después de descubrir una presunta infiltración en sus propias estructuras. Dos de sus agentes están investigados por la supuesta extracción y entrega de información clasificada a personas vinculadas con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El caso, que permaneció bajo estricta reserva durante años, ha concluido su fase de investigación y se encuentra en la Audiencia Provincial de Madrid, a la espera de que las acusaciones concreten su posición sobre la celebración del juicio.
Los dos protagonistas de este caso son un antiguo responsable del área de Rusia del CNI, identificado en las actuaciones judiciales como agente 7691, y otro integrante del servicio, el agente 7887, que habría colaborado con él en la obtención y extracción de documentación. El primero, capitán de fragata de 58 años, contaba con más de tres décadas de experiencia en los servicios de inteligencia y había tenido bajo su responsabilidad a una veintena de efectivos especializados en Rusia. Su subordinado tenía 46 años.
La investigación sostiene que ambos habrían participado en una operación de filtración de información que afectaba a documentos relacionados con la seguridad y la defensa nacional. Los dos fueron detenidos en septiembre de 2023 y acusados de delitos de traición y descubrimiento y revelación de secretos. Después de pasar por prisión provisional, quedaron en libertad. Los investigados han negado las acusaciones.
Una investigación que comenzó por accesos irregulares
El origen de las pesquisas se encuentra en la detección de accesos anómalos a las bases de datos del CNI por parte del agente 7887. Los responsables de seguridad del organismo advirtieron que este efectivo consultaba información que no parecía estar relacionada con las funciones que tenía asignadas y que, presuntamente, almacenaba determinados contenidos en dispositivos personales.
Las sospechas llevaron a los investigadores hasta su superior, el agente 7691, que dirigía el área de Rusia. A partir de marzo de 2023, el CNI desplegó un dispositivo de vigilancia sobre sus actividades y movimientos. Los investigadores comenzaron a documentar comportamientos que consideraban incompatibles con los protocolos de seguridad exigidos a los integrantes de los servicios de inteligencia.
Entre ellos figuraban desplazamientos sin teléfono móvil, visitas reiteradas a determinados puntos de Madrid, encuentros con personas ajenas al organismo y un viaje a Portugal que, según las informaciones publicadas sobre el sumario, no habría sido comunicado previamente al Centro, como exige la normativa interna.
Uno de los episodios más relevantes de la investigación fue el seguimiento de sus encuentros con un hombre al que los investigadores identificaron como supuesto integrante de los servicios de inteligencia estadounidenses. En uno de esos contactos, celebrado en un parque de Madrid, el agente habría entregado un pequeño rollo de papel.
Una cámara oculta para documentar la extracción de información
La vigilancia no se limitó a los desplazamientos exteriores. El CNI llegó a instalar una cámara oculta en el despacho del agente 7691 para documentar sus actividades dentro de las instalaciones del organismo.
Las imágenes incorporadas a la investigación mostrarían cómo el responsable del área de Rusia copiaba información de su ordenador profesional en pequeñas cuartillas. Posteriormente, doblaba las anotaciones y las ocultaba en los bolsillos de su ropa o entre otros objetos antes de abandonar las dependencias.
Según la documentación judicial que ya ha trascendido, estas operaciones se realizaban de manera discreta, cuando el agente se encontraba solo y fuera de los horarios habituales de trabajo.
El investigado ofreció otra explicación ante el juez. Sostuvo que acostumbraba a tomar notas sobre información procedente de canales de YouTube y cuentas de Telegram, especialmente relacionadas con la guerra de Ucrania, y que trasladaba ese material a su domicilio para continuar trabajando.
La diferencia entre ambas interpretaciones constituye uno de los elementos centrales del procedimiento: para los investigadores, se trataría de una extracción deliberada de información reservada; para el acusado, de anotaciones vinculadas a su actividad profesional.
El rastro de los dispositivos electrónicos
Los registros domiciliarios permitieron localizar diversos elementos que despertaron el interés de los investigadores. Entre ellos figuraba un dispositivo USB securizado de características avanzadas, así como un ordenador portátil protegido y un monedero de criptomonedas.
La Policía consideró que el pendrive disponía de características tecnológicas que podían facilitar comunicaciones y transferencias de información de manera segura y clandestina. En su interpretación, podría haber servido para mantener contactos protegidos con personas vinculadas a servicios extranjeros.
El agente negó que el dispositivo tuviera esa finalidad y aseguró que se trataba de una herramienta antigua que conservaba por curiosidad. También rechazó cualquier vinculación ideológica con el presidente ruso, Vladímir Putin, después de que los investigadores encontraran en su domicilio un imán con la inscripción «Long live Putin!».
En una caja fuerte aparecieron asimismo 1.450 euros en efectivo. La investigación no ha conseguido establecer hasta el momento un flujo de pagos que permita acreditar una contraprestación económica por las supuestas filtraciones.
La incógnita de la posible captación estadounidense
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la posible relación del antiguo responsable del área de Rusia con los servicios de inteligencia estadounidenses.
El agente 7691 había desarrollado parte de su trayectoria profesional en Naciones Unidas, en Nueva York, y durante la pandemia solicitó una excedencia para trabajar en la empresa estadounidense de seguridad 4IQ.
Su trayectoria internacional y sus contactos profesionales en Estados Unidos forman parte del contexto examinado por los investigadores. También había aparecido anteriormente en informaciones relacionadas con Wikileaks y había sido objeto, en 2014, de una investigación interna por una supuesta interlocución con la empresa Stratfor. Aquel expediente terminó archivándose después de que ofreciera explicaciones por escrito.
Los investigadores consideran que sus contactos internacionales pudieron facilitar una eventual aproximación por parte de servicios extranjeros. Sin embargo, no han podido determinar públicamente en qué momento se habría producido una hipotética captación ni han acreditado de forma concluyente los mecanismos de pago.
El antiguo responsable del área de Rusia ha negado haber colaborado con la CIA o con cualquier otro servicio extranjero. Según su versión, los posibles encuentros con personas relacionadas con esos organismos no tuvieron como finalidad la transmisión de información reservada.
Una vivienda en Brasil y las sospechas de fuga
Otro elemento incorporado a la investigación fue la adquisición conjunta de una vivienda en el estado brasileño de Ceará por parte de los dos agentes. Ambos explicaron que la operación respondía a una inversión inmobiliaria.
Sin embargo, la existencia de este inmueble en el extranjero fue considerada por la acusación como un factor que debía tenerse en cuenta al valorar el posible riesgo de fuga.
La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, habría solicitado que se procediera a la detención de los dos efectivos al considerar que existían indicios de que estaban preparados para utilizar técnicas de evasión personal, ocultación y destrucción de información obtenida irregularmente.
El agente 7691 permaneció aproximadamente quince meses en prisión, mientras que su compañero estuvo privado de libertad durante un periodo inferior a dos meses.
Un caso excepcional para los servicios de inteligencia españoles
La dimensión del asunto se explica también por su carácter excepcional. La eventual condena de dos integrantes del CNI por colaborar con servicios de inteligencia extranjeros constituiría un episodio de enorme trascendencia para la seguridad nacional y para los mecanismos de contrainteligencia del Estado.
El precedente más significativo es el de Roberto Flórez, antiguo integrante del servicio de inteligencia español condenado por traición por facilitar información a Rusia. Su condena, finalmente fijada por el Tribunal Supremo en nueve años de prisión, constituye el principal antecedente de este tipo en la democracia española.
En el caso actual, la investigación considera que se produjo una extracción de documentación clasificada que pudo comprometer las actividades, los procedimientos y las capacidades operativas del CNI. El material afectado incluiría información de especial sensibilidad relacionada con la seguridad y la defensa nacional.
La instrucción judicial ha concluido y las actuaciones se encuentran en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que representa los intereses del CNI, deben concretar sus escritos y la posición procesal respecto a los dos investigados.
Por ahora, los dos agentes mantienen su inocencia y no existe una sentencia condenatoria. La causa deberá determinar si hubo realmente una operación de espionaje al servicio de una potencia extranjera, qué documentación pudo salir del CNI y si los contactos investigados formaban parte de una operación de captación o respondían a otras circunstancias.
El caso deja, en cualquier caso, una cuestión especialmente delicada para los servicios de inteligencia españoles: cómo dos integrantes de una estructura sometida a estrictos controles de seguridad pudieron, presuntamente, acceder a información sensible y extraerla durante un periodo prolongado sin que el sistema detectara inicialmente la operación.



