El sector de la seguridad privada en México podría afrontar una reforma de su marco regulatorio ante el elevado nivel de informalidad y las dificultades de las autoridades para supervisar a una industria que ya cuenta con cientos de miles de trabajadores. La diputada Marcela Michel ha planteado modificar la Ley Federal de Seguridad Privada con el objetivo de reforzar los mecanismos de registro, control y profesionalización de las empresas que operan en el país.
La propuesta adquiere especial relevancia en Jalisco, donde, según los datos recogidos en la iniciativa, hasta el 97% de las empresas de seguridad privada operarían sin la supervisión y el registro federal correspondientes. La cifra pone de manifiesto, según la diputada, la magnitud de un problema que no solo afecta a la competencia empresarial, sino también a la seguridad de ciudadanos, empresas e instituciones que contratan estos servicios.
El diagnóstico parte de una realidad de dimensiones considerables. En México operan más de 8.000 empresas de seguridad privada, que emplean aproximadamente a 600.000 efectivos. El volumen de trabajadores del sector supera ampliamente, según los datos manejados en la iniciativa, al número conjunto de agentes pertenecientes a las policías estatales y municipales.
La expansión de la seguridad privada ha convertido a este sector en un componente relevante del sistema mexicano de seguridad. Empresas de vigilancia, protección de instalaciones, transporte de valores, control de accesos y servicios especializados desempeñan funciones en ámbitos tan diversos como centros comerciales, industrias, infraestructuras, urbanizaciones, hospitales y eventos.
Sin embargo, el crecimiento del sector no habría ido acompañado de un nivel equivalente de supervisión administrativa. La situación descrita en Jalisco constituye, según la iniciativa, uno de los ejemplos más graves de esta problemática.
La existencia de empresas que operan al margen de los registros oficiales dificulta conocer con precisión quién presta los servicios, qué formación reciben los vigilantes, qué medios utilizan y bajo qué condiciones desarrollan su actividad. También puede generar problemas de competencia frente a las compañías que sí cumplen con las obligaciones legales.
La reforma pretende, por tanto, avanzar hacia un modelo en el que la identificación, autorización y supervisión de las empresas sean elementos centrales de la regulación.
600.000 efectivos y una responsabilidad creciente
Uno de los argumentos utilizados para justificar la reforma es precisamente la dimensión del sector. Con unos 600.000 trabajadores, la seguridad privada constituye una fuerza humana de enorme magnitud dentro del sistema de protección mexicano.
Esta realidad plantea un doble desafío. Por un lado, las empresas deben disponer de profesionales adecuadamente formados para desarrollar funciones que pueden implicar contacto directo con situaciones de riesgo. Por otro, las autoridades necesitan mecanismos eficaces para comprobar que los trabajadores cuentan con las acreditaciones y competencias necesarias.
La propuesta legislativa pretende reforzar la profesionalización mediante la actualización de los programas de capacitación y el establecimiento de mecanismos que permitan mantenerlos adaptados a las nuevas amenazas.
La formación ya no estaría limitada, por tanto, a las técnicas tradicionales de vigilancia y protección física. La evolución del delito obliga a incorporar conocimientos relacionados con tecnología, protección de la información, gestión de incidentes y ciberseguridad.
Ciberseguridad para las empresas de seguridad
Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es precisamente la incorporación de requisitos relacionados con la ciberseguridad.
Las compañías de seguridad privada manejan grandes cantidades de información potencialmente sensible: datos personales de empleados y clientes, imágenes de videovigilancia, horarios, rutas, sistemas de control de accesos e información sobre instalaciones críticas.
Una brecha de seguridad puede permitir que delincuentes obtengan información útil para planificar robos, extorsiones, ataques físicos o intrusiones.
La reforma plantea que las empresas dispongan de programas actualizados tanto en materia de capacitación como de medidas de seguridad informática, adaptando la regulación del sector a un escenario en el que las amenazas físicas y digitales están cada vez más conectadas.
La propuesta contempla un periodo de 365 días naturales para que las empresas actualicen sus programas de capacitación y las medidas relacionadas con la ciberseguridad.
El plazo pretende ofrecer a las compañías un periodo de adaptación suficiente para cumplir con las nuevas exigencias, pero también establecer un horizonte temporal concreto para evitar que las obligaciones regulatorias queden indefinidamente pendientes de aplicación.
La actualización tendría especial importancia para las empresas que actualmente operan con modelos de formación o procedimientos de seguridad que no responden a las nuevas características del mercado.
Regulación del control de masas
Otro de los elementos novedosos de la reforma sería la regulación de los servicios especiales destinados al control de masas y a la seguridad en eventos masivos.
La seguridad privada desempeña un papel cada vez más importante en conciertos, acontecimientos deportivos, festivales, ferias y otros eventos que pueden congregar a miles de personas.
La experiencia internacional ha demostrado que la gestión de grandes concentraciones requiere protocolos específicos de prevención, evacuación, control de accesos, comunicación y coordinación con los servicios públicos de emergencia.
La iniciativa pretende establecer un marco más claro para este tipo de servicios, definiendo las condiciones y responsabilidades de las empresas privadas que intervienen en ellos.
La magnitud de la seguridad privada plantea también la necesidad de mejorar su coordinación con las instituciones policiales.
Los 600.000 trabajadores estimados del sector constituyen una presencia permanente en numerosos espacios de la vida cotidiana. Su actividad puede generar información relevante para prevenir delitos, detectar comportamientos sospechosos o responder inicialmente ante determinadas emergencias.
Pero esa cooperación exige delimitar claramente las competencias de cada actor. Los vigilantes privados no sustituyen a las policías públicas y sus actuaciones deben desarrollarse dentro del marco legal establecido.
La reforma pretende reforzar precisamente esa profesionalización y establecer reglas más claras para un sector cuya actividad tiene una incidencia directa sobre la seguridad de ciudadanos y empresas.
Jalisco, el principal foco de preocupación
El dato del 97% de empresas sin la supervisión o registro federal correspondiente en Jalisco convierte al estado en uno de los principales ejemplos de la magnitud del problema.
Jalisco constituye además un territorio especialmente relevante desde el punto de vista económico y de seguridad. Guadalajara y su área metropolitana concentran una elevada actividad industrial, comercial y empresarial, mientras que el estado se encuentra afectado por diferentes fenómenos de delincuencia organizada.
En este contexto, la existencia de compañías de seguridad que operen sin los controles administrativos correspondientes puede incrementar los riesgos asociados a la contratación de servicios de protección.
Para las autoridades, el objetivo no sería únicamente aumentar el número de empresas registradas, sino garantizar que detrás de cada servicio exista una organización sometida a controles, con personal identificado, formación adecuada y procedimientos homologados.
La iniciativa de Marcela Michel llega en un momento en el que la seguridad privada está experimentando una transformación tecnológica y operativa. La expansión de los sistemas de videovigilancia inteligente, analítica de vídeo, drones, control biométrico, inteligencia artificial y plataformas de gestión de incidentes está modificando el trabajo de las empresas.
La regulación debe afrontar, por tanto, un escenario muy diferente al existente cuando se diseñaron buena parte de las normas actuales.
La reforma propuesta pretende avanzar hacia una seguridad privada más profesionalizada, supervisada y tecnológicamente preparada, al tiempo que intenta reducir la economía informal existente en el sector.
El desafío será convertir las nuevas obligaciones legales en controles efectivos. Con miles de empresas y cientos de miles de trabajadores, la eficacia de la reforma dependerá no solo de las nuevas exigencias, sino también de la capacidad de las autoridades para inspeccionar, sancionar y mantener actualizado el registro de operadores.
En última instancia, el debate abierto en México trasciende la situación de Jalisco. El crecimiento de la seguridad privada ha convertido a estas empresas en un actor de creciente importancia dentro del ecosistema nacional de seguridad. La cuestión que ahora se plantea es cómo garantizar que esa expansión se produzca bajo criterios homogéneos de legalidad, capacitación, trazabilidad, ciberseguridad y responsabilidad profesional.
