La compra de armamento por parte de España a Israel ha generado una intensa controversia política y social, especialmente tras los compromisos públicos del Gobierno español de suspender dichas adquisiciones debido al conflicto en Gaza. Finalmente, España cumplirá su compromiso público de no comprar material de la industria israelí e incumplirá con el compromiso adquirido con estas empresas.
Lo primero, la compra de armas a la industria israelí la adelantaba este miércoles la Cadena SER. Lo segundo, la marcha atrás ordenada por Pedro Sánchez, a pesar de que España deberá pagar el total del montante del contrato sin nada a cambio, lo adelanta este jueves el diario El País.
En abril de 2025, el Ministerio del Interior formalizó la adquisición de 15,3 millones de balas de calibre 9 mm por un valor de 6,64 millones de euros a la empresa israelí IMI Systems LTD, parte de Elbit Systems.
Este contrato, inicialmente adjudicado a Guardian Defense & Homeland Security S.A., fue corregido en su adjudicatario, pero no cancelado, a pesar del compromiso previo del Gobierno de no adquirir armamento israelí tras la ofensiva en Gaza. La Abogacía del Estado advirtió que anular la adjudicación supondría una indemnización costosa, lo que llevó a la formalización del contrato.
Desde el inicio del conflicto en Gaza el 7 de octubre de 2023, España ha adquirido armamento israelí por más de 1.000 millones de euros, según un informe del Centro Delàs de Investigaciones para la Paz. Entre las adquisiciones destacarían, según este centro, Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM) por 576,4 millones de euros; 168 sistemas de lanzacohetes Spike por 237,5 millones de euros, y Designadores POD para sistemas de combate aéreo por 207,4 millones de euros.
Estas compras se realizaron a pesar de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aseguraba que España no desarrollaba operaciones de compraventa de armas con Israel desde el 7 de octubre.
La formación política Sumar ha rechazado enérgicamente la compra de balas israelíes por parte del Ministerio del Interior, calificándola de «vulneración flagrante» del compromiso gubernamental. Exigía la cancelación inmediata del contrato y la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar lo sucedido. La ministra Sira Rego también condenaba la compra, cerrada durante las vacaciones de Semana Santa, de modo que pasó prácticamente desapercibida hasta este miércoles, considerándola «absolutamente inaceptable» y una ruptura del acuerdo gubernamental.
Amnistía Internacional, por su parte, ha solicitado al Gobierno español que suspenda de inmediato la exportación de equipos militares a Israel, ante el riesgo de que sean empleados para vulnerar derechos humanos en Gaza. El Gobierno asegura que desde 2001 no se vende armamento letal a Israel y que actualmente no se contempla la autorización de ninguna exportación de equipos, armamento ni material letal susceptibles de ser empleados en el conflicto actual.
La situación actual refleja una nueva discrepancia entre los compromisos públicos del Gobierno español y las acciones llevadas a cabo en relación con la compra de armamento a Israel. A pesar de las declaraciones de suspensión de compras, se han formalizado contratos significativos que han generado críticas tanto a nivel político como social, cuestionando la coherencia de la política exterior y de defensa de España en el contexto del conflicto en Gaza. Pero, al menos, el contrato de estas balas se ha suspendido finalmente, hasta donde se sabe.
