Más de dos meses, sesenta cinco días con inmigrantes instalados en las playas de Ceuta, a la vista de cámaras, delegaciones y ministerios, sin que nadie en el Gobierno pareciera advertir que aquello era un problema. Y de pronto, una mañana, el milagro: furgones, antidisturbios, militares, lanchas en el mar, un despliegue que no se veía desde las maniobras de fin de curso. La pregunta no es si la operación era necesaria. Lo era, y lo era desde la primera semana. La pregunta es por qué ahora, y la respuesta, como casi siempre en este país, huele a calendario.
Conviene empezar por lo evidente, que es lo que el aparato de comunicación confía en que nadie se detenga a mirar. Un Estado que tarda dos meses en ejecutar una orden que podía ejecutar en dos días no está siendo prudente, ni garantista, ni dialogante. Está esperando algo y cuando la autoridad espera, lo que espera casi nunca es una mejora de las condiciones humanitarias; suele ser una mejora de las condiciones políticas.
El desalojo se produce el mismo día en que se convocan elecciones. Qué casualidad tan providencial. Durante semanas, la inacción fue política de Estado: ni una orden, ni un plan, ni una explicación. Y durante mi jornada de reflexión y el día en que arranca la carrera por los votos, la autoridad se despierta con unas ganas irrefrenables de ejercer la autoridad. Quien crea que esto es fruto del azar administrativo debería revisar también su fe en los Reyes Magos.
Hay una lógica fría detrás de la coincidencia. Una campaña electoral se construye sobre imágenes, y pocas imágenes rinden tanto como la de un Gobierno que parece haber recuperado el control de una frontera que tenía y tiene desatendida. Las playas vaciadas, los agentes desplegados, la maquinaria del Estado en movimiento: material perfecto para los telediarios, para las redes, para los comunicados de los portavoces. El problema no se resuelve, pero se fotografía como si se hubiera resuelto, que en política de calendario viene a ser lo mismo.
Y aquí asoma la hipocresía de fondo. Durante semanas se nos explicó, con la solemnidad de quien recita un manual, que la situación era compleja, que había que actuar con proporcionalidad, que no cabían soluciones rápidas. Complejidad, proporcionalidad, cautela: palabras magníficas que se evaporan en cuanto una urna aparece en el horizonte. De pronto la complejidad desaparece y la solución rápida existe, estaba guardada en un cajón, y se saca a pasear justo cuando más rédito promete. Si la herramienta estaba disponible hoy, estaba disponible hace dos meses. Lo único que ha cambiado entre una fecha y otra es la agenda electoral.
Cabe además una pregunta incómoda sobre el cálculo político. Un Ejecutivo que pretende presentarse ante los ciudadanos con credenciales de firmeza migratoria necesita una escena que lo acredite. Hacerlo antes habría sido gestionar; hacerlo ahora es hacer campaña. La diferencia no está en los agentes ni en los furgones, sino en el momento elegido, y el momento lo dice todo. La política que actúa cuando conviene y no cuando corresponde se llama oportunismo, por mucho que se vista de política de seguridad.
Segundo acto de la función: la visita de la Corona. Resulta que el jefe del Estado va a pisar Ceuta, y de repente las playas, que llevaban más de dos meses sirviendo de campamento improvisado, ofenden la estética institucional. Nadie se había escandalizado antes. Nadie había encontrado indigna la imagen de personas durmiendo a la intemperie, ni preocupante la vulnerabilidad sanitaria, ni antiecológico la contaminación marina que se estaba produciendo, ni intolerable la presión sobre una ciudad pequeña, aislada y ya de por sí sometida a tensiones que el resto del país prefiere ignorar. Pero que el Rey visite la ciudad y que no tenga palabras indignas que soltar en su posible alocución es otra cosa: eso exige arena limpia.
No se desaloja por el derecho, ni por la seguridad, ni por la dignidad de quienes dormían en la playa. Se desaloja para que la foto de la jornada no salga estropeada. Es el viejo método de los fastos oficiales: se pinta la fachada, se barre la calle, se recoge lo que estorba y se despacha a los incómodos antes de que llegue el invitado de honor. Lavado de cara, en el sentido más literal que admite la expresión. Y lo que se esconda bajo la alfombra ya lo recogerá otro gobierno, o la propia ciudad, que es la que se queda cuando se apagan los focos y se marchan los fotógrafos.
Hay en esto una dosis de cinismo que merece subrayarse. Se instrumentaliza a la institución más simbólica del Estado, la que debería estar por encima de la refriega, como coartada para actuar con una celeridad que nunca se aplicó a los problemas reales de los ceutíes. Una visita real no es una razón jurídica ni un criterio humanitario; es un compromiso de agenda. Que un compromiso de agenda consiga lo que dos meses de problemas no lograron dice bastante sobre las prioridades de quienes gobiernan. Cuando el decoro protocolario y el callar bocas molestas pesa más que la urgencia social, algo ha fallado en el orden de los factores.
Y el daño no es solo de fondo, sino de forma. Utilizar la figura del Rey como justificación implícita deja a la Corona expuesta a una lectura desagradable: la de ser el motivo por el que se actúa, no la autoridad ante la que se rinden cuentas. Un Gobierno con algo de sentido institucional habría evitado esa asociación. Este prefirió la comodidad de la coincidencia.
Pasemos a lo que de verdad importa, a lo que no sale en las fotos y sí en las facturas: el coste de la demora. Porque la espera no fue gratuita, ni neutra, ni inocente. Cada semana de pasividad era una semana en que la devolución a Marruecos se complicaba un poco más.
La razón es de manual y cualquier técnico en extranjería la conoce. Cuanto antes se actúa, más sencillo es el retorno: las personas no han generado arraigo, no tienen expedientes abiertos, no han interpuesto recursos, no han entrado en el circuito de asistencia, no cuentan con representación legal que impugne cada paso. Con el paso de los días todo eso se acumula. Aparecen los trámites, los plazos, las solicitudes de protección, los escritos, las citas, los traslados. Cada una de esas piezas es un obstáculo adicional para la expulsión, y cada una de ellas se fabrica, en buena medida, con tiempo. El tiempo que el Gobierno regaló.
Si se hubiera actuado al principio, el volumen de retornos habría sido mucho mayor y mucho más rápido. La operación habría tenido sentido operativo: grupos más reducidos, situaciones menos consolidadas, cooperación más ágil con el país de destino. En lugar de eso, hemos dejado que la situación se enquiste hasta convertirla en otra cosa. Hoy tenemos a esa gente trasladada a campamentos, con trámites en marcha, con abogados, con plazos y con una burocracia que convierte la expulsión en un proceso de meses o de años. Lo que pudo resolverse en días o semanas se ha transformado en un problema de largo recorrido, mucho más caro y mucho más difícil de revertir.
Lo más irritante es la forma en que esa demora se presentará ante la opinión pública. Se nos dirá que el Gobierno ha actuado con firmeza, que ha restablecido el orden, que ha puesto fin a una situación inaceptable. Pero la situación inaceptable la creó, o la toleró, el propio Gobierno. Dejar pudrir un asunto durante dos meses y después presentarlo como una crisis resuelta a golpe de despliegue es la estrategia favorita de quien no gestiona nada: se deja que el incendio crezca para poder lucirse con la manguera.
Hay además una consecuencia que rara vez se cuenta: la del efecto llamada de la inacción. Un Estado que tolera dos meses de campamento en una playa envía una señal inequívoca a quienes valoran si merece la pena intentar la entrada. Un Estado que desaloja a los pocos días envía la contraria. La pasividad no solo encareció el problema ya existente; contribuyó a alimentar el siguiente. Cuando la política migratoria se improvisa al ritmo de los sondeos, las señales que se emiten son erráticas, y los que toman decisiones al otro lado de la frontera saben leerlas mejor que nuestros ministros.
Llegamos al punto más delicado, el que mejor explica por qué el brío repentino puede no ser iniciativa propia. España se negó a firmar el decreto que aceleraba estas repatriaciones. Lo que se presentó como una cuestión de principios o de prudencia jurídica dejó al país en una posición incómoda ante sus socios, que veían cómo Madrid rechazaba el instrumento por el solicitado y diseñado precisamente para agilizar casos como este.
Aquí cabe preguntarse, con la legítima desconfianza que merece cualquier cambio de rumbo sin explicación, si el despliegue de Ceuta no responde a un tirón de orejas desde Bruselas. Es perfectamente verosímil. Tras el desplante, no sería extraño que llegara algún aviso discreto de la Unión Europea, de esos que nunca constan en acta y siempre se perciben en las consecuencias: o hacen ustedes algo visible y creíble en Ceuta, o la frontera sur deja de ser un asunto bilateral y se convierte en una cuestión de reputación comunitaria. A nadie le gusta que sus socios cuestionen su capacidad para vigilar una frontera exterior de la Unión, y menos aún en plena campaña.
De ser así, el desalojo no sería una decisión soberana, sino una respuesta a una presión externa maquillada de iniciativa propia. Se rechaza el mecanismo que aceleraba los retornos y, acto seguido, se improvisa un operativo para aparentar que se persigue el mismo objetivo por otra vía. Es el equivalente político de negarse a firmar un contrato y comprometerse después verbalmente a cumplir todo lo que decía. Una maniobra de apariencias, pensada para que Bruselas vea movimiento y para que el electorado vea contundencia, sin asumir el coste de haber adoptado el instrumento que realmente aceleraba el proceso.
Porque ese es el fondo de la incoherencia: un Gobierno que se niega a firmar la herramienta que facilitaba las repatriaciones y que, después, necesita con urgencia mostrar resultados en el terreno. Si el decreto era inadecuado, que se explique por qué, con argumentos jurídicos y políticos, y que se proponga una alternativa operativa. Si era adecuado, que se firme. Lo que no se sostiene es el limbo intermedio en el que se rechaza el mecanismo, se deja degradar la situación y se reacciona cuando la presión llega desde fuera. Eso no es una política migratoria; es una sucesión de reflejos.
La geopolítica de la frontera tampoco ayuda a la versión oficial. Cualquier devolución a Marruecos depende de una cooperación que Rabat concede o retira según su propio cálculo, y que ha convertido más de una vez la presión migratoria en palanca diplomática. Un Gobierno consciente de esa dependencia debería haber cuidado el asunto desde el primer día, con canales abiertos, con tiempos pactados, con una estrategia coherente. Lo que hemos visto es lo contrario: tiempos muertos, silencios y un golpe de efecto final. Quien negocia con un vecino que domina el grifo migratorio no puede permitirse llegar tarde, ni llegar con prisas, ni llegar con la mirada puesta en el calendario electoral.
Reunidas pues todas las piezas, el cuadro es el de una operación que cumple demasiados objetivos ajenos al problema que pretende resolver. Sirve para el escaparate electoral, porque llega el mismo día de la convocatoria. Sirve para el decorado institucional, porque limpia el escenario antes de la visita real. Sirve para aplacar a Bruselas, porque ofrece una imagen de reacción tras la negativa a firmar el decreto. Lo único para lo que sirve poco es para lo que se supone que debía servir: gestionar de forma ordenada, eficaz y humana una situación que se dejó crecer.
Mientras tanto, los que pagan la factura de este teatro son los de siempre. Pagan los ceutíes, que han convivido durante meses con una situación abandonada a su suerte y que ahora asisten a un despliegue que llega cuando conviene al poder, no cuando lo necesitaban ellos. Pagan los propios migrantes, utilizados como utilería en una escenografía electoral: primero tolerados para no incomodar, después retirados para no estorbar, y en ningún momento tratados como personas con una situación jurídica que merecía una respuesta clara y a tiempo. Y pagan los contribuyentes, que financiarán durante años lo que pudo resolverse en semanas.
Los demás, los que decidieron cuándo actuar y cuándo mirar hacia otro lado, seguirán explicando que todo respondió a una planificación rigurosa. Dos meses de planificación. Qué paciencia, qué método, qué dedicación a perfeccionar un operativo que cualquier cuerpo policial habría podido ejecutar, como algunos portavoces policiales ya dijeron, la primera semana o en 48 horas, como así ha sido. Y casualmente, el plan terminó de madurar el fin de semana de reflexión y ejecutarse el día de la convocatoria, con el Rey a punto de llegar y con Bruselas esperando una señal. La casualidad, en política, es el nombre que se da a las decisiones que nadie quiere reconocer.
Quizá sea esa la verdadera lección de Ceuta: que en este país una frontera se defiende a plazos, con los plazos de quien manda, y que las personas, las ciudades y hasta las instituciones se mueven en el tablero según convenga a la jugada. El problema no se ha arreglado, solo ha cambiado de decorado. Y cuando se apague la campaña y se marche la comitiva, volverá a hacerse evidente lo que esta función ha intentado ocultar: que cuando el Estado dejó pasar dos meses, no estaba esperando una solución. Estaba esperando el momento de que esa solución le saliera y fuera más rentable.
Vicente Reig Basset es Coronel de la Guardia Civil (Retirado), DSE. Fue Jefe de la Comandancias de Huesca y Las Palmas de Gran Canaria, Director de Seguridad de Mapfre en México, Jefe de los POMLT en Afganistán y Director Proyecto de la UE de Lucha al Narcotráfico en Bolivia.
