Las investigaciones abiertas por los grandes incendios forestales registrados en España durante el verano de 2026 han permitido identificar a decenas de personas como presuntos responsables, aunque en la mayoría de los casos todavía no existe una resolución judicial definitiva. Los investigadores diferencian además entre incendios presuntamente intencionados, fuegos provocados por negligencias graves y siniestros originados accidentalmente por maquinaria, vehículos o instalaciones eléctricas.
La propia Fiscalía de Medio Ambiente ha advertido de la dificultad de determinar el origen de muchos incendios: a mediados de agosto estimaba que alrededor del 60% de los fuegos del verano todavía tenían entonces la causa sin determinar.
El último balance conocido de la Fiscalía de Medio Ambiente permite dimensionar el fenómeno. En lo que va de 2026 se contabilizan 272 personas investigadas por delitos relacionados con incendios forestales, casi un 40% más que en el mismo periodo de 2025. De ellas, 51 han sido detenidas y 11 han ingresado en prisión provisional durante este verano. La cifra de detenidos, por tanto, no equivale al número de personas finalmente acusadas o condenadas: muchas investigaciones permanecen todavía en fase de instrucción y será necesario determinar posteriormente si existen pruebas suficientes para presentar acusación ante los tribunales.
Uno de los casos que ha tenido una evolución judicial más relevante es el incendio de Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid, declarado el 16 de julio y responsable de la destrucción de unas 868 hectáreas. El hombre detenido como presunto autor permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza, después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara el pasado 1 de septiembre la decisión inicial del juzgado. Los magistrados consideran que existen indicios racionales de su posible participación en el origen del fuego. Durante su detención llevaba un mechero, tabaco y papel higiénico y, según consta en las actuaciones conocidas, habría pronunciado la expresión «que arda España». La decisión de la Audiencia significa que, a la hora de elaborar esta información, continúa privado de libertad mientras prosigue la investigación.
También permanece abierta con especial intensidad la investigación del incendio de Las Peñas de Riglos y Santa María de la Peña, en Huesca, uno de los episodios más graves del verano. Un trabajador de 28 años fue detenido inicialmente y enviado a prisión provisional como presunto responsable. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Huesca revocó posteriormente la prisión al considerar que no existían indicios suficientemente sólidos para mantener una medida cautelar tan grave.
El tribunal sí consideró acreditada su presencia en el lugar y en el momento en que comenzó el fuego, pero entendió que eso no permitía concluir que hubiera sido él quien lo inició. Quedó, por tanto, en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer tres veces por semana ante el juzgado.
La investigación, sin embargo, no se ha cerrado. El sumario incorpora centenares de páginas, vídeos, declaraciones de testigos, informes técnicos y análisis de las circunstancias que rodearon el inicio del fuego. La Fiscalía ha solicitado incluso el análisis de los teléfonos móviles del investigado y nuevos informes técnicos. Tanto la Fiscalía Provincial de Huesca como el Gobierno de Aragón han pedido ahora que se revise su situación personal y que vuelva a decretarse la prisión provisional, argumentando, entre otras cuestiones, un supuesto incremento del riesgo de fuga debido a su traslado a la Comunidad Valenciana.
En Burgohondo, Ávila, la investigación policial apuntó a una imprudencia grave como origen del incendio. La Guardia Civil detuvo a una persona y tomó declaración como investigada a otra después de determinar que una chispa producida por maquinaria pesada pudo iniciar el fuego en una zona donde su utilización estaba expresamente prohibida por el elevado riesgo de incendio. A ambos se les atribuyen provisionalmente delitos de incendio forestal y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El procedimiento ha pasado ya al ámbito judicial: el Tribunal de Instancia de Ávila ha abierto diligencias previas para determinar las posibles responsabilidades penales por el enorme incendio, que provocó decenas de miles de evacuados y una superficie quemada extraordinaria.
El incendio de Almorox, en Toledo, constituye otro ejemplo de una investigación en la que los indicios apuntan a una conducta negligente y no necesariamente a una acción deliberada. La Guardia Civil detuvo a dos hombres, de 51 y 42 años, después de determinar que se encontraban realizando trabajos de soldadura en una finca situada en terreno forestal cuando las condiciones meteorológicas y la normativa prohibían este tipo de actividades. Los investigadores localizaron indicios de trabajos recientes de soldadura en el punto de inicio del fuego.
Los dos detenidos de Almorox fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad provisional con medidas cautelares. El juez les retiró el pasaporte, les prohibió abandonar España y estableció comparecencias periódicas ante el juzgado. La imputación continúa siendo provisional y la investigación judicial deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno y, eventualmente, si procede formular acusación formal.
Cataluña
En Cataluña, uno de los casos más claros de presunto incendio intencionado es el de Carme, en la comarca del Anoia. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre de 58 años al que atribuyen el incendio del 6 de julio, que afectó a más de 450 hectáreas y obligó a confinar a unos 33.000 vecinos. La investigación conjunta de Mossos y Agentes Rurales permitió relacionarlo además con otros dos incendios, uno registrado el 29 de junio de este año y otro ocurrido en 2024. La utilización de testimonios y cámaras de seguridad fue determinante para identificarlo.
En este caso, la respuesta judicial ha sido especialmente contundente: el detenido, que no tenía antecedentes, ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado por un delito de incendio forestal agravado. A diferencia de otros casos en los que la investigación apunta a una negligencia, aquí los investigadores sostienen que se trató de un fuego provocado deliberadamente.
También en Cataluña, los Mossos detuvieron en agosto a un hombre de 53 años por el incendio de Castellví de la Marca, en Barcelona. El fuego afectó a 9,46 hectáreas del espacio protegido El Montmell-Marmellar. La investigación determinó que el vehículo del sospechoso apareció completamente calcinado cerca del punto de inicio y que un testigo había visto poco antes un automóvil circulando a gran velocidad por la pista forestal. La policía y los Agentes Rurales atribuyen provisionalmente el incendio a una imprudencia grave.
En Córdoba, las investigaciones han continuado incluso después de apagados los incendios. El SEPRONA ha esclarecido cinco fuegos registrados durante julio en Córdoba capital, Fuente Obejuna, Belalcázar y Carcabuey, que afectaron conjuntamente a unas 23,5 hectáreas. Cinco personas están siendo investigadas como presuntas responsables. Solo uno de los incendios ha sido considerado intencionado; los demás estarían relacionados con distintas negligencias, entre ellas deficiencias en líneas eléctricas, utilización de herramientas capaces de generar chispas, maquinaria agrícola empleada sin las medidas preventivas necesarias y un vehículo con problemas en su sistema eléctrico. Las diligencias han sido remitidas a los órganos judiciales y a la Fiscalía de Medio Ambiente.
Otro procedimiento relevante se encuentra en Cerro Muriano, también en Córdoba. La Guardia Civil detuvo el 7 de septiembre a tres personas y mantiene a una cuarta como investigada por su presunta responsabilidad en el incendio del 24 de julio. La investigación del SEPRONA concluyó que el fuego se originó en un camión cargado de paja debido a un inversor de corriente conectado a la batería que no estaba homologado ni autorizado y que podía alcanzar temperaturas muy elevadas. El incendio afectó a 189 hectáreas, incluyendo 6,5 hectáreas de una Zona de Especial Conservación, obligó al desalojo de 273 personas y generó un coste de extinción superior a 800.000 euros. Los cuatro implicados han sido puestos a disposición judicial y las diligencias se han remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente.
En Meaño, Pontevedra, la investigación se dirige contra un presunto incendiario al que se atribuyen numerosos fuegos provocados intencionadamente en las parroquias de Xil, Dena y Simes. La investigación conjunta de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta y el SEPRONA se había iniciado ya en 2025 y permitió poner al sospechoso a disposición judicial en julio de 2026. La Xunta señala que los últimos hechos investigados corresponden al incendio registrado la noche del 12 de junio.
Estos casos permiten establecer una diferencia importante entre incendiario, autor de un incendio por negligencia y persona simplemente investigada. No todas las detenciones corresponden a personas que hayan prendido fuego deliberadamente. En algunos de los grandes incendios del verano, los investigadores han encontrado una relación directa entre el fuego y actividades prohibidas, como trabajos de soldadura o utilización de maquinaria pesada. En otros, existen indicios de intencionalidad. Y en numerosos incendios todavía no se ha conseguido establecer quién los provocó o incluso cuál fue exactamente su causa.
Los datos manejados por la Guardia Civil apuntaban en agosto a que aproximadamente el 10% de los incendios eran intencionados, frente a un 31% accidental y un 26% relacionado con negligencias; el 32% restante correspondía entonces a causas fortuitas, principalmente naturales.
La situación judicial de los principales investigados muestra, por tanto, un panorama muy desigual. Algunos permanecen en prisión provisional, como los investigados por los incendios de Lozoyuela y Carme; otros han quedado en libertad con medidas cautelares, como los dos investigados por Almorox y, por el momento, el principal investigado por Riglos; mientras que en otros procedimientos todavía se están practicando diligencias para determinar responsabilidades. En el caso de Burgohondo, por ejemplo, la apertura de diligencias judiciales supone el comienzo de una investigación penal que puede prolongarse durante meses debido al extraordinario número de afectados y a la complejidad de determinar las responsabilidades civiles y penales.
El elemento común de todas estas investigaciones es la dificultad de convertir una hipótesis sobre el origen del fuego en una prueba judicial suficiente. Las elevadísimas temperaturas destruyen con frecuencia huellas, ADN y otros vestigios; las labores de extinción pueden alterar el escenario inicial y, además, muchos incendios se producen en zonas aisladas donde apenas existen testigos. Por ello, los investigadores recurren cada vez más a cámaras de vigilancia, teléfonos móviles, análisis de vehículos, imágenes aéreas, meteorología, reconstrucción de la propagación del fuego y estudios técnicos del punto exacto de ignición.
Así, el verano de 2026 deja muchas investigaciones abiertas pero todavía pocas causas judiciales concluidas. El dato de 272 personas investigadas y 51 detenidas evidencia una intensa actividad policial, pero no significa que todas ellas vayan a terminar condenadas. Será la instrucción judicial, con los informes del SEPRONA, las brigadas de investigación de incendios, los agentes medioambientales y la Fiscalía, la que determine qué hechos pueden ser acreditados y qué personas deben responder penalmente.
La propia Fiscalía recuerda además que el delito de incendio forestal puede alcanzar penas muy elevadas cuando el fuego pone en peligro la vida o integridad física de las personas. La gravedad de las consecuencias —superficie quemada, viviendas destruidas, evacuaciones, daños ambientales y riesgo para la población— será determinante para establecer las responsabilidades que finalmente puedan exigirse a los autores.
La fotografía judicial del verano es todavía provisional: hay detenidos que continúan en prisión, otros que han recuperado la libertad con restricciones, investigaciones que acaban de llegar a los tribunales y numerosos incendios cuyo origen sigue siendo objeto de investigación. En los próximos meses será cuando muchas de estas actuaciones policiales se transformen —o no— en acusaciones formales y permitan conocer quiénes deberán sentarse finalmente en el banquillo.
