La ciudad autónoma de Ceuta vive una nueva situación de máxima presión migratoria tras la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, la mayoría accediendo a territorio español a nado desde las costas marroquíes.
El incremento sostenido de entradas ha desbordado la capacidad de acogida del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ha obligado a reforzar los dispositivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo, y ha abierto un intenso debate político sobre la respuesta del Gobierno y el marco jurídico aplicable a estas entradas irregulares.
Las imágenes de centenares de personas, entre ellas numerosos menores, lanzándose al mar para bordear los espigones de Benzú y El Tarajal recuerdan inevitablemente a la crisis migratoria de mayo de 2021, aunque en esta ocasión el flujo se está produciendo de forma continuada durante varios días en lugar de concentrarse en una sola jornada.
Las autoridades ceutíes alertan de que el ritmo de llegadas ronda varios centenares de personas al día, lo que dificulta la identificación, asistencia sanitaria, alojamiento y posterior tramitación administrativa de los recién llegados.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calificado la situación como una «emergencia humanitaria y social» y ha solicitado al Gobierno central que declare la emergencia nacional, establezca un mando único para coordinar la respuesta y aporte más recursos humanos y materiales. Según Vivas, la presión migratoria supera la capacidad ordinaria de la ciudad, tanto en materia de acogida como de seguridad y servicios públicos.
Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado, por el momento, recurrir a esa figura jurídica. El Gobierno sostiene que la legislación vigente sobre protección civil no contempla los flujos migratorios como supuesto para declarar una emergencia de interés nacional y defiende que la gestión puede afrontarse mediante los mecanismos ordinarios de coordinación entre administraciones y fuerzas de seguridad.
Lejos de limitarse al despliegue policial, la principal respuesta del Ejecutivo está siendo diplomática. Sánchez ha asegurado que España trabaja de forma coordinada con Marruecos para adoptar las «medidas necesarias» que permitan recuperar la normalidad en la frontera, mientras el Ministerio del Interior mantiene contactos permanentes con las autoridades marroquíes para contener las salidas y agilizar los procedimientos de devolución cuando la legislación lo permita.
Fruto de esa cooperación, ambos países han acordado reforzar los mecanismos de coordinación para acelerar la devolución de quienes hayan entrado irregularmente en Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto desplazarse a la ciudad para supervisar el dispositivo y evaluar sobre el terreno las necesidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Gobierno es el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, que ha establecido que las conocidas como «devoluciones en caliente» no pueden aplicarse automáticamente a quienes acceden a territorio español por vía marítima, incluso aunque lo hagan a nado desde Marruecos.
El alto tribunal considera que la normativa vigente fue diseñada para intentos de entrada por las vallas fronterizas y no para accesos por mar, lo que obliga a tramitar estos casos mediante procedimientos individualizados salvo que exista una reforma normativa o nuevos mecanismos de control compatibles con el ordenamiento jurídico.
Esta resolución judicial ha añadido complejidad a la gestión de la crisis. El Gobierno sostiene que las redes dedicadas al tráfico de personas podrían estar aprovechando la nueva interpretación del Supremo para difundir entre los migrantes la idea de que quienes lleguen a nado tendrán mayores posibilidades de permanecer en territorio español, aunque las autoridades insisten en que las devoluciones continúan siendo posibles cuando concurren los requisitos legales y existe cooperación con Marruecos.
Mientras tanto, la presión política continúa aumentando. El Partido Popular y Vox respaldan la petición de Juan Jesús Vivas para declarar la emergencia nacional y reclaman un endurecimiento de la política migratoria, mientras organizaciones como Comisión Española de Ayuda al Refugiado recuerdan la necesidad de combinar el control fronterizo con el respeto al derecho internacional, la protección de los menores y la atención humanitaria a quienes arriesgan la vida en el mar.
Más allá de la confrontación política, la situación vuelve a poner de manifiesto la especial vulnerabilidad de Ceuta como frontera exterior de la Unión Europea. La combinación de proximidad geográfica con Marruecos, la actuación de las mafias de tráfico de personas, la presión migratoria procedente del África subsahariana y del Magreb y las limitaciones jurídicas para gestionar determinadas entradas convierten a la ciudad autónoma en uno de los principales puntos sensibles de la política migratoria española y europea.
A corto plazo, el éxito de la estrategia del Gobierno dependerá tanto de la cooperación con Rabat como de su capacidad para reforzar la acogida, mantener el control de la frontera y evitar que la crisis derive en una situación de mayor tensión humanitaria y de seguridad.
