El comunicado difundido este jueves por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos supone el primer gran movimiento político de Rabat después de que España haya desclasificado los documentos relativos a la crisis migratoria que provocó la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Y su lectura permite identificar una estrategia muy definida: Marruecos niega cualquier responsabilidad institucional, cuestiona la utilización política del episodio en España y, al mismo tiempo, intenta preservar el marco de cooperación bilateral construido durante los últimos años.
Acceda aquí al comunicado oficial
La respuesta de Rabat llega, además, en un momento especialmente delicado. Los 40 documentos desclasificados por el Gobierno español muestran que el Centro Nacional de Inteligencia había detectado previamente convocatorias en redes sociales para intentar entrar en Ceuta tanto por mar como por la valla.
El 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, el CNI trasladó esa información a los servicios de inteligencia marroquíes. La comunicación incluía referencias a grupos de Facebook y WhatsApp con una enorme capacidad de difusión y advertía de que la movilización podía aprovechar la celebración de la Fiesta del Trono.
La primera línea de defensa: “no existe evidencia”
El argumento central de Rabat es categórico: no existe ningún dato que permita establecer la implicación de las autoridades marroquíes en la operación migratoria.
Esta precisión es importante. Marruecos no está afirmando necesariamente que sus servicios de seguridad desconocieran la existencia de movimientos o convocatorias. De hecho, los documentos españoles muestran que los servicios marroquíes recibieron información procedente del CNI. Lo que Rabat rechaza es el salto lógico entre conocer una amenaza y haberla organizado, promovido o permitido deliberadamente.
La distinción será fundamental en los próximos meses. La documentación española acredita que Marruecos fue informado. Pero los documentos conocidos hasta ahora no demuestran que las autoridades marroquíes ordenaran una apertura de la frontera ni que organizaran la movilización. Incluso las referencias de la Guardia Civil a una posible connivencia aparecen como hipótesis de análisis y no como una conclusión de inteligencia acreditada.
Por ello, el comunicado de Bourita trata de cerrar precisamente esa brecha: Rabat acepta el hecho de la crisis, pero rechaza la interpretación de que detrás existiera una actuación deliberada del Estado marroquí.
La cuestión incómoda: Marruecos sí fue advertido
Aquí aparece la principal zona gris.
El CNI envió el 29 de julio una nota urgente a los servicios de inteligencia marroquíes en la que advertía de la planificación de varias convocatorias para realizar entradas en Ceuta a nado y a través de la valla. El mensaje incorporaba capturas de publicaciones de redes sociales y señalaba que los promotores pretendían aprovechar la celebración de la Fiesta del Trono.
Uno de los mensajes detectados hablaba explícitamente de aprovechar el momento en que las autoridades marroquíes estuvieran ocupadas con la celebración. En paralelo, el CNI había mantenido comunicaciones con la Delegación del Gobierno y con la Guardia Civil.
Por tanto, una de las preguntas fundamentales ya no es si Marruecos sabía que existía una convocatoria, porque los documentos indican que recibió esa información.
La pregunta es otra:
¿Qué hizo Marruecos después de recibirla?
Y esa pregunta resulta especialmente relevante porque los informes elaborados durante la crisis describen una respuesta marroquí que, al menos inicialmente, fue considerada insuficientemente proactiva por los servicios españoles.
La Guardia Civil llegó a manejar varias hipótesis para explicar esa conducta: desde una sorpresa operativa hasta una posible connivencia de autoridades marroquíes. El propio informe señalaba que no podía determinarse si la falta de proactividad respondía a una circunstancia coyuntural o a instrucciones concretas.
Es decir: hay indicios de una falta de reacción; no hay, por ahora, una prueba pública de una orden política para facilitar la entrada.
Rabat cambia el terreno de juego
Precisamente por eso el comunicado marroquí de este jueves tiene una segunda dimensión mucho más política.
Bourita intenta desplazar el debate desde la actuación de Marruecos durante la crisis hacia la utilización que determinados actores españoles estarían haciendo posteriormente de esa crisis.
El Ministerio acusa a sectores políticos y mediáticos españoles de utilizar Marruecos como elemento de confrontación interna y rechaza que el país pueda convertirse en un “chivo expiatorio” de las disputas políticas españolas. El comunicado emplea además un lenguaje particularmente duro al referirse a una dinámica que considera irracional y populista.
El mensaje tiene un destinatario evidente aunque no necesariamente explícito: la política española.
Rabat está diciendo, en esencia, que una cuestión que afecta a la seguridad fronteriza y a las relaciones bilaterales no puede convertirse en un arma de confrontación partidista.
Y esta es probablemente una de las partes más calculadas del comunicado.
Porque Marruecos no responde únicamente a las acusaciones sobre Ceuta. Responde también al debate político español que se ha producido alrededor de Ceuta.
El mensaje al Partido Popular
Aunque el comunicado no tenga por qué mencionar expresamente a un partido determinado, la referencia a sectores políticos españoles que, según Rabat, han caído en un terreno “irracional y populista” ha sido interpretada como una alusión al Partido Popular y a las críticas lanzadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis.
Rabat parece haber elegido deliberadamente ese terreno.
La estrategia consiste en presentar las acusaciones sobre Marruecos como parte de una batalla política española, no como el resultado de una evidencia objetiva sobre una actuación marroquí.
Es una manera de intentar desactivar el argumento más peligroso para Rabat: que la crisis de Ceuta pudiera convertirse en una cuestión de Estado que obligara a España a revisar su relación con Marruecos.
Porque ese escenario tendría consecuencias mucho mayores.
La relación bilateral como línea roja
Marruecos no parece interesado en una ruptura con España.
Y este aspecto resulta esencial para comprender el comunicado.
Rabat reivindica la etapa abierta en las relaciones bilaterales y el modelo de cooperación existente entre ambos países. La diplomacia marroquí sabe perfectamente que España necesita la cooperación de Marruecos en ámbitos como la inmigración irregular, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la seguridad marítima y la cooperación policial.
Pero Marruecos también necesita esa relación.
Por eso el comunicado funciona simultáneamente en dos direcciones.
Hacia dentro: niega las acusaciones y responde con dureza a quienes responsabilizan a Rabat.
Hacia Madrid: transmite que la crisis de Ceuta no debería destruir el actual marco de cooperación.
Es una estrategia diplomática clásica: endurecer el discurso sin romper el puente.
Lo que Marruecos no dice
Y quizá sea precisamente aquí donde el comunicado adquiere mayor interés periodístico.
Rabat niega haber participado en la operación, pero no parece ofrecer una explicación completa sobre la actuación de sus propios mecanismos de seguridad durante las horas críticas.
No responde, al menos de forma exhaustiva, a una pregunta fundamental: ¿por qué una información transmitida por los servicios de inteligencia españoles sobre convocatorias concretas no produjo una reacción suficientemente contundente antes del 30 de julio?
Tampoco resuelve la cuestión planteada en los informes españoles sobre el despliegue real de las fuerzas marroquíes en la frontera.
Y existe otro elemento especialmente significativo: la documentación española indica que durante la propia crisis se observó una falta de proactividad de las autoridades marroquíes y que los servicios españoles llegaron a estudiar diferentes explicaciones para esa conducta.
Por tanto, la negación de responsabilidad no equivale a una explicación completa de lo ocurrido.
Ese es probablemente el punto en el que la investigación periodística debe continuar.
El CNI tampoco sale indemne
La desclasificación tampoco permite construir un relato sencillo en el que toda la responsabilidad recaiga sobre Marruecos.
Los propios documentos muestran que los servicios españoles detectaron las convocatorias, pero no fueron capaces de anticipar la verdadera dimensión de lo que iba a suceder.
El CNI ha reconocido que no anticipó la magnitud y naturaleza del fenómeno. El Gobierno, por su parte, insiste en que las comunicaciones conocidas no constituyeron una alerta formal y que no existía una estimación que permitiera prever una entrada de decenas de miles de personas.
Aquí aparece otra cuestión esencial: avisar de una convocatoria no es lo mismo que anticipar una crisis de dimensiones extraordinarias.
Los documentos prueban que existía información previa.
No prueban que España supiera que se produciría una entrada de la magnitud finalmente registrada.
Y esa diferencia debería mantenerse con rigor.
La gran incógnita: ¿fallo, pasividad o estrategia?
La documentación conocida permite establecer tres escenarios.
El primero es el fallo operativo: Marruecos recibió información, pero sus servicios no calcularon correctamente la magnitud de la amenaza.
El segundo es la pasividad política o administrativa: las autoridades conocieron la movilización y no reaccionaron con suficiente rapidez, quizá porque subestimaron sus consecuencias.
El tercero es el escenario más grave: una utilización deliberada de la presión migratoria como instrumento de política exterior.
Pero este último escenario, por ahora, requiere pruebas que no han aparecido públicamente.
Los informes españoles llegaron a contemplarlo como hipótesis, pero una hipótesis de inteligencia no es una prueba judicial ni una conclusión definitiva.
Esta distinción es especialmente importante para evitar que el análisis de Ceuta se convierta en una sucesión de acusaciones sin evidencias suficientes.
El factor Argelia
Hay además un elemento geopolítico que merece atención.
Entre las hipótesis recogidas por los servicios españoles aparece la posibilidad de que la actitud marroquí estuviera relacionada con acontecimientos políticos recientes, entre ellos la reunión del presidente del Gobierno español con Argelia y otros elementos de la relación bilateral.
Si esa hipótesis llegara a confirmarse mediante nuevas pruebas, la lectura de la crisis cambiaría radicalmente.
Porque entonces Ceuta dejaría de ser exclusivamente un episodio migratorio para convertirse en un episodio de presión geopolítica en el Magreb y de utilización de la frontera como instrumento de influencia.
Pero, nuevamente, hoy esa posibilidad debe manejarse como hipótesis, no como hecho probado.
Los menores: otra pieza del discurso marroquí
Marruecos introduce además en su respuesta la cuestión de los menores marroquíes que permanecen en Ceuta.
Con ello Rabat intenta introducir una dimensión humanitaria en un debate dominado por la seguridad y la soberanía.
El mensaje es claro: Marruecos se presenta como país de origen que reclama el retorno de sus menores y cuestiona por qué permanecen alejados de sus familias.
Desde la perspectiva diplomática, es una maniobra inteligente porque permite a Rabat abandonar parcialmente el terreno de la acusación sobre seguridad y trasladar la conversación a los derechos y la reunificación familiar.
Ceuta vuelve al centro de la relación España-Marruecos
Lo verdaderamente relevante es que la crisis de julio ha vuelto a colocar a Ceuta en el centro de la relación bilateral.
Durante los últimos años, Madrid y Rabat habían conseguido reducir considerablemente la tensión pública sobre Ceuta y Melilla. La cooperación migratoria había sido uno de los pilares fundamentales de esa relación.
Ahora, la crisis obliga a revisar una cuestión incómoda: hasta qué punto la seguridad de Ceuta depende de la cooperación de un país tercero y qué ocurre cuando esa cooperación falla, se retrasa o no responde a las expectativas españolas.
Y ahí se encuentra probablemente la cuestión estratégica de fondo.
Ceuta es territorio español y frontera exterior de la Unión Europea. Pero físicamente está situada en el norte de África y rodeada por territorio marroquí.
Esa realidad convierte cualquier crisis migratoria en un problema simultáneamente local, nacional, bilateral y europeo.
La batalla que comienza ahora
El comunicado de Bourita no cierra la crisis. En realidad, abre una nueva fase de ella.
Hasta ahora el debate se centraba principalmente en qué ocurrió durante aquellos dos días de julio.
A partir de ahora, la batalla se trasladará a tres preguntas:
¿Qué sabía España?
Los documentos desclasificados muestran que existía información previa, aunque no una previsión precisa de la magnitud.
¿Qué sabía Marruecos?
Sabemos que recibió una comunicación del CNI sobre convocatorias concretas para entrar en Ceuta.
¿Qué hizo Marruecos con esa información?
Esta es probablemente la pregunta más importante que permanece abierta.
Y es precisamente la que el comunicado de Bourita no termina de responder.
La conclusión más rigurosa, por tanto, no es que Marruecos organizara el asalto ni que España conociera de antemano la dimensión de la avalancha. Lo que los documentos permiten afirmar es que existió una cadena de señales previas, que el CNI comunicó a Marruecos la existencia de convocatorias concretas, que España no dimensionó correctamente la amenaza y que los informes internos cuestionaron la falta de proactividad inicial de las autoridades marroquíes.
Sobre esa base se abren varias hipótesis, pero todavía no una conclusión definitiva sobre la responsabilidad de Rabat.
Y ahí está precisamente la importancia del comunicado de Bourita: Marruecos se adelanta a cualquier eventual conclusión política o judicial y fija su propia narrativa: conocía el problema, pero no lo provocó; cooperó, pero no acepta ser responsabilizado; y no permitirá que Ceuta sea utilizada como instrumento de confrontación política interna española.
La cuestión decisiva será ahora si las investigaciones españolas consiguen transformar las sospechas sobre la actuación marroquí en hechos demostrables.
Porque entre la pasividad, la negligencia, la incapacidad operativa y la connivencia política existe una distancia enorme. Y los 40 documentos desclasificados permiten recorrer parte de ese camino, pero todavía no permiten llegar al final.
