El Boletín Oficial del Estado publica hoy una macroconvocatoria de empleo público sin precedentes para cubrir 700 plazas de jueces y fiscales. Esta cifra supone más del triple de las convocadas en 2025.
Tal y como indica el BOE, se convoca una oposición para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, que se iniciará en octubre. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial convoca 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.
La creación de medio millar de plazas de jueces es una cifra superior a la suma de las plazas creadas durante la última década y supondrá una ampliación de la plantilla judicial del 8,5%. La medida se enmarca en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la cual elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.
El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 euros, señala el Ministerio de Justicia en una nota. Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1%, pasando de 2.804 a 3.004. En los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.
La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia.
Además, sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, lo que supondrá un incremento del 42,5%.
