Con la publicación del Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM en el diario oficial El Peruano, el Gobierno declaró, por 60 días calendario, el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y otras situaciones de violencia que afectan el orden interno.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención en función de información de inteligencia, mapas del delito, estadísticas e indicadores.
La norma establece la conformación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Comandante General de la PNP, que articulará las acciones de las instituciones involucradas y establecerá objetivos y metas para enfrentar la criminalidad en Lima y Callao.
Asimismo, se conformarán comités especializados de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación de diversas entidades del Estado, a fin de fortalecer la respuesta frente al crimen.
En el marco de esta declaratoria, las fuerzas integradas —PNP, Fuerzas Armadas y Serenazgo Municipal— ejecutarán acciones de control territorial, patrullaje permanente y disuasivo, rastrillajes y operativos de control de identidad en las zonas críticas identificadas.
También se intensificarán los operativos contra armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, así como las acciones de fiscalización contra mercados ilegales vinculados a actividades criminales, como drogas, armas, autopartes, tarjetas SIM y equipos celulares de dudosa procedencia.
La estrategia contempla, además, el fortalecimiento de la inteligencia policial, penitenciaria y financiera, mediante la integración de información y el uso de herramientas tecnológicas, como videovigilancia, drones e imágenes satelitales, para mejorar la precisión de las intervenciones.
El Decreto Supremo dispone también medidas para reforzar el control penitenciario y combatir las comunicaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios, así como acciones para agilizar la respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial frente a los casos de criminalidad.
Durante la vigencia del Estado de Emergencia se intensificará, además, la difusión del sistema de recompensas, con el propósito de promover la colaboración ciudadana para identificar y capturar a requisitoriados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
La medida establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, en los términos previstos por la Constitución Política del Perú.
