El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que pasa ahora a tramitación parlamentaria. El texto, que incorpora recomendaciones emitidas por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, se consolida como la primera gran revisión estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los últimos 40 años.
Esta reforma representa, en primer lugar, un cambio de modelo en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía, orientado, según el Gobierno, «a garantizar la igualdad de oportunidades y a atraer talento con independencia del origen económico o geográfico, con el fin de que el acceso se produzca exclusivamente por mérito y capacidad, según mandata la Constitución».
Para ello, la norma blinda las becas SERÉ, destinadas a aquellas personas que quieran opositar a los principales cuerpos del Poder Judicial y la Administración de Justicia, estableciendo que deberán tener cuantía mínima equivalente al SMI y una duración de hasta cuatro años. Además, el proyecto de ley prevé que el Centro de Estudios Jurídicos asuma una nueva función, como red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial, lo que contribuirá a una mayor homogeneidad formativa.
Y en relación con las pruebas de acceso, introduce un ejercicio práctico escrito, en sustitución de una de las pruebas orales existentes en la actualidad, y las anonimiza para asegurar la igualdad de oportunidades de los candidatos. En el acceso por el llamado «cuarto turno» (es decir, para juristas de reconocida competencia con más de una década de ejercicio), se antepone el ejercicio de redacción de un dictamen eliminatorio a la fase de valoración de méritos. Y para la estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos, regula un proceso extraordinario, cumpliendo así con los requerimientos de la Comisión Europea.
En materia de desarrollo profesional, el proyecto de ley regula el ascenso automático por antigüedad a los cinco años, mejora los procesos de especialización en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, y elimina la incompatibilidad para los jueces sustitutos y magistrados suplentes mientras no estén en activo.
La reforma también introduce mejoras en materia de integridad y transparencia institucional. Entre otras cuestiones, el CGPJ deberá conceder la compatibilidad para que jueces y magistrados puedan preparar opositores y gestionará un registro público de estos preparadores. Se prohíbe la financiación privada de asociaciones judiciales y se renueva la composición de la Comisión de Ética Judicial, con una representación más equilibrada entre el mundo judicial y académico.
Además, se moderniza el proceso de elección de las Salas de Gobierno de los tribunales, facilitando el voto telemático y limitando el voto a una sola candidatura individual por elector.
De igual modo, el Consejo de Ministros ha aprobado, en primera vuelta, una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, señala el G0obierno, «fortalece su autonomía y mejora su capacidad funcional. A la vez, adapta esta institución al nuevo papel que tendrá con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que convertirá al Ministerio Fiscal en el encargado de la instrucción de los procesos penales, como ocurre en el resto de países de la Unión Europea».
Se trata de la mayor reforma de la Ley 50/1981, que regula el Ministerio Público desde hace cerca de 45 años. Con ella, el Gobierno atiende, además, a las principales recomendaciones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) para el refuerzo de la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal.
Cambios en el mandato y cese del Fiscal General
Para garantizar su independencia, el mandato del Fiscal General del Estado será de 5 años y ya no coincidirá con el del Gobierno, como hasta ahora. Además, para impedir ceses discrecionales por parte del Gobierno, el FGE solo podrá ser cesado, en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.
La reforma, además, otorga mayor autonomía a esta institución. Así, el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al FGE y no al Gobierno, como hasta ahora. A la vez, se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del FGE si cuenta con el apoyo de, al menos, las 3/5 partes de sus miembros.
La norma también refuerza la transparencia del Ministerio Fiscal y de las asociaciones de fiscales, que no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros.
Asimismo, prevé la creación de un registro público de los fiscales encargados de preparar a opositores, que, además, necesitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado para hacerlo. La reforma aprobada por el Gobierno incluye también diversos cambios funcionales para facilitar que el Ministerio Fiscal se pueda ocupar de la instrucción de los procesos penales, tal y como prevé la futura LECrim. Así, el Ministerio Público pasará a dirigir la Policía Judicial en sus funciones de investigación del delito. Además, el Fiscal Jefe será el responsable de nombrar al fiscal o fiscales encargados de la investigación en cada caso.
El anteproyecto también incluye un régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
