Este 7 de septiembre, Palma amaneció con una noticia que ningún manual de corrección política sabe cómo encajar. Cuatro jóvenes de origen marroquí, que habían llegado a Mallorca en patera pocas horas antes, entraban en un establecimiento del Paseo Marítimo, rodeaban a la comerciante y, mientras sus compañeros le impedían pedir ayuda, uno de ellos la sometía a tocamientos y besos contra su voluntad. La víctima quedó en estado de shock. Los agresores fueron localizados minutos después en el recinto de carpas habilitado por el Gobierno para la recepción de inmigrantes. Solo uno fue detenido. El resto, identificados y en libertad.
El debate está servido. Y no, no se trata de estigmatizar a un colectivo. Es perfectamente cierto que la inmensa mayoría de quienes llegan en patera no cometen delitos y menos de esta índole. Pero esa constatación, tan obvia como necesaria, no puede convertirse en un blindaje argumental que impida hablar de lo que sí ocurre. Porque el problema no es que todos los inmigrantes sean delincuentes. El problema es que algunos lo son, y que el sistema ha perdido la capacidad de saber quiénes, cuándo y dónde.
La analogía del cargador: el riesgo no se fracciona
Imaginemos un cargador de pistola con quince cartuchos. Solo uno de ellos, al ser disparado, impactará y matará a alguien. Los otros catorce, quizá, nunca llegarían a salir del cargador. Ahora bien: si yo no estoy autorizado para poseer esa pistola, si no he pasado los controles, si no he cumplido los trámites ni acreditado mi idoneidad, nadie me va a decir: «Quítale un cartucho, el que crees que puede matar, y los otros déjalos». No. Me quitan todos los cartuchos. Me quitan el arma entera.
¿Por qué? Porque el riesgo no se puede fraccionar. Porque no sabemos cuál de esos quince cartuchos es el peligroso. Y porque la autorización para tener un arma no se concede para que luego decidamos nosotros qué bala usamos y cuál no. La autorización es un todo o nada: o se cumplen los requisitos previos, o no se tiene acceso.
La inmigración descontrolada funciona exactamente igual. No sabemos, al recibir a decenas de personas que llegan sin documentación, sin filtro y sin registro, cuál de ellas puede cometer un delito al cabo de unas horas. El «cargador» estaba lleno. Y la bala que mató simbólicamente la seguridad de aquella comerciante era una más entre las que habían llegado esa mañana.
La falacia del «aquí no pasa nada» y el espejismo de la permisividad
Uno de los grandes errores del discurso predominante es presumir que, por el mero hecho de haber cruzado una frontera, la persona va a adaptarse automáticamente a las normas y consecuencias del país de acogida. Se instala en el imaginario colectivo la premisa de que «aquí no pasa nada», como si el entorno europeo fuese por sí mismo un escudo contra la transgresión.
Pero hablar de humanidad no es dejar a una persona bajo esa premisa ingenua, especialmente cuando su percepción social y su umbral de tolerancia hacia ciertas conductas provienen de un contexto radicalmente distinto. ¿Qué ocurre cuando aplicamos la Teoría de las Actividades Rutinarias (Cohen y Felson) a este escenario? Esta teoría sostiene que un delito se produce cuando confluyen tres elementos: un infractor motivado, un objetivo vulnerable y la ausencia de un guardián capaz.
En el país de origen de estos jóvenes, ese comportamiento vejatorio probablemente habría tenido una respuesta social y penal muy diferente. Quizá la comunidad habría actuado como un guardián informal mucho más severo, o las consecuencias penales habrían sido disuasorias por su inmediatez. Sin embargo, al llegar a Mallorca sin ningún tipo de filtro, los umbrales de inhibición se reducen drásticamente.
El infractor percibe que el «guardián» (el Estado, la policía, el sistema de acogida) está ausente o es laxo; percibe que la víctima es un objetivo accesible; y percibe que las consecuencias de su acto, si es identificado, serán diluidas en un sistema saturado. No se trata de que todos vengan con intención delictiva, sino de que el contexto de descontrol y falta de acompañamiento rebaja el coste psicológico y real de delinquir.
La patata caliente y la anomia institucional: cuando nadie es el dueño del problema
Sin embargo, hay un tercer factor que agrava aún más este escenario, y que suele quedar oculto tras los titulares: el peregrinaje burocrático que convierte al inmigrante en una patata caliente que se pasan unas administraciones a otras.
¿Qué ocurre desde que estas personas ponen un pie en tierra hasta que, como en el caso de Mallorca, algunas terminan fuera de los dispositivos de acogida y, en determinados casos, aparecen posteriormente vinculadas a hechos delictivos? Se encuentran con un laberinto institucional de competencias fragmentadas, derivaciones sucesivas y responsabilidades distribuidas:
- La Policía Nacional interviene en la recepción, identificación y tramitación de la situación administrativa de las personas llegadas irregularmente. Pero la actuación policial no equivale a la gestión de su posterior atención social.
- La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, articula los recursos de atención humanitaria para aquellas personas que cumplen los requisitos establecidos, incluyendo acogida, alojamiento, manutención, atención sociosanitaria y, cuando corresponde, traslado a otros recursos.
- Una parte de esa atención se ejecuta mediante entidades del tercer sector, que gestionan centros y dispositivos de acogida financiados o concertados por la Administración. A ello se suman, según el caso, las competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente relevantes en materia de servicios sociales y, de manera específica, cuando se trata de menores extranjeros no acompañados.
- Y finalmente están los Ayuntamientos, la administración que se encuentra frente a la realidad cotidiana: el espacio público, los servicios municipales, la convivencia y la conflictividad vecinal. Sin embargo, carecen de capacidad para decidir sobre la situación administrativa de estas personas o para gestionar por sí mismos el conjunto del sistema de acogida.
El resultado es una fragmentación de la responsabilidad preventiva: cada administración y entidad puede estar cumpliendo correctamente la función que tiene asignada y, sin embargo, nadie dispone necesariamente de una visión integral de la persona ni de su evolución dentro del sistema. Es en ese vacío de continuidad donde puede aparecer lo que denominamos anomia institucional: un desorden no necesariamente normativo, sino organizativo, producido cuando las competencias están tan compartimentadas que cada actor presupone que otro ha realizado las comprobaciones, el seguimiento o la intervención que quedan fuera de su ámbito inmediato.
La fundación A da por hecho que la administración B ya ha verificado determinados antecedentes; la administración B presupone que la asociación C está realizando el seguimiento social o de inserción; y el Ayuntamiento, que finalmente observa a esa persona en el espacio público, carece de competencias para intervenir sobre aspectos que corresponden a otras administraciones. El problema no es, por tanto, que no exista ninguna estructura de control, sino que puede no existir un responsable con capacidad para integrar toda la información y detectar la acumulación de señales antes de que el riesgo se materialice.
El resultado práctico es que la persona extranjera, en lugar de ser acogida por un sistema único, coordinado y con un expediente vivo, se convierte en un número que rueda de una mesa a otra sin que nadie ponga el ojo encima de su evolución real. Y esa fragmentación es caldo de cultivo perfecto para el delito. Porque el infractor motivado que menciona la Teoría de las Actividades Rutinarias no solo percibe que no hay un guardián presente; percibe que el guardián está tan desorganizado, tan dividido internamente, que ni siquiera sabe qué hacen sus propias manos. La impunidad no nace solo de la falta de penas, sino de la certeza de que, aunque te identifiquen, nadie va a tomarse el tiempo de hacer un seguimiento efectivo de tu caso. La anomia institucional genera un vacío de autoridad real que el delincuente aprovecha con una claridad meridiana.
El daño colateral: el estigma que quema a los inocentes
Pero hay una dimensión adicional, quizá la más injusta de todas, que suele quedar sepultada bajo el ruido mediático. Este cóctel de descontrol, anomia y delincuencia puntual no solo genera víctimas directas, como la comerciante del Paseo Marítimo. Genera un efecto de etiquetamiento masivo que termina salpicando a la inmensa mayoría de los inmigrantes que son honestos.
Funciona con la lógica del «dime con quién andas y te diré quién eres«. Cuando un solo caso —o unos pocos— se viraliza en redes sociales y en los titulares de prensa, la imagen del colectivo entero queda teñida por ese brochazo. El joven marroquí que estudia, trabaja en la hostelería, paga sus impuestos y respeta las normas se encuentra, de la noche a la mañana, mirando con recelo a sus vecinos, soportando miradas de desconfianza en el transporte público o viendo cómo le cierran puertas en el mercado laboral y en el alquiler de viviendas. El inocente paga por el delincuente.
Y aquí se produce la paradoja más cruel del sistema actual: la anomia institucional no solo falla a la hora de proteger a la víctima española, sino que falla estrepitosamente a la hora de proteger al inmigrante honesto. Porque al no aislar, procesar y, llegado el caso, expulsar a los pocos que delinquen, el Estado permite que el estigma se extienda como una mancha de aceite. La sociedad, ante la falta de una respuesta institucional clara y diferenciadora, reacciona por puro instinto de supervivencia: desconfía de todos para no ser víctima de alguno.
El resultado es un círculo vicioso devastador: el delincuente ensucia el nombre del colectivo; el estigma dificulta la integración del trabajador honesto (no le alquilan, no le contratan, le aíslan); ese aislamiento y marginación aumentan su vulnerabilidad y, en los casos más extremos, pueden empujar a la delincuencia a quien jamás lo había considerado; y así, la profecía se autocumple. El sistema, al no cortar el mal de raíz, termina creando el monstruo que dice temer. La falta de control no es solo un problema de seguridad; es un problema de justicia social para quienes, habiendo cruzado el mar huyendo de la miseria, merecen ser evaluados por sus actos individuales, no por la nacionalidad que comparten con un violador.
Humanidad es acompañar, no soltar lastre
Y aquí llegamos al núcleo filosófico del asunto. ¿Qué es realmente la humanidad en la gestión migratoria? Muchos creen que humanidad es abrir la puerta y decir «pasa, aquí tienes una manta y un plato de comida». Pero esa es una visión empobrecida y, a la larga, cruel.
Humanidad no es soltar a una persona en un territorio que desconoce y desearle suerte. Humanidad no es dejar un problema deambulando por las calles para ver a quién le cae, a qué Comunidad Autónoma le toca gestionarlo, a qué población le genera alarma o, en el peor de los casos, a qué víctima indefensa se cruza en su camino.
Humanidad es acompañar. Y acompañar significa poner filtros, sí, pero también significa dar formación, unas normas claras, establecer un seguimiento personalizado y, sobre todo, exigir responsabilidades. Un verdadero programa humanitario de acogida no se limita a la asistencia material; incluye un contrato social implícito: «Te damos protección y oportunidades, pero a cambio te comprometes a respetar nuestro ordenamiento jurídico y a integrarte en nuestras pautas de convivencia». Eso exige un case manager único que conozca toda la trayectoria de la persona, no una cadena de relevos donde cada eslabón desconoce lo que hizo el anterior.
Cuando el Estado renuncia a ese acompañamiento y se limita a alojar a las personas en carpas sin un proceso de integración activo, sin un control efectivo y sin coordinación entre sus propias patas, no está siendo humanitario: está siendo negligente. Está externalizando el riesgo y traspasándolo a las comunidades de acogida, a las fuerzas de seguridad y, finalmente, a las víctimas. Y, como hemos visto, también está condenando al inmigrante honesto a cargar con una mochila de prejuicios que no le pertenece.
Conclusión: el control no es opción, es obligación
La inmigración es un fenómeno complejo, humano y necesario en muchos casos. Pero la complejidad no excusa la dejación de funciones. Un país que no controla sus fronteras, que no registra a quienes entran y que no establece un proceso de acogida con garantías y con una sola hoja de ruta compartida, está jugando a la ruleta rusa con la seguridad de sus ciudadanos. Y la ruleta rusa, como el cargador sin dueño, solo necesita un cartucho para hacer daño.
El caso de la comerciante del Paseo Marítimo no es una anécdota. Es la prueba de que el riesgo existe, de que no se puede fraccionar, de que el sistema está roto por dentro y de que, cuando falla el control y la coordinación, las víctimas pagan el precio. Pero también es la prueba de que, cuando los pocos delincuentes quedan impunes o mal gestionados, los muchos inmigrantes honrados pasan a ser vistos como una amenaza colectiva. El sistema, al no defender a los unos, termina condenando a los otros.
Lo políticamente correcto puede negar la relación entre inmigración ilegal y delincuencia. Pero los hechos, tozudos, siguen ocurriendo. Y las balas, aunque solo sea una, siguen matando, tanto en la carne de la víctima como en la reputación del inocente.
La verdadera humanidad no es abrir la veda y mirar hacia otro lado mientras la patata caliente quema las manos de unos y otros. La verdadera humanidad es anticiparse, es proteger al vulnerable (tanto al recién llegado como al ciudadano de a pie y, muy especialmente, al inmigrante trabajador que ve cómo su esfuerzo se diluye en un estereotipo) y es tener la valentía de decir que, para acompañar de verdad, primero hay que identificar, conocer, coordinar y establecer reglas claras. Porque dejar a la deriva a quien acaba de llegar y soltarlo en un ecosistema que no comprende, sin que ninguna administración asuma el timón, no es solidaridad; es abandono con consecuencias letales. Y ese abandono, además, convierte a la víctima del delito y al inmigrante honrado en dos caras de la misma moneda del fracaso institucional.
