(Parte I de IV)
El escenario contemporáneo de la protección contra incendios presenta una asimetría estructural derivada de la ausencia de un marco normativo consolidado y unificado en lo que respecta a la conexión de los sistemas de detección y alarma de incendios (SDAI) a las centrales receptoras de alarmas (CRA) o de incendios (CRI).
Desde una perspectiva analítica, esta carencia trasciende el ámbito meramente administrativo, constituyendo una variable con impacto mensurable en la resiliencia territorial, la seguridad ciudadana y la optimización de los recursos de emergencia pública.
El modelo predominante hasta la fecha parece haberse fundamentado en una expansión cuantitativa, orientada a la premisa de «conectar más sistemas», relegando a un plano secundario el control cualitativo de las señales transmitidas. La manifestación empírica de este vacío regulatorio es la saturación del sistema de emergencias mediante la derivación automática de alarmas no verificadas o falsas alarmas.
La evaluación de este déficit de estandarización permite observar disfunciones operativas a lo largo de toda la cadena de valor. Desde un plano teórico, las señales procesadas de forma ineficiente o tardía introducen un sesgo negativo en los tiempos de activación de la respuesta pública, partiendo del principio de que la utilidad de la movilización de los bomberos está estrictamente condicionada por la exactitud y calidad del aviso inicial.
Las falsas alarmas, por consiguiente, se erigen como el principal vector de ineficiencia sistémica. El traslado de señales no filtradas consume recursos estratégicos y añade riesgos colaterales en los desplazamientos, fenómenos que, de mantenerse sostenidos en el tiempo, podrían derivar en una degradación de la confianza institucional hacia los propios sistemas automatizados.
La aproximación documental del Clúster de Seguretat catalán ilustra esta hipótesis con registros estadísticos de la London Fire Brigade, donde se observa que un cuarenta por ciento de sus movilizaciones correspondieron a alarmas automáticas, generando un volumen superior a las cincuenta y dos mil llamadas de las cuales menos de un uno por ciento evidenciaron incendios comerciales reales.
A esta fenomenología se añade un grado de incertidumbre jurídica notable, dado que la indefinición de responsabilidades sitúa en una posición de vulnerabilidad a titulares, operadores de CRA/CRI y empresas mantenedoras ante eventuales contingencias reales. Bajo este prisma, la premisa técnica subyacente radica en la hipótesis de sustituir el ruido operativo por información trazable y de alta resolución.
Frente a esta inercia regulatoria, el corpus documental reciente refleja los esfuerzos de diferentes entidades sectoriales por formular marcos de referencia transitorios. La heterogeneidad de estas aproximaciones permite diseccionar tres corrientes conceptuales diferenciadas para el abordaje de un mismo fenómeno.
En un primer término, la asociación de fabricantes Tecnifuego plantea una perspectiva eminentemente técnico-prescriptiva. Su desarrollo documental estipula los requisitos operativos para las CRI, formulando el postulado de que el centro receptor debería operar, como estándar mínimo, bajo la Categoría II de la norma UNE-EN 50518, estableciendo asimismo la exigencia de implementar transmisores EN 54-21. En este marco analítico, se detalla una arquitectura de comunicaciones estructurada, métricas de atención precisas, redundancias técnicas y procedimientos rigurosos destinados a aislar las señales espurias de forma previa a su escalado al 112.
En un segundo plano de análisis, AES Fundación articula una propuesta orientada hacia la gestión integral del riesgo mediante su Manifiesto 2030. Esta corriente teórica asume la obsolescencia de la clasificación tradicional de alarmas según su tipología de origen (incendio, intrusión o atraco), sugiriendo su reemplazo por una segmentación fundamentada en el riesgo, tomando como paradigma la norma UNE-ISO 31000. Bajo esta formulación lógica, se deduce que los escenarios de riesgo medio y alto, al igual que los espacios de pública concurrencia, requerirían una gestión circunscrita exclusivamente a centros de Categoría I. Este modelo conceptual también integra en su análisis variables contemporáneas como la ciberseguridad, alineada con las directivas CER y NIS2, y la aplicación supervisada de modelos de Inteligencia Artificial.
Finalmente, el Clúster de Seguretat de Cataluña expone un modelo centrado en la gobernanza y la política pública, vertebrado sobre la colaboración institucional con los Bombers y el 112. Su aproximación metodológica difiere de las anteriores al soslayar la exigencia de una categoría de CRA específica a priori, inclinándose por la tipificación de una «entidad cualificada» cuyo objetivo final sea la transformación de la alarma en una «señal accionable». Para evaluar empíricamente esta hipótesis, el documento plantea una clasificación semafórica del riesgo y la ejecución de proyectos piloto sujetos a medición, como condición previa indispensable para la futura redacción de cualquier disposición normativa de carácter vinculante.
El estudio comparado de estas directrices ilustra la complejidad técnica e institucional de la protección contra incendios, al tiempo que constata la variabilidad de criterios de actuación vigentes en función del operador o de la demarcación territorial.
En la serie de tres ensayos subsiguientes, se procederá a un análisis pormenorizado e individualizado de cada una de estas aproximaciones estratégicas. El propósito de dicho ejercicio analítico será examinar con rigor académico los fundamentos teóricos, la arquitectura de sistemas y la aplicabilidad de cada documento, a fin de determinar en qué medida sus intersecciones conceptuales podrían sentar la base empírica para una eventual armonización regulatoria.
Bibliografía
AES Fundación. (2026). Manifiesto 2030: Gestión integral de las señales de alarma. Asociación Española de Empresas de Seguridad.
Clúster de Seguretat Contra Incendis. (2026). Borrador V2.1. Estrategia catalana para la gestión conectada de alarmas de incendio. SGT CRI_CLÚSIC.
Tecnifuego. (2025). Documento técnico gestión remota de alarmas de incendios: Servicios asociados a Central Receptora de Alarmas de Incendio (CRI). Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios.
El artículo académico original se puede consultar aquí:
Radiografía de un sector en transición
Alberto José Galdón Carreño es Graduado en Ciencias de la Seguridad (Universidad Isabel I). Máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias (Universitat de Valencia). Diploma de Especialista Profesional Universitario en Gestión e Intervención de Incendios Forestales (Universitat de Valencia). Director de Seguridad Corporativa en Rotonda Grupo Empresarial (desde 2016 y en la actualidad). Bombero del Consorcio de Emergencias de Ciudad Real (2011-2016). Miembro de la Agrupación de Protección Civil de La Roda hasta el año 2011. Miembro de la Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Comunicaciones de Cruz Roja hasta el año 2013.
