El Salvador ha trasladado más de 2.000 militares a Haití para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales que controlan amplias zonas del país caribeño, especialmente los alrededores de Puerto Príncipe. La operación, impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, representa una de las intervenciones militares internacionales más importantes de su Gobierno y supone la internacionalización de su controvertida estrategia de seguridad contra las pandillas.
El despliegue se produce en un contexto de colapso institucional, violencia generalizada y creciente incapacidad de las autoridades haitianas para recuperar el control territorial. Las bandas armadas dominan barrios enteros, mantienen bloqueadas importantes vías de comunicación y participan en secuestros, extorsiones, tráfico de armas y asesinatos.
La intervención salvadoreña ha adquirido especial relevancia después de que cuatro técnicos militares de ese país desaparecieran tras un ataque perpetrado por organizaciones criminales contra un vehículo blindado en Haití el pasado 18 de octubre. Los efectivos participaban en la misión internacional de seguridad y el ataque desencadenó una respuesta de mayor intensidad por parte de San Salvador.
Según las informaciones difundidas por medios internacionales, las fuerzas salvadoreñas han comenzado a desarrollar operaciones terrestres con vehículos blindados en zonas controladas por organizaciones como 400 Mawozo y Chèn Méchan, dos de las estructuras criminales que operan en el entorno de la capital haitiana.
El presidente Bukele ha difundido imágenes de militares salvadoreños patrullando las calles haitianas y ha lanzado advertencias públicas contra las organizaciones criminales. La actuación ha generado expectativas entre sectores de la población haitiana, que reclaman una intervención capaz de devolver la seguridad a sus comunidades, aunque también suscita preocupación por el riesgo de una escalada de violencia.
La estrategia de Bukele llega al Caribe
El modelo de seguridad salvadoreño se ha convertido en una de las principales señas de identidad política de Nayib Bukele. Su Gobierno ha desarrollado una política de mano dura contra las pandillas, sustentada en detenciones masivas, operaciones policiales y militares y el encarcelamiento de miles de presuntos integrantes de organizaciones criminales.
La estrategia ha reducido drásticamente los homicidios en El Salvador, según las cifras oficiales, pero también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian detenciones arbitrarias, vulneraciones de garantías judiciales y abusos durante el régimen de excepción.
Haití presenta, sin embargo, una realidad mucho más compleja que la salvadoreña. El país carece de instituciones suficientemente sólidas, su sistema judicial está profundamente debilitado y las bandas criminales han conseguido desarrollar estructuras territoriales, económicas y militares que dificultan cualquier intervención.
A diferencia de El Salvador, donde el Gobierno mantiene el control de las principales instituciones estatales, Haití atraviesa una crisis política prolongada y dispone de fuerzas de seguridad nacionales con importantes limitaciones operativas.
Por ello, los expertos advierten de que trasladar directamente el modelo salvadoreño al país caribeño no garantiza resultados equivalentes. La recuperación de la seguridad dependerá también de la reconstrucción institucional, la lucha contra la corrupción y la recuperación de la legitimidad de las autoridades.
¿Con qué permiso actúa El Salvador en Haití?
La presencia militar salvadoreña cuenta con dos fundamentos jurídicos principales: la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el consentimiento de las autoridades haitianas mediante acuerdos bilaterales. A ellos se añade la autorización legislativa interna de El Salvador para desplegar sus fuerzas armadas.
- La autorización del Consejo de Seguridad de la ONU
El principal respaldo internacional procede de la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en 2025.
Esta resolución autorizó la transformación de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití en la denominada Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).
El nuevo mecanismo internacional permite a los Estados participantes desarrollar operaciones contra las organizaciones criminales, en coordinación con el Gobierno haitiano, la Policía Nacional de Haití y las fuerzas armadas del país.
El mandato contempla:
- Operaciones selectivas contra las bandas armadas que amenazan a la población.
- Protección de infraestructuras estratégicas, como puertos, aeropuertos, hospitales y vías de comunicación.
- Apoyo operativo a la Policía Nacional haitiana.
- Refuerzo de las capacidades de las fuerzas de seguridad locales.
- Protección de la población civil y creación de condiciones para la celebración de elecciones.
La resolución autoriza a los integrantes de la fuerza internacional a adoptar las medidas necesarias para cumplir su misión, siempre dentro de las reglas de enfrentamiento establecidas y respetando el derecho internacional, incluidos los derechos humanos.
El mandato también establece un límite de efectivos para la fuerza internacional y contempla mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
La autorización de Naciones Unidas no supone un permiso ilimitado para actuar militarmente en Haití. Las operaciones deben ajustarse a los objetivos de la misión, respetar la soberanía haitiana y cumplir las obligaciones internacionales de protección de civiles.
- El acuerdo bilateral con las autoridades haitianas
El segundo fundamento jurídico es el consentimiento del Gobierno de Haití.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, defendió el pasado 5 de este mes, durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, la presencia militar de su país y aseguró que responde a un acuerdo bilateral con las autoridades haitianas.
Ulloa rechazó que el despliegue constituya una ocupación militar y sostuvo que la intervención tiene como finalidad ayudar a Haití a recuperar la seguridad y combatir a las organizaciones criminales.
El vicepresidente salvadoreño también subrayó que los efectivos desplegados no constituyen una fuerza de ocupación, sino que participan en una operación de cooperación internacional.
El acuerdo bilateral es especialmente relevante porque la intervención de fuerzas militares extranjeras en territorio de otro Estado requiere, como regla general, el consentimiento de sus autoridades o una autorización internacional que permita esa actuación.
No obstante, la existencia de un acuerdo bilateral no elimina la obligación de respetar el mandato de Naciones Unidas ni permite actuar al margen de las normas internacionales.
- La autorización de la Asamblea Legislativa salvadoreña
El despliegue también cuenta con autorización interna.
El 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos, una Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.
La norma permite mantener la participación salvadoreña en la misión internacional mediante el envío de personal militar y civil, aeronaves y otros recursos.
La autorización contempla un periodo inicial de doce meses, a partir del 2 de octubre, con posibilidad de ampliación mientras continúe la misión internacional o resulte necesario.
La legislación establece además que los militares salvadoreños deberán respetar las leyes y costumbres haitianas y las reglas de la misión internacional.
El Salvador conserva la jurisdicción sobre su personal militar, de acuerdo con los tratados internacionales aplicables.
Una intervención que plantea interrogantes
El despliegue salvadoreño ha suscitado dudas sobre la estructura de mando y el alcance de las operaciones.
Uno de los aspectos más delicados es determinar si todos los efectivos enviados por El Salvador actúan exclusivamente bajo el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas o si existen unidades que desarrollan operaciones militares paralelas.
Algunas informaciones apuntan a que algunos vehículos blindados salvadoreños operan separadamente de la fuerza internacional autorizada por Naciones Unidas.
Esta distinción resulta fundamental desde el punto de vista jurídico: participar en una misión internacional no equivale a disponer de autorización para desarrollar cualquier operación militar independiente.
También preocupa el impacto que las operaciones puedan tener sobre la población civil. Las organizaciones criminales haitianas se encuentran profundamente integradas en determinados barrios y mantienen estructuras que dificultan distinguir entre combatientes, colaboradores y civiles.
Una intervención militar de gran intensidad podría provocar desplazamientos de población, víctimas civiles y una mayor destrucción de infraestructuras.
La experiencia internacional demuestra que las operaciones contra organizaciones criminales requieren combinar la presión militar con medidas policiales, judiciales, económicas y sociales.
Haití, ante una crisis de seguridad sin precedentes
La intervención salvadoreña se produce en uno de los momentos más delicados de la historia reciente de Haití.
Las organizaciones criminales han ampliado su control sobre Puerto Príncipe y otras zonas del país, mientras las autoridades siguen teniendo dificultades para garantizar servicios básicos y mantener el funcionamiento de las instituciones.
La violencia ha provocado desplazamientos masivos, interrupciones en el suministro de alimentos y dificultades para distribuir ayuda humanitaria.
La Policía Nacional haitiana, debilitada por la falta de recursos y efectivos, necesita apoyo internacional para recuperar el control de las principales vías de comunicación y combatir las redes criminales.
La Fuerza de Supresión de Pandillas constituye el principal instrumento internacional para reforzar esa capacidad, aunque su eficacia dependerá de la coordinación con las autoridades haitianas y del apoyo financiero y logístico de los países participantes.
El desafío de la seguridad y la soberanía
El despliegue de El Salvador abre una nueva etapa en la cooperación internacional contra las organizaciones criminales transnacionales.
Para Bukele, la operación representa una oportunidad de proyectar internacionalmente su modelo de seguridad y consolidar su influencia en América Latina y el Caribe.
Para Haití, supone una posibilidad de recuperar el control territorial y reducir la violencia, aunque también implica riesgos asociados a una intervención militar extranjera de gran envergadura.
El principal desafío será conseguir que la presencia internacional contribuya a reconstruir las capacidades de las instituciones haitianas y no se convierta en una solución exclusivamente militar.
La autorización de Naciones Unidas y el acuerdo bilateral proporcionan el fundamento jurídico para la participación salvadoreña, pero la legitimidad de la operación dependerá también de su respeto a la población civil, de la transparencia de sus actuaciones y de su capacidad para devolver el control de la seguridad a las autoridades haitianas.
El éxito de la misión no se medirá únicamente por el número de bandas neutralizadas o de territorios recuperados, sino por la posibilidad de que Haití vuelva a disponer de instituciones capaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin depender indefinidamente de fuerzas extranjeras.
