La Prefectura de Policía de París ha recomendado a los comerciantes de la capital francesa que recurran a empresas de seguridad privada para proteger sus establecimientos ante el riesgo de nuevos episodios de violencia durante las movilizaciones previstas para los próximos días.
La advertencia, trasladada en una carta enviada este miércoles por el prefecto Patrice Faure, reconoce que el despliegue policial previsto no garantiza por sí solo la protección de todos los negocios.
La iniciativa se produce después de los saqueos, ataques y destrozos registrados durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, cuando numerosos establecimientos comerciales resultaron afectados en París y otras ciudades francesas. Las autoridades preparan ahora un dispositivo reforzado para las nuevas manifestaciones convocadas, entre ellas las previstas para este sábado, en un contexto de preocupación por la actuación de grupos violentos y sectores radicales vinculados a las movilizaciones.
En su comunicación, la Prefectura de Policía insta especialmente a los establecimientos situados en los recorridos de las manifestaciones a reforzar sus medidas de protección mediante la contratación de vigilantes privados y la comprobación del correcto funcionamiento de sus sistemas de alarma y videovigilancia. La recomendación contempla también la posibilidad de recurrir a equipos de seguridad especializados, en función de las necesidades de cada negocio.
Las autoridades francesas aconsejan, además, bajar las persianas metálicas, proteger los escaparates y retirar de las terrazas y de la vía pública cualquier objeto que pueda utilizarse como proyectil o para levantar barricadas. Los comerciantes también deben valorar la posibilidad de adelantar el cierre de sus establecimientos o incluso permanecer cerrados durante las manifestaciones y las horas posteriores, cuando existe riesgo de incidentes.
El mensaje de la prefectura incluye instrucciones específicas para situaciones de peligro. Si se producen altercados o intentos de agresión, los comerciantes deben permanecer en el interior de sus locales, evitar enfrentarse directamente a los violentos y llamar al número de emergencias policiales, el 17. El objetivo es reducir el riesgo para los trabajadores y propietarios y evitar que intenten defender sus negocios exponiéndose a agresiones.
La seguridad privada, un refuerzo ante los límites del dispositivo policial
La recomendación de recurrir a vigilantes privados pone de manifiesto las dificultades de las fuerzas de seguridad para garantizar una protección individualizada de todos los establecimientos durante movilizaciones de gran magnitud. Aunque la prefectura anuncia un refuerzo del dispositivo de orden público, admite expresamente que este no puede asegurar por sí solo la integridad de cada comercio.
La medida traslada parte de la responsabilidad preventiva a los propios negocios, que deberán valorar sus riesgos y asumir, en su caso, el coste de contratar servicios privados. La decisión adquiere especial relevancia para los pequeños establecimientos, que pueden disponer de menos recursos para afrontar gastos extraordinarios de seguridad después de haber sufrido daños materiales o pérdidas económicas.
El contexto político y de seguridad está marcado por las acusaciones de las autoridades francesas contra sectores de la ultraizquierda radical, a los que el Gobierno atribuye una parte de la violencia registrada durante las recientes movilizaciones. No obstante, la recomendación oficial a los comerciantes se refiere a la prevención de nuevos disturbios y a la protección de los establecimientos; no identifica en esa comunicación a la totalidad de los manifestantes con los grupos responsables de los ataques.
La convocatoria de nuevas protestas mantiene la preocupación entre los comerciantes, que deben prepararse para posibles altercados sin poner en riesgo su integridad física. La estrategia de las autoridades combina el refuerzo policial, las medidas preventivas en los establecimientos y la posibilidad de contratar seguridad privada, mientras se insiste en que la prioridad debe ser evitar enfrentamientos directos y alertar inmediatamente a las fuerzas del orden ante cualquier incidente.
La cifra de daños también refleja la dimensión del problema. Según el ministro francés de Comercio, Serge Papin, alrededor de 3.000 comercios sufrieron saqueos o destrozos en Francia durante la jornada del 17 de octubre. El Gobierno ha anunciado un refuerzo de los efectivos policiales para las siguientes movilizaciones, mientras distintos representantes empresariales han expresado su preocupación por la capacidad de las fuerzas de seguridad para evitar nuevos ataques.
Las autoridades municipales de París han precisado, por su parte, que los actos violentos y los saqueos fueron cometidos por individuos que no necesariamente estaban vinculados al movimiento social convocante. Esta distinción resulta relevante para evitar atribuir indiscriminadamente los incidentes a todos los participantes en las protestas. Aunque el Ejecutivo francés ha señalado a grupos organizados de ultraizquierda como responsables de parte de la violencia, la autoría debe establecerse caso por caso.
La advertencia de la prefectura refleja así un escenario de especial preocupación para el comercio francés: establecimientos que deben prepararse para nuevos episodios de violencia mientras las autoridades refuerzan el dispositivo de orden público. La contratación de seguridad privada se plantea como una medida complementaria de prevención, no como un sustituto de las funciones policiales, y la recomendación oficial insiste en evitar cualquier enfrentamiento directo con los autores de posibles agresiones.
