El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha resuelto cesar a Julián Leandro Puente Martín como Jefe de la Comisaría Especial del Senado, según confirmaron a Delta13News fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que en su día impulsó una investigación interna contra él tras la acumulación de denuncias por presunto acoso laboral continuado contra decenas de agentes.
El cese le fue comunicado este jueves, y pasa a ocupar plaza provisional como Coordinador Zonal de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, según adelanta la periodista Ketty Garat en The Objective, que aporta la orden de destitución firmada por Pardo el pasado miércoles día 10.
De acuerdo con la orden literal de cese, este tiene lugar por que, como se explica en la misma, «en los últimos tiempos, el ambiente laboral en la Comisaría Especial del Senado se ha visto seriamente afectado por la forma de ejercer la responsabilidad del mando y liderazgo por el actual titular (…) lo que se ha puesto de manifiesto en el informe técnico elaborado por el Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales».
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se apresuró este sábado a valorar el cese del responsable de la Comisaría Especial del Senado como una confirmación de las denuncias que la organización venía realizando desde hace años sobre la existencia de riesgos psicosociales que afectan a la salud y al bienestar de los agentes destinados en esta unidad. El sindicato, en un comunicado, sostiene que esta decisión pone de manifiesto la necesidad de abordar los problemas relacionados con el clima laboral y la salud mental de los funcionarios con la misma seriedad que cualquier otro riesgo laboral dentro de la Policía Nacional.
Según explica el SUP, fue la primera organización sindical que alertó formalmente a la Administración sobre la situación existente en la Comisaría Especial del Senado. Ante las numerosas quejas trasladadas por los policías destinados en dicha dependencia, el sindicato solicitó la realización de una evaluación psicosocial que permitiera analizar las condiciones de trabajo y determinar el alcance de los problemas denunciados.
Durante meses, la organización recopiló y documentó testimonios y denuncias relacionadas con un deterioro progresivo del ambiente laboral, elevados niveles de estrés, conflictos internos y presuntas represalias en el ámbito profesional. El sindicato afirma que toda esta información fue trasladada a los órganos competentes desde una perspectiva preventiva, reclamando actuaciones urgentes destinadas a proteger la salud física y psicológica de los funcionarios afectados.
El SUP destaca que la evaluación psicosocial llevada a cabo posteriormente permitió identificar la existencia de factores de riesgo que requerían una intervención inmediata por parte de la Administración. A juicio de la organización, la decisión de la Dirección General de la Policía de cesar al máximo responsable de la Comisaría Especial del Senado es una consecuencia directa de ese proceso de análisis y de las conclusiones obtenidas tras la evaluación.
Para el sindicato, este caso demuestra la importancia de las políticas de prevención de riesgos laborales y la utilidad de las evaluaciones psicosociales cuando se aplican de forma rigurosa. La organización subraya que estos procedimientos no deben convertirse en simples trámites administrativos, sino en herramientas eficaces para detectar situaciones que puedan afectar a la salud de los trabajadores y corregirlas antes de que generen consecuencias más graves.
La organización sindical también ha querido reconocer públicamente la colaboración de los agentes que trasladaron sus preocupaciones y participaron en el proceso de evaluación. Según el SUP, la implicación de estos funcionarios fue determinante para que la situación pudiera ser conocida y para que se adoptaran medidas correctoras destinadas a mejorar las condiciones laborales dentro de la unidad.
No obstante, el sindicato considera que el relevo del responsable policial no debe interpretarse como el cierre definitivo del problema. En este sentido, reclama a la Administración que analice en profundidad las circunstancias que permitieron que una situación de estas características se prolongara en el tiempo y que establezca mecanismos que impidan la repetición de casos similares en otras dependencias policiales.
El SUP insiste en que la protección de la salud mental de los miembros de la Policía Nacional debe convertirse en una prioridad estratégica para la institución. La organización defiende que ningún agente debería desempeñar sus funciones en entornos marcados por la presión constante, el miedo o unas condiciones psicosociales deterioradas que puedan comprometer su bienestar y su desempeño profesional.
Por ello, el sindicato exige reforzar las políticas de prevención de riesgos laborales, garantizar la evaluación efectiva de los factores psicosociales en aquellas plantillas donde existan indicios de conflicto y adoptar todas las medidas necesarias para proteger la salud de los policías. El SUP asegura que continuará vigilando la evolución de este caso y mantendrá su labor de defensa de los derechos laborales de los agentes, al considerar que la protección de quienes velan por la seguridad de los ciudadanos constituye una obligación legal, profesional y moral.
30 años y un final controvertido
La trayectoria profesional de Puente Martín en la Policía Nacional abarca más de tres décadas, habiendo ascendido desde las escalas ejecutivas hasta ocupar puestos de alta responsabilidad institucional. Su ascenso a la categoría de Inspector se formalizó en abril de 1994 (según consta en el Boletín Oficial del Estado del 12 de abril de ese año), tras haber superado el proceso de formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Esto sitúa su ingreso efectivo en el cuerpo (como inspector alumno) a principios de la década de los 90.
Durante los años posteriores, desempeñó diversas funciones operativas y de gestión, alcanzando el rango de Inspector Jefe. Tras su ascenso a la Escala Superior con el rango de Comisario, su trayectoria reciente se ha centrado en la Comunidad de Madrid, donde ejerció sus funciones como Comisario de Distrito de Carabanchel (Madrid), uno de los distritos con mayor actividad de la capital.
A posteriori, fue Comisario de Leganés (Diciembre 2022 – Enero 2025). El 27 de diciembre de 2022 fue cuando tomó posesión como Jefe de la Comisaría Local de Leganés. Durante su mandato, las autoridades locales destacaron un descenso en los índices de criminalidad y una estrecha colaboración con la Policía Local.
Su último destino fue como Comisario Jefe de la Comisaría Especial del Senado (enero 2025 hasta esta semana). En aquel año solicitó el traslado y fue nombrado para este puesto de libre designación. Es el máximo responsable de la seguridad de la Cámara Alta y de la coordinación de la unidad policial adscrita al Senado.
Su nombre aparece vinculado al Sindicato Profesional de Policía (SPP). El SPP es la organización sindical mayoritaria en las Escalas Superior y Ejecutiva de la Policía Nacional (comisarios e inspectores). Es habitual que los mandos de estas escalas formen parte de este sindicato, ya que se centra específicamente en la defensa de los intereses profesionales y técnicos de los cuadros directivos del cuerpo, a diferencia de otros sindicatos con un perfil más generalista u operativo.
Puente Martín asumió la jefatura de la Comisaría Especial del Senado tras abandonar su puesto previo en Leganés. El relevo en su anterior destino se formalizó a mediados de enero de 2025. Concretamente, el acto de toma de posesión de su sucesor en Leganés, Martín Sánchez Sánchez, tuvo lugar el 14 de enero de 2025, donde se le despidió reconociendo su labor.
En su calidad de Comisario Jefe de la Comisaría Especial, es el responsable de la seguridad y la coordinación policial dentro de la Cámara Alta, participando habitualmente en actos institucionales junto al presidente del Senado, como la reciente entrega de condecoraciones de la Policía Nacional celebrada en octubre de 2025. Sustituyó en el cargo a Olga Jiménez, quien a su vez relevó a José Antonio Donaire, quien había sido el comisario jefe de dicha unidad parlamentaria en años anteriores.
En el ámbito de la Policía Nacional, su cargo actual implica un proceso específico. Se trata de un acto voluntario. Para que un mando policial acceda a un puesto de libre designación, especialmente uno de tanta relevancia institucional como el Senado, el interesado debe solicitarlo formalmente presentándose a la convocatoria de la vacante. No es un traslado forzoso ni un destino ordinario por antigüedad.
Una vez que el candidato presenta su candidatura, el Ministerio del Interior (a propuesta del Director General de la Policía) evalúa su perfil. En este caso concreto, su amplia experiencia previa como comisario en Leganés y Carabanchel fue determinante para que fuera el elegido. Además de su solicitud y la decisión del Ministerio, este tipo de puestos suelen contar con la conformidad de la Presidencia de la Cámara Alta, en este caso, bajo la presidencia de Pedro Rollán, ya que es un puesto de confianza técnica y seguridad directa.
A diferencia de su etapa previa en Leganés, donde su labor era más operativa y mediática debido a la seguridad ciudadana, su papel en el Senado es de carácter institucional y de seguridad interna. En octubre de 2025, participó de forma destacada junto al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el acto oficial de izado de la bandera y la entrega de condecoraciones de la Policía Nacional dentro de las instalaciones de la cámara.
Incidente de Seguridad en el Senado en mayo de 2025
Durante su primer año de mandato, el incidente de seguridad más notorio que afectó a la institución fue una brecha de ciberseguridad en mayo de 2025. En este suceso, se detectó que dos informáticos habrían accedido de forma no autorizada a equipos informáticos de varios senadores.
Aunque la responsabilidad técnica recae principalmente en los servicios de seguridad lógica e informática, la Comisaría Especial que él dirige es la encargada de la coordinación general de la seguridad en el edificio. No se reportó ninguna sanción ni crítica pública directa hacia Puente Martín por este hecho, gestionándose como un fallo de protocolos técnicos. Lo último, el suceso por el que finalmente ha caído.
