Más allá de la seguridad privada: videocámaras al servicio corporativo, el control de procedimientos y la privacidad

Debe leer

(Parte III de IV)

En las entregas anteriores de esta serie hemos desgranado cómo la norma UNE-EN 50518 proyecta a las centrales receptoras mucho más allá de su rol tradicional. En esta tercera parte, centramos nuestra atención en uno de los sensores más ubicuos y potentes: las videocámaras. Históricamente, el mal llamado circuito cerrado de televisión se ha percibido como una herramienta policial o disuasoria. Sin embargo, al amparo de la Categoría II de la norma europea, la captación de imágenes asume una función vital y a menudo inexplorada por el sector: el control estricto de los procedimientos empresariales y la auditoría operativa a distancia.

Para entender el alcance de este servicio, es imprescindible trazar la línea divisoria impuesta por la Ley de Seguridad Privada española. Esta normativa regula de forma exclusiva la videovigilancia cuando su finalidad es la prevención de delitos, la protección de personas y la seguridad de los bienes.

No obstante, cuando el objetivo de las cámaras muta hacia la supervisión de procesos industriales, la verificación del control de calidad o el seguimiento de cadenas logísticas, la actividad queda expresamente fuera del ámbito de la seguridad privada. En este escenario, la central receptora deja de actuar como un escudo anticrimen para convertirse en un centro de supervisión corporativa, asumiendo una labor puramente organizativa.

Operar fuera de la Ley de Seguridad Privada no implica, ni mucho menos, moverse en un vacío legal. El control empresarial mediante la captación de imágenes se ampara legalmente en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, que otorga al empresario la facultad de adoptar medidas de vigilancia para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Sin embargo, esta prerrogativa choca frontalmente con el derecho fundamental a la intimidad y a la protección de datos. Es aquí donde la «Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades» de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impone las reglas del juego que toda central receptora debe conocer y aplicar con máximo rigor.

La doctrina de la AEPD es tajante: el control laboral mediante videovigilancia no es un cheque en blanco. La instalación de estos sistemas, y su posterior visualización desde una central receptora, debe superar siempre el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Los operadores de la central deben trabajar bajo protocolos donde prime la transparencia absoluta. Resulta obligatorio cumplir con el deber de información previa, clara e inequívoca a los trabajadores y a sus representantes sindicales sobre la existencia de las cámaras y su finalidad de control laboral. Además, quedan instauradas líneas rojas infranqueables, como la prohibición total de instalar cámaras en zonas de descanso, vestuarios, baños o comedores, así como la captación de audio, salvo en situaciones excepcionalísimas de riesgo inminente.

Superado este exigente filtro normativo de privacidad, el potencial para las centrales receptoras es formidable. Los operadores, bajo un prisma de Categoría II, dejan de buscar intrusos para convertirse en garantes de la excelencia corporativa. Mediante el acceso a las videocámaras, la central puede verificar si los operarios siguen las pautas de manipulación de mercancías peligrosas, si se respeta la cadena de frío en un muelle de carga logístico o si los protocolos de empaquetado en una cadena de producción automatizada se ejecutan sin desviaciones. La infraestructura tecnológica se pone al servicio de la eficiencia empresarial.

En conclusión, el uso de videocámaras orientada al control de procedimientos transforma a la central receptora en un socio estratégico insustituible para la dirección de operaciones de cualquier compañía. Combinando la flexibilidad que otorga la Categoría II de la norma UNE-EN 50518, la libertad de acción al quedar fuera de la Ley de Seguridad Privada y el respeto escrupuloso a las directrices de la AEPD, el sector tiene ante sí la oportunidad de ofrecer servicios de supervisión y auditoría remota de altísimo valor añadido.

El artículo académico original se puede consultar aquí:

Más allá de la seguridad privada (parte III)

Alberto José Galdón Carreño es Graduado en Ciencias de la Seguridad (Universidad Isabel I). Máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias (Universitat de Valencia). Diploma de Especialista Profesional Universitario en Gestión e Intervención de Incendios Forestales (Universitat de Valencia). Director de Seguridad Corporativa en Rotonda Grupo Empresarial (desde 2016 y en la actualidad). Bombero del Consorcio de Emergencias de Ciudad Real (2011-2016). Miembro de la Agrupación de Protección Civil de La Roda hasta el año 2011. Miembro de la Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Comunicaciones de Cruz Roja hasta el año 2013.

spot_img

Publicidad

spot_img

Última Hora