La Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados acogió este martes la inauguración de la I Jornada “Política criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA”, organizada por los Colegios Profesionales de Criminología de España, un foro que reunió a expertos, representantes institucionales y profesionales del ámbito jurídico y criminológico para reflexionar sobre los retos que plantea la transformación tecnológica en el sistema de justicia.
El acto de apertura estuvo presidido por el presidente de la Comisión de Justicia, Joaquín Martínez Salmerón, quien pronunció un discurso centrado en la defensa de las garantías democráticas, la necesidad de rigor técnico en la política criminal y la regulación responsable de la inteligencia artificial.
Martínez Salmerón inició su intervención apelando al simbolismo del espacio en el que se celebraba la jornada. “En primer lugar, es para mí un verdadero honor dar la bienvenida al Congreso de los Diputados, y en particular a esta sala, que es la Sala Clara Campoamor”, afirmó. El dirigente parlamentario recordó la figura de Clara Campoamor, a quien definió como “firme defensora del sufragio femenino y del Estado de Derecho”, subrayando que evocar su legado resulta “especialmente oportuno en una jornada dedicada a reflexionar sobre políticas criminológicas y garantías democráticas en un contexto de profundas transformaciones tecnológicas”.
Según explicó, el ejemplo de Campoamor demuestra que “la ampliación de derechos y el fortalecimiento institucional siempre requieren convicción, rigor y valentía”.
El presidente de la Comisión de Justicia quiso agradecer expresamente la iniciativa de los colegios profesionales de Criminología, impulsores del encuentro, destacando “su compromiso constante con la calidad técnica, la evidencia científica y la mejora de las políticas públicas”. A su juicio, el hecho de que la jornada se celebrase en sede parlamentaria “no es casual”, sino que refleja que “la Criminología se ha consolidado como una disciplina imprescindible para el diseño y la evaluación de nuestras normas”. En ese sentido, defendió que el diálogo entre el conocimiento experto y la función legislativa debe intensificarse para garantizar decisiones públicas más eficaces y ajustadas a la realidad social.
En uno de los pasajes centrales de su discurso, Martínez Salmerón reivindicó una concepción técnica y garantista de la política criminal. “Como jurista siempre he defendido una idea clara: la política criminal no puede construirse desde la improvisación ni desde el populismo punitivo, debe apoyarse en el conocimiento experto, en la evaluación rigurosa y en la evidencia empírica”, declaró. Añadió que, en ese terreno, la Criminología es “una aliada estratégica del legislador porque permite medir el impacto real de las leyes y orientar las decisiones públicas hacia soluciones eficaces y proporcionadas”.
El parlamentario recordó que en marzo de 2025 la Comisión de Justicia debatió la necesidad de avanzar hacia la regulación del ejercicio profesional de la Criminología, así como la elaboración de un Estatuto General y la creación de grupos de trabajo entre el Ministerio de Justicia y los colegios profesionales. Reconoció que el proceso no avanza al ritmo deseado: “Aunque me consta que no se va lo rápido que a todos nos gustaría, espero que estos grupos pronto empiecen a dar su fruto”, señaló.
La jornada, explicó, se inscribe plenamente en esa línea de trabajo y conecta con debates legislativos de gran calado, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la evaluación de las políticas de seguridad y la prevención basada en el análisis del riesgo. No obstante, dedicó especial atención a los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia y la seguridad pública. “Nos encontramos en un momento decisivo en el que la tecnología ofrece oportunidades evidentes, pero también riesgos que deben ser anticipados y regulados con responsabilidad democrática”, advirtió.
Martínez Salmerón insistió en que la seguridad debe concebirse como un bien público inseparable de los derechos fundamentales. “No hay verdadera seguridad si se debilitan las garantías. No hay eficacia si se pierde legitimidad democrática”, afirmó con contundencia. En esa línea, defendió “una política criminal preventiva, proporcionada y garantista que combine firmeza con justicia social”. El uso de sistemas de inteligencia artificial en la investigación criminal, en los mecanismos de vigilancia o en la gestión penitenciaria, añadió, exige “marcos normativos claros, control democrático y evaluación constante”.
Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Justicia subrayó la responsabilidad del Parlamento ante estos cambios estructurales. “En el Parlamento somos conscientes de que tenemos una responsabilidad indelegable: anticipar los efectos jurídicos y sociales de estas transformaciones y asegurar que la innovación tecnológica esté siempre al servicio de los derechos y del Estado de Derecho”, manifestó. A su entender, la celebración de esta jornada en el Congreso refuerza el vínculo entre representación democrática y conocimiento experto, elemento esencial para “elevar la calidad del debate legislativo y construir políticas públicas más eficaces, más justas y mejor fundamentadas”.
El discurso concluyó con un compromiso explícito por parte de la Comisión de Justicia de seguir trabajando para que el conocimiento criminológico tenga mayor presencia en la elaboración normativa. “Desde la Comisión de Justicia seguiremos trabajando para que el conocimiento criminológico tenga la presencia y el reconocimiento que merece en la elaboración de nuestras leyes”, aseguró.
Acompañaron a Martínez Salmerón en la mesa Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid; Ángel Párraga, presidente del Col-legi Oficial de Criminología de Catalunya; Amparo Peris, decana del Ilustre Colegio Oficial de Criminología de la Comunidad Valenciana; y Diego Leonet, decano del Colegio Oficial de Criminología de Euskadi.
