El Pleno del Congreso aprobaba este jueves una moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Popular, sobre “las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en materia de inmigración y fronteras”, por la que se pide al Gobierno el despliegue “inmediato” de efectivos de Frontex en la ruta migratoria canaria.
La iniciativa ha sido objeto de votación por puntos, y el texto aprobado definitivamente, en concreto, insta al Gobierno a “pedir el despliegue inmediato de efectivos de Frontex en la ruta canaria para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la gestión de la crisis migratoria, incluyendo la recopilación de información sobre redes de tráfico de inmigrantes y la aplicación del Plan de Acción sobre las Rutas del Mediterráneo Occidental y del Atlántico”.
La Ruta Canaria se ha convertido en una de las principales vías de acceso a Europa para miles de migrantes que buscan una vida mejor. En lo que va de año, las llegadas han aumentado significativamente, generando un desafío humanitario y logístico para las autoridades locales y estatales.
Según datos del Ministerio del Interior, más de 15.000 personas han arribado a las costas del archipiélago en los primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 40% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta situación ha puesto en tensión los recursos de acogida y asistencia, con centros de internamiento al borde del colapso y dificultades para gestionar los traslados a la península.
Una ruta peligrosa y mortal
La Ruta Canaria es una de las más peligrosas del mundo debido a la larga travesía por el Atlántico, donde los migrantes deben recorrer más de 1.500 kilómetros en embarcaciones precarias desde la costa de Mauritania, Senegal o Gambia. Solo en lo que va de año, se estima que más de 500 personas han perdido la vida en el intento, según la ONG Caminando Fronteras.
El aumento de llegadas ha generado problemas en la capacidad de acogida en Canarias. Los centros de internamiento están desbordados y muchas personas deben permanecer durante días en condiciones precarias en los muelles de Arguineguín y Arrecife.
El Gobierno español ha reclamado más ayuda a la Unión Europea, argumentando que se trata de un problema que afecta a toda la región y no solo a España. Sin embargo, la redistribución de migrantes hacia la península sigue siendo un tema polémico dentro del Ejecutivo, con la oposición reclamando más restricciones en la política migratoria.
Mientras tanto, los municipios canarios afectados piden más apoyo para hacer frente a la crisis. «Nos hemos convertido en la frontera sur de Europa sin los recursos suficientes para afrontar esta emergencia», ha denunciado Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Con todo, España ha reforzado su colaboración con países africanos como Mauritania y Senegal para frenar la salida de cayucos y pateras, enviando patrullas conjuntas y aumentando la financiación para programas de control migratorio. Sin embargo, las devoluciones de migrantes generan críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian la falta de garantías legales y el riesgo de que los migrantes sean devueltos a situaciones de peligro.
Con la llegada del buen tiempo, se espera que el flujo migratorio aumente en los próximos meses, lo que pone en alerta a las autoridades. Mientras no haya soluciones estructurales en los países de origen ni vías legales para la migración, la Ruta Canaria seguirá siendo un peligroso punto de entrada a Europa, con un alto coste humano.
¿Qué es Frontex?
Frontex es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, encargada de la gestión y supervisión de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE). Fue creada en 2004 y su sede está en Varsovia, Polonia.
Sus funciones principales son el control fronterizo. Así, coordina la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE para prevenir la inmigración irregular, el tráfico de personas y otras amenazas. También aborda operaciones conjuntas, desplegando equipos de guardias fronterizos y equipos de rescate en países con alta presión migratoria, como Grecia, Italia o España.
De igual modo, representa un apoyo en deportaciones, colaborando con los Estados miembros en la repatriación de migrantes que no cumplen los requisitos para permanecer en la UE. En materia de análisis de riesgos se encarga de monitorear y analizar las rutas migratorias para detectar amenazas y prever crisis en las fronteras, al tiempo que trabaja con países fuera de la UE para mejorar la seguridad en las fronteras y reducir la migración irregular.
Frontex ha sido criticada por violaciones de derechos humanos, acusaciones de devoluciones en caliente de migrantes y falta de transparencia en sus operaciones. También se ha cuestionado su papel en el Mediterráneo y su relación con los países de origen y tránsito de migrantes. A pesar de las críticas, la UE ha fortalecido Frontex, ampliando su presupuesto y su personal, con el objetivo de mejorar la seguridad y la gestión de la migración en Europa.
