El Gobierno peruano ha promulgado el Decreto Legislativo N.º 1742, que autoriza la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia. La medida, ya publicada en el diario oficial El Peruano, busca reforzar el control de las cárceles y dificultar que las organizaciones criminales continúen coordinando actividades delictivas desde su interior.
La norma constituye el primer decreto legislativo aprobado por el Ejecutivo tras recibir facultades delegadas del Congreso en materia de seguridad ciudadana. Su aplicación permitirá a los militares colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante el despliegue de capacidades operativas, tecnológicas, logísticas y de inteligencia.
El decreto establece que la intervención militar estará limitada a los establecimientos penitenciarios incluidos en una declaración de estado de emergencia y deberá desarrollarse respetando las competencias de las instituciones implicadas y el marco constitucional vigente.
Vigilancia perimetral e inteligencia militar
Entre las principales atribuciones contempladas figura el establecimiento de anillos de seguridad y dispositivos de protección alrededor de los centros penitenciarios. Las Fuerzas Armadas podrán reforzar la vigilancia del perímetro exterior, las vías de acceso y los puntos considerados críticos para la protección de las instalaciones.
El personal militar también podrá realizar patrullajes, labores de reconocimiento e inteligencia en las zonas de influencia de los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de identificar amenazas, prevenir accesos no autorizados y detectar posibles operaciones de las organizaciones criminales desde el exterior.
La disposición contempla igualmente el apoyo en el control, revisión y registro de visitantes, proveedores y personal penitenciario, así como la colaboración con la Policía Nacional en actuaciones preventivas de identificación y registro de personas y vehículos en las zonas próximas a las cárceles.
Drones, inhibidores y comunicaciones clandestinas
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la incorporación de capacidades tecnológicas y militares para combatir las comunicaciones clandestinas y las amenazas procedentes del exterior.
Las Fuerzas Armadas podrán detectar, identificar, interceptar o neutralizar drones y otros dispositivos aéreos no autorizados que comprometan la seguridad penitenciaria. La medida pretende dificultar el transporte de objetos prohibidos y otras actividades que puedan facilitar las operaciones de las redes criminales.
La normativa también autoriza la instalación y utilización de inhibidores y detectores de señales radioeléctricas de telecomunicaciones. Estos equipos permitirán reforzar las medidas destinadas a impedir comunicaciones no autorizadas que puedan poner en peligro la seguridad de los establecimientos.
Asimismo, los militares podrán colaborar con la Policía Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la detección, identificación y desmontaje de antenas, repetidores y otros equipos de telecomunicaciones ilegales.
El decreto incorpora, además, capacidades de transporte aéreo y terrestre, comunicaciones y apoyo logístico para el despliegue de efectivos y el traslado de internos de alta peligrosidad.
Cinco establecimientos penitenciarios bajo emergencia
La aprobación de la norma se produce en el marco de las medidas adoptadas por el Ejecutivo peruano para reforzar el control de los establecimientos penitenciarios considerados de mayor riesgo.
Entre los centros incluidos en las declaraciones de emergencia figuran Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
La medida busca reforzar la seguridad en instalaciones donde las autoridades identifican riesgos relacionados con el crimen organizado, la sobrepoblación penitenciaria y la capacidad de determinados internos para mantener conexiones con redes delictivas externas.
El Gobierno pretende reducir las posibilidades de fuga, impedir la entrada de armas y objetos prohibidos y limitar las comunicaciones que permiten a las organizaciones criminales continuar desarrollando actividades ilícitas desde las cárceles.
Una intervención excepcional y temporal
El Decreto Legislativo N.º 1742 establece que la participación de las Fuerzas Armadas tendrá carácter excepcional y temporal, y estará circunscrita a las competencias y condiciones previstas en la legislación peruana.
La seguridad interna de los establecimientos penitenciarios continuará bajo responsabilidad del INPE, mientras que la intervención militar se concentrará en las funciones de seguridad externa y en el apoyo tecnológico, logístico y de inteligencia.
El empleo y uso de la fuerza por parte de los efectivos militares deberá ajustarse al Decreto Legislativo N.º 1095 y a su reglamento, que establecen las normas aplicables a las operaciones de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
La norma también contempla la coordinación entre las instituciones implicadas para intercambiar información y prevenir amenazas relacionadas con fugas, motines, reyertas y otras situaciones que puedan comprometer la seguridad penitenciaria.
Con esta disposición, el Ejecutivo peruano incorpora capacidades militares y tecnológicas al dispositivo de seguridad de las cárceles en emergencia, con el objetivo de reforzar el control institucional y limitar la actividad de las organizaciones criminales que operan desde los centros penitenciarios. <Cite refs={[«turn425020search9″,»turn425020search0»]}/>
