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martes, mayo 21, 2024

La videovigilancia, entre las mayores reclamaciones de los ciudadanos sobre protección de datos

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La publicidad no deseada, los servicios de Internet, el comercio, el transporte y la hostelería, las entidades financieras, pero también la videovigilancia son las áreas que más molestan a los ciudadanos en materia de datos. No en vano, coparon el mayor número de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La AEPD acaba de publicar su Memoria de actuación 2023, que pone de manifiesto el “elevadísimo incremento” de las reclamaciones planteadas ante la Agencia. La tendencia alcista de los últimos años se acentúa fuertemente en el número de reclamaciones recibidas, tanto que en 2023 se han presentado ante la Agencia 21.590 reclamaciones, lo que supone un incremento de un 43% respecto a 2022 y un 55% más que en 2021.

Así, por tercer año consecutivo, se bate el récord en cuanto al número de reclamaciones recibidas, siendo ya más del doble de las recibidas en 2020. Esta cifra asciende a las 22.348 incluyendo casos transfronterizos y en los que la Agencia actúa por iniciativa propia.

En 2023 las reclamaciones resueltas han seguido aumentado (20.391, +37%). En este sentido, destaca la importancia de los traslados, una previsión recogida en la normativa para facilitar una respuesta ágil a los ciudadanos. En 2023, tras haber procedido al traslado de la reclamación, se ha finalizado la tramitación en el 86% de los casos, dando así una respuesta más rápida a los reclamantes. Se observa que solo el 8% de las resoluciones llegan al procedimiento sancionador.

La principal vía de resolución de reclamaciones pasa por su traslado al responsable o encargado del tratamiento que, en un número significativo de casos, permite obtener una respuesta satisfactoria para el ciudadano en una media de tres meses.

La Memoria 2023 también recoge las Administraciones Públicas sancionadas por incumplir los requerimientos y medidas correctivas impuestas. Tanto la falta de respuesta a los requerimientos de información que envía la Agencia como el hecho de no acreditar que se han cumplido las medidas impuestas suponen infracciones muy graves. El texto también incluye las sanciones impuestas que superan el millón de euros (BBVA, Caixabank y Openbank), y un repaso por los procedimientos sancionadores más relevantes y de mayor impacto.

En casos transfronterizos, la Agencia ha liderado 25 en 2023 como autoridad principal y ha cooperado como interesada en más de 300. El texto detalla los principales procedimientos sancionadores transfronterizos en los que la Agencia ha sido autoridad principal (OpenBank, GlovoApp23 y The Mail Track Company) y en los que ha sido autoridad interesada (Facebook, TikTok, Instagram y Whatsapp). Asimismo, se han recibido 1.152 peticiones de otras autoridades, solicitudes de asistencia y consulta, y proyectos de decisión.

Las reclamaciones planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos en 2023 corresponden a recepción de publicidad no deseada (+114%), servicios de internet (+30%), videovigilancia (+29%), comercio, transporte y hostelería (+66%) y las relacionadas con entidades financieras/acreedoras (+78%).

Sanciones

En lo relativo a los procedimientos sancionadores, se finalizaron 419, siendo las áreas más frecuentes la videovigilancia (33%), los servicios de internet (14%), los procedimientos relacionados con las Administraciones Públicas (6%) y publicidad (spam email/SMS) (6%).

El hecho de que en esas áreas se realice un mayor número de procedimientos sancionadores no implica que sean estas las que mayor número de sanciones acumulan. La Agencia ha dictado 367 resoluciones que incluyen imposición de multa.

Las seis áreas de actividad con mayor importe global de multas son las relacionadas con brechas de datos personales (que pasa de los 821.800 euros en 2022 a 12.907.000 euros en 2023); entidades financieras/acreedoras (que asciende de los 596.200 euros en 2022 a 5.321.000 euros en 2023); derechos de protección de datos (2.633.400 euros); contratación fraudulenta (2.571.500 euros); telecomunicaciones (1.942.000 euros) y servicios de Internet (1.058.700 euros). Estas seis áreas suponen el 89% del importe global de sanciones, que en 2023 ascendió a 29.817.410 euros.

Por otro lado, en 2023 se han notificado más de 2.000 brechas de datos personales, de las que 16 se trasladaron a la Subdirección de Inspección de Datos por requerir una investigación en mayor profundidad. Además, en 30 de ellas se obligó al responsable a comunicar el hecho a los afectados.

En lo referente a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la Agencia, de las 43 dictadas en 2023, 35 (81%) han sido desestimatorias o inadmitidas.

En cuanto a las reclamaciones gestionadas a través del Canal Prioritario ‒para solicitar la retirada urgente de contenido sexual o violento publicado en internet sin el permiso de las personas que aparecen‒, se han realizado 36 intervenciones de urgencia en 2023, logrando retirar los contenidos sensibles con inmediatez en la totalidad de los casos.

Por su parte, la Memoria de Responsabilidad Social añade cómo la Agencia ha seguido lanzando en 2023 campañas y materiales de concienciación, varios de ellos en colaboración con otros organismos, para que las familias y los centros docentes conozcan los riesgos asociados al mal uso de las pantallas, Internet y las redes sociales, y puedan convertirse en aliados para fomentar la educación y el espíritu crítico de los más jóvenes.

El menor, en el foco

La Unidad de Menores de la Agencia, creada en 2015, ha seguido trabajando en el Canal Joven, que da respuesta a los temas relacionados con la protección de la infancia y adolescencia. En 2023 se han planteado más de 4.000 cuestiones, con un incremento de más del 70% respecto a 2022. Destacan en primer lugar las consultas que proceden de padres (52%) sobre los tratamientos de datos de sus hijos. En el plano familiar, se plantean en primer lugar consultas sobre la publicación de imágenes en redes sociales. También destacan las relacionadas con el tratamiento de datos de menores en el ámbito deportivo, en especial en los casos de la grabación y difusión de imágenes mientras realizan prácticas deportivas en competiciones organizadas habitualmente por Federaciones.

Asimismo, la Memoria de Responsabilidad Social recoge tanto el firme compromiso de la Agencia con la igualdad de género como con la protección a la infancia y adolescencia en Internet. Una de las medidas más destacadas de 2023 en cuanto a políticas públicas, además de continuar con el grupo de trabajo multidisciplinar ‘Menores, privacidad y salud digital’, ha sido la presentación del sistema de verificación de edad para proteger a los menores de edad ante el acceso a contenidos de adultos en Internet.

Los principios desarrollados por la Agencia conjugan la protección a la infancia y el interés superior del menor con el derecho fundamental a la protección de datos de todos los ciudadanos, poniendo sobre la mesa una solución práctica, respetuosa y pionera en Europa.

El hecho de haber planteado un mecanismo que trate el atributo de la edad en el dispositivo del usuario, sin que la identidad de la persona ni su edad sea accesible para las web o para los autodenominados “terceros de confianza”, garantiza la privacidad de los adultos a la vez que impide la exposición temprana de los menores a unos contenidos que no son capaces de gestionar y que les afectan gravemente en sus conductas online, como señalan médicos y pediatras. Además, la atención que la Agencia presta a la protección de los menores en el ámbito digital ha llevado a diseñar una nueva estrategia reforzada en la que se agrupan las medidas que la Agencia está desplegando ya en sus actuaciones de 2024.

Por último, en lo relativo a las cifras de delegados de protección de datos (DPD) comunicados ante la Agencia, el año 2023 se ha cerrado con 111.070 frente a los 103.350 de 2022. De la cifra del año pasado, 101.691 corresponden al sector privado y 9.379 al sector público.

Por lo que respecta a los servicios de ayuda que presta la Agencia para la adaptación al Reglamento, se han recibido casi 850 consultas (+22%) a través del Canal del DPD. Hay que destacar asimismo un incremento del 48% en las consultas tramitadas por el área de Atención al ciudadano, así como la puesta en marcha de un servicio de chatbot en la web, que ofrece respuesta a las consultas más frecuentes y pone en contacto al ciudadano con un agente en caso de que su duda no quede resuelta de esa forma.

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