La presencia de vigilantes de seguridad genera una percepción de mayor protección entre la población española. El 87% de los ciudadanos afirma sentirse más seguro cuando acude a un lugar en el que hay profesionales de la seguridad privada, según el informe «Percepción sobre las empresas de seguridad. APROSER 2025«, elaborado a partir de una encuesta a 1.700 personas mayores de 20 años residentes en España.
El estudio, impulsado por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), actualiza una serie de investigaciones sociológicas iniciada en 2007 y continuada en 2010, 2016 y 2020. La encuesta de 2025 se realizó entre el 12 de marzo y el 3 de abril, mediante cuestionarios en línea, con un error muestral máximo de ±2,53 puntos porcentuales para un nivel de confianza del 95%.
Los resultados reflejan una evolución favorable de la percepción ciudadana sobre los vigilantes y las empresas del sector. El porcentaje de personas que se sienten más seguras ante su presencia aumenta ocho puntos respecto a 2016 y uno respecto a 2020. Para APROSER, estos datos consolidan la imagen de la seguridad privada como complemento de la seguridad pública.
El 78% valora positivamente a los vigilantes
La valoración de los profesionales constituye otro de los principales resultados del informe. El 78% de los encuestados tiene una opinión buena o muy buena de los vigilantes de seguridad, frente a solo un 2% que expresa una valoración mala o muy mala. La calificación global alcanza los 7,2 puntos sobre 10.
La percepción positiva ha aumentado 15 puntos porcentuales desde 2016 y dos respecto a 2020. La evolución indica una mejora de la imagen social de los profesionales, cuya función se asocia principalmente con la prevención de delitos, la tranquilidad y el mantenimiento del orden.
Cuando se pregunta qué es lo que más valoran de los vigilantes, el 50% de los ciudadanos menciona su efecto disuasorio frente a posibles delitos. A continuación aparecen la sensación de seguridad, señalada por el 42%; la tranquilidad que aportan, con el 40%; y las funciones de vigilancia, control y mantenimiento del orden, con el 38%.
Además, el 36% considera que la presencia física de estos profesionales minimiza las situaciones peligrosas, mientras que el 28% destaca la protección que ofrecen. La confianza y el respeto que inspiran obtienen un 23% en cada caso.
Los resultados muestran que la ciudadanía identifica a los vigilantes, sobre todo, con una función preventiva. Su presencia contribuye a generar tranquilidad y a reducir la percepción de riesgo en espacios públicos y privados, aunque el estudio mide opiniones ciudadanas y no el efecto objetivo de su intervención sobre la delincuencia.
Seis de cada diez ciudadanos tienen una opinión positiva de las empresas
La imagen de las compañías de seguridad privada también recibe una valoración mayoritariamente favorable, aunque inferior a la de sus profesionales. El 58% de los encuestados califica su opinión de las empresas como buena o muy buena, mientras que el 7% expresa una valoración negativa.
El 32% considera que las empresas merecen una valoración regular, lo que indica que existe margen para reforzar el conocimiento y la percepción de su actividad. En comparación con 2016, la valoración positiva ha aumentado diez puntos porcentuales, mientras que el rechazo ha disminuido tres puntos.
Al preguntar por la evolución de su opinión durante los últimos años, el 77% afirma que se ha mantenido igual. Un 12% considera que ha mejorado y un 9% sostiene que ha empeorado. El saldo entre quienes perciben una mejora y quienes aprecian un deterioro es positivo en tres puntos.
Los datos dibujan una imagen social relativamente estable, con una evolución favorable a medio plazo. También reflejan una diferencia entre la valoración de los vigilantes y la de las empresas que prestan los servicios, lo que apunta a que la experiencia directa con los profesionales puede ser más reconocible para los ciudadanos que la actividad empresarial del sector en su conjunto.
El 66% considera insuficiente la protección legal de los vigilantes
Uno de los resultados más destacados del informe se refiere a la protección jurídica de los profesionales. El 66% de los encuestados considera que la ley no protege suficientemente a los vigilantes frente a las posibles agresiones que pueden sufrir durante el ejercicio de sus funciones. Solo el 11% cree que la protección legal es adecuada, mientras que el 23% no se pronuncia.
La percepción de insuficiencia ha aumentado cinco puntos porcentuales respecto a 2020 y trece respecto a 2016. El estudio también pregunta a quién consideran los ciudadanos que protege más la legislación: el 61% responde que al presunto delincuente, frente al 15% que señala al vigilante de seguridad. El 24% restante no sabe o no contesta.
Esta opinión ciudadana constituye una de las principales conclusiones del documento y pone de manifiesto la demanda social de una mayor protección para quienes desempeñan funciones preventivas en espacios e instalaciones de distinta naturaleza.
No obstante, estos porcentajes reflejan la percepción de los encuestados sobre la legislación, no una evaluación jurídica de las normas vigentes ni una conclusión sobre su aplicación efectiva. La valoración legal requiere examinar la normativa, las garantías existentes y las circunstancias concretas de las agresiones que puedan producirse.
Respaldo a una mayor presencia ante el terrorismo y las emergencias climáticas
El 73% de los ciudadanos considera adecuada o muy adecuada una mayor presencia de seguridad privada ante amenazas terroristas o emergencias climáticas como la DANA. En concreto, el 27% califica esa ampliación de muy adecuada y el 46% de adecuada. Solo el 9% la considera inadecuada o muy inadecuada, mientras que el 16% mantiene una posición neutral y el 2% no responde.
La pregunta del estudio se refiere a infraestructuras críticas, entre ellas instalaciones de transporte, hospitales, centrales nucleares, puertos y sistemas de suministro de agua. El respaldo ciudadano a una mayor presencia de vigilantes en estos entornos refleja la percepción de que la seguridad privada puede desempeñar un papel complementario en escenarios de especial sensibilidad.
La ampliación de estos servicios, sin embargo, exige delimitar las funciones de los vigilantes y su coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La protección de infraestructuras críticas requiere protocolos específicos, formación adecuada y una distribución clara de responsabilidades entre los operadores públicos y privados.
La diversidad de los equipos se asocia con una mayor calidad del servicio
El estudio también analiza la percepción sobre la diversidad en las plantillas de seguridad. El 52% de los encuestados considera que contar con equipos diversos por género, edad, nacionalidad o funcionalidad puede mejorar la calidad del servicio. Un 29% no comparte esta opinión y el 19% no sabe o no contesta.
El resultado introduce una dimensión relacionada con la composición de las plantillas y la capacidad de adaptación a distintos entornos de trabajo. Para la prestación de servicios en instalaciones, empresas, centros comerciales o espacios de transporte, la diversidad puede plantear oportunidades para atender necesidades diferentes y mejorar la interacción con los usuarios.
No obstante, el dato expresa una percepción de los ciudadanos y no demuestra por sí mismo que la diversidad produzca una mejora automática en todos los servicios. La calidad depende también de la selección del personal, la formación, la organización de los equipos y los procedimientos de trabajo.
La tecnología constituye otro de los ámbitos examinados por APROSER. El 56% de los encuestados afirma confiar mucho o bastante en las soluciones tecnológicas de las empresas de seguridad privada para proteger sus datos y bienes. El 15% expresa poca o ninguna confianza, mientras que el 29% mantiene una posición neutral.
El informe cita herramientas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las cámaras con reconocimiento facial, los sistemas de acceso mediante huella dactilar, los drones y las alarmas con reconocimiento de voz. Estas tecnologías permiten ampliar las capacidades de vigilancia, detección y control, además de facilitar la integración de información procedente de distintas fuentes.
Sin embargo, la opinión ciudadana muestra límites claros a la sustitución del personal por sistemas automatizados. Solo el 24% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que las nuevas tecnologías acabarán reemplazando a los vigilantes, frente al 50% que discrepa. El 26% restante mantiene una posición neutral.
La conclusión del estudio es que la población percibe la innovación como un instrumento para mejorar la eficacia y la seguridad de los servicios, pero sigue considerando imprescindible la intervención humana. La tecnología puede apoyar la detección de amenazas, la supervisión de instalaciones y el análisis de información, mientras que los profesionales mantienen funciones de intervención, evaluación contextual y atención directa.
La seguridad privada como complemento de la seguridad pública
El informe «Percepción sobre las empresas de seguridad. APROSER 2025» ofrece una fotografía de la opinión ciudadana sobre un sector que desempeña funciones de protección de personas, bienes e instalaciones. Sus resultados reflejan una valoración especialmente positiva de los vigilantes, una percepción favorable de la presencia de estos profesionales y un respaldo mayoritario a la ampliación de sus servicios en determinados escenarios.
Al mismo tiempo, el documento identifica cuestiones que pueden condicionar la evolución del sector: la protección jurídica de los profesionales, la incorporación de nuevas tecnologías, la formación de los equipos y la adaptación de los servicios a diferentes entornos y necesidades.
Los datos deben interpretarse teniendo en cuenta que proceden de una encuesta de percepción y no de una medición directa de la eficacia operativa de las empresas o de la incidencia delictiva. Aun así, permiten conocer las expectativas sociales sobre la seguridad privada y los ámbitos en los que la ciudadanía considera que puede desempeñar un papel relevante.
La conclusión general de APROSER es que la seguridad privada mantiene una imagen social favorable, especialmente por la tranquilidad y el efecto disuasorio asociados a los vigilantes. El desafío para las compañías consiste en responder a esa confianza mediante servicios profesionales, formación continua, innovación tecnológica y coordinación con las autoridades públicas.
