Ante la situación «insostenible» en Gaza, según juzga el Gobierno español, y con el «riesgo de una catástrofe humanitaria aún mayor» por la ampliación de la operación militar israelí sobre Rafah, se afirma en una nota difundida este miércoles, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, han pedido por carta a la Comisión Europea una «evaluación urgente» del Acuerdo de Asociación UE/Israel para que investigue si se están cumpliendo los puntos esenciales de la relación en materia de derechos humanos y principios democráticos.
Asimismo, en su comunicación a Úrsula von del Leyen, se propone que el Consejo de la UE tome las medidas adecuadas «en caso de que se considere que Israel está incumpliendo sus obligaciones acordadas».
El presidente español, siendo presidente europeo de turno, ya expresó su malestar por la operación militar de Israel, y poco menos que frío fue el encuentro que mantuvo con el primer ministro israelí Benjamín Netayanhu.
Por sus reticencias ante la operación israelí en suelo de Gaza, Pedro Sánchez fue felicitado por la organización terrorista Hamás, autora de la masacre en suelo israelí y responsable del secuestro, aún a día de hoy, de decenas de personas de ese país.
La misiva reza textualmente así:
«Estimada Presidenta: Estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación en Israel y en Gaza, especialmente por las consecuencias que el actual conflicto está teniendo sobre palestinos inocentes, sobre todo niños y mujeres. La ampliación de la operación militar israelí en la zona de Rafah supone una amenaza grave e inminente que la comunidad internacional debe afrontar con urgencia.
Casi 28.000 palestinos han muerto y más de 67.000 han resultado heridos, y hemos sido testigos del desplazamiento de 1,9 millones de personas (el 85% de la población) dentro de Gaza, de la destrucción masiva de viviendas, y de grandes daños en infraestructuras civiles vitales, incluyendo hospitales. Hemos expresado en repetidas ocasiones nuestra total condena de los ataques terroristas indiscriminados de Hamás del 7 de octubre y exigimos la liberación inmediata e incondicional de los rehenes que continúan retenidos.
Hemos manifestado con la misma claridad que Israel tiene derecho a defenderse de tales ataques, pero esto solo puede producirse respetando el derecho internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el derecho internacional de los derechos humanos. La respuesta debe ajustarse a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Es importante destacar que el DIH impone a todas las partes, en todos los conflictos, la clara obligación de garantizar la protección de los civiles.
Los atroces atentados terroristas cometidos por Hamás y otros grupos armados no justifican, ni pueden justificar, ninguna vulneración del DIH en la respuesta militar, con las consiguientes consecuencias para la población civil de Gaza. Compartimos la inquietud del Secretario General de la ONU, expuesta en su carta al Consejo de Seguridad del 7 de diciembre, sobre el atroz sufrimiento humano, la destrucción física y el trauma colectivo de los civiles, y los riesgos que corren, dado que, en su opinión, ningún lugar es seguro en Gaza. Desde entonces, la situación no ha hecho más que deteriorarse.
Debido al acceso totalmente insuficiente de la ayuda humanitaria para satisfacer las necesidades esenciales de la población, la ONU estima que el 90% de los gazatíes se expone a una inseguridad alimentaria aguda y a un grave riesgo de que se produzca una hambruna.
También destacamos las medidas cautelares vinculantes impuestas por el Tribunal Internacional de Justicia el 26 de enero en la demanda de Sudáfrica contra Israel, y su conclusión de que al menos algunos de los actos u omisiones que Sudáfrica alega que Israel ha cometido en Gaza pueden recaer en el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio, y que existía un riesgo de perjuicio irreparable para los derechos que se dirimen en el caso.
Hemos manifestado claramente nuestra opinión de que se requiere urgentemente un alto el fuego humanitario inmediato para evitar más daños irreversibles a la población de Gaza. Esta postura fue respaldada por una amplísima mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre, incluidos 17 Estados miembros de la UE. Nos preocupan profundamente las acusaciones de que personal del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) pueda haber estado implicado en los atentados del 7 de octubre contra Israel.
Apoyamos plenamente la decisión del Comisionado General de UNRWA, Lazzarini, de rescindir inmediatamente los contratos de los involucrados, así como la puesta en marcha de una investigación exhaustiva independiente por parte de la ONU.
Al mismo tiempo, hemos dejado claro que se debe permitir a la UNRWA operar para continuar con la labor vital de salvar vidas y hacer frente a la catastrófica situación humanitaria en Gaza y que se debe mantener el apoyo de la UE a la UNRWA. No hay ninguna posibilidad de lograr el urgente incremento masivo y sostenido de ayuda humanitaria, a través del acceso humanitario pleno, seguro y sin trabas que es necesario, sin que UNRWA desempeñe un papel central.
Recordamos que la CIJ ha ordenado que Israel adopte medidas inmediatas y efectivas para garantizar que en Gaza se prestan los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia. Estas órdenes son vinculantes. En el contexto del riesgo de una catástrofe humanitaria aún mayor que supone la amenaza inminente de operaciones militares israelíes en Rafah, y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Gaza desde octubre de 2023, incluida la preocupación generalizada por las posibles infracciones del DIH y de la legislación internacional sobre derechos humanos por parte de Israel, pedimos que la Comisión emprenda una evaluación urgente de si Israel está cumpliendo sus obligaciones, incluidas las derivadas del Acuerdo de Asociación UE/Israel, que hace del respeto de los derechos humanos y los principios democráticos un elemento esencial de la relación; y si considera que está incumpliendo, que proponga al Consejo medidas adecuadas para que las tome en consideración.
Por último, no debemos perder de vista la imperiosa necesidad de adoptar una perspectiva política que permita poner fin al conflicto. La aplicación de la solución de los dos Estados es la única forma de garantizar que este ciclo de violencia no se repita. La UE tiene la responsabilidad de actuar para que esto sea una realidad, en coordinación con las partes y la comunidad internacional, incluyendo la celebración de una conferencia internacional de paz, tal y como acordó el Consejo Europeo el 26 de octubre. Dado su papel en el asunto, también enviamos copia de esta carta al Vicepresidente Borrell».