Esta semana, el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font, encabezó la promulgación de la nueva Ley Antiterrorista, que deroga la Ley 18.314, de 1984, creada durante la dictadura que lideró Augusto Pinochet.
Reformar la Ley Antiterrorista fue parte del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, del Compromiso Transversal por la Seguridad y de la agenda priorizada entre el Gobierno y el Congreso Nacional, explica el ejecutivo en un comunicado.
“Esta actualización de la Ley Antiterrorista es parte del esfuerzo mayor que estamos llevando a cabo para dejar a Chile en mejores condiciones para combatir al crimen organizado, avanzar con más y mejores herramientas para combatir el delito, con nuevas instituciones, con policías mejor equipadas y más protegidas”, aseguró Boric durante su presentación.
La nueva legislación mejora la definición de delito terrorista para facilitar la aplicación de la ley; crea el delito de asociación terrorista; sanciona también casos de terrorismo individual; crea el delito de favorecimiento de la asociación terrorista, e incluye técnicas especiales de investigación.
“El terrorismo no sólo es un ataque contra personas inocentes, es una agresión a la libertad, es una agresión a la democracia y a la convivencia pacífica. Por lo tanto, no es tolerado en Chile”, afirmó el Jefe de Estado.
“Hoy, tanto como alegrarnos porque estamos dictando una nueva ley, tenemos la ratificación de dar por derogada esta que para Chile fue sólo una mala experiencia y la hemos dejado atrás, producto de un trabajo que se ha hecho con mucha dedicación, con mucho compromiso y de manera transversal, para que diera la luz este nuevo proyecto”, destacó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.
Una vez comience su funcionamiento, el Ministerio de Seguridad Pública tendrá la facultad de querellarse por estos delitos además de la obligación de proponer al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, la cual deberá incluir una propuesta de reparación a víctimas.
El presidente Gabriel Boric Font también destacó que durante el Gobierno se han despachado más de 60 leyes en materia de seguridad y proyectó que en 2025 “vamos a seguir firmes para concretar transformaciones que son necesarias como el Sistema de Vigilancia del Estado, la creación del Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, la Fiscalía Supraterritorial y el Subsistema de Inteligencia Económica”.
