La pandemia de COVID-19 no solo sometió a los sistemas sanitarios a una presión asistencial extraordinaria. También expuso a enfermeras y matronas a distintas formas de violencia, estigmatización y sufrimiento emocional que, en muchos casos, estaban relacionadas con problemas estructurales de los servicios de salud.
Esta es una de las principales conclusiones de una investigación internacional impulsada por la Universidad de Nueva York (NYU), que analiza las experiencias de profesionales sanitarios de 18 países de América Latina y el Caribe. El estudio, publicado en la revista científica Nursing Inquiry, identifica patrones de daño asociados a la sobrecarga de trabajo, el miedo al contagio y la atribución de responsabilidades a los profesionales por problemas que escapaban a su control.
El equipo investigador analizó las respuestas escritas de 3.860 enfermeras y matronas que participaron en un cuestionario del Global Consortium of Nursing & Midwifery Studies. Los datos se recopilaron entre julio de 2022 y mayo de 2025, un periodo que abarca la fase final de la pandemia y los dos años posteriores.
La investigación pone el foco en una dimensión menos visible de la crisis sanitaria: las consecuencias de trabajar bajo una presión extrema mientras se afrontan agresiones, rechazo social y limitaciones de recursos que dificultan proporcionar la atención considerada necesaria.
Tres formas de violencia relacionadas entre sí
El análisis de las respuestas permitió identificar tres grandes categorías de experiencias, conectadas entre sí y presentes en distintos países de la región.
La primera fue la violencia directa, que incluyó agresiones verbales y físicas. Estas conductas se produjeron en un contexto de elevada tensión asistencial, incertidumbre y dificultades para responder a las necesidades de los pacientes.
La segunda fue el estigma social, relacionado con el miedo al contagio y el aislamiento. Durante la pandemia, los profesionales sanitarios podían ser percibidos por parte de su entorno como posibles fuentes de infección, una situación que afectaba a sus relaciones sociales y a su sentimiento de pertenencia a la comunidad.
La tercera fue el sufrimiento ético y político, vinculado a la atribución de responsabilidades por fallos estructurales del sistema sanitario. Las enfermeras podían ser culpadas por la falta de camas, la escasez de medicamentos o los largos tiempos de espera, aunque esas circunstancias no dependieran de sus decisiones individuales.
Los investigadores destacan que estas experiencias no deben analizarse de manera aislada. La sobrecarga asistencial, el estigma y la falta de recursos podían reforzarse mutuamente, aumentando la presión sobre unos profesionales que debían atender a pacientes en condiciones extraordinariamente difíciles.
La falta de recursos, un factor de tensión
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la relación entre las agresiones y las limitaciones de los sistemas sanitarios. Cuando los centros carecen de camas, medicamentos o personal suficiente, las demoras y las dificultades para prestar determinados servicios pueden generar frustración entre pacientes y familiares.
En esas circunstancias, los profesionales que mantienen el contacto directo con los usuarios se convierten en receptores de quejas y, en ocasiones, de conductas violentas. Sin embargo, muchas de las causas de esa insatisfacción se encuentran en decisiones organizativas, restricciones presupuestarias o carencias de recursos que no están bajo su control.
La investigación señala que la intensidad de esa culpabilización variaba según el contexto nacional. En los países con sistemas sanitarios más débiles, las narraciones analizadas reflejaban una mayor atribución de responsabilidades a las enfermeras por los problemas estructurales de la atención.
Esta observación apunta a una cuestión de organización sanitaria: proteger a los profesionales no consiste únicamente en reaccionar ante una agresión, sino también en reducir las condiciones que favorecen los conflictos y evitar que el personal asistencial tenga que asumir individualmente las consecuencias de deficiencias institucionales.
El sufrimiento moral de quienes no pueden prestar la atención necesaria
El estudio también aborda dos conceptos relacionados con las consecuencias psicológicas del trabajo sanitario: el moral distress, o sufrimiento moral, y la lesión moral.
El sufrimiento moral aparece cuando un profesional considera que existe una actuación correcta desde el punto de vista clínico o ético, pero no puede llevarla a cabo debido a restricciones del sistema, falta de recursos u otras circunstancias externas.
La lesión moral se refiere a un daño más duradero que puede surgir de experiencias como presenciar de manera reiterada sufrimiento evitable, verse obligado a actuar contra los propios valores o recibir acusaciones injustas por fallos que corresponden a la organización.
Durante la pandemia, estas situaciones podían producirse cuando las enfermeras conocían las necesidades de sus pacientes, pero no disponían de los medios necesarios para responder a ellas. A esa presión se añadían, en algunos casos, las agresiones y el rechazo social.
La profesora Allison Squires, de la Facultad de Enfermería Rory Meyers de NYU y directora del consorcio internacional que impulsó la investigación, considera que el trabajo revela un patrón regional de violencia y sufrimiento moral relacionado con la sobrecarga asistencial, el estigma y la atribución de responsabilidades estructurales.
Un problema que no desaparece con el fin de la pandemia
Aunque el estudio se centra en las experiencias vividas durante la crisis de la COVID-19 y su periodo posterior, sus conclusiones apuntan a problemas que ya existían antes de la emergencia sanitaria.
Los autores advierten de que la violencia contra las enfermeras no puede entenderse únicamente como una sucesión de incidentes aislados. La investigación la relaciona con desigualdades históricas, condiciones laborales precarias y debilidades en la organización de los sistemas sanitarios latinoamericanos y caribeños.
La pandemia habría hecho más visibles esas deficiencias al aumentar la presión asistencial y reducir el margen de maniobra de los profesionales.
El trabajo no sostiene que todos los países ni todos los centros experimentaran las mismas circunstancias. Las condiciones sanitarias y laborales difieren entre territorios, pero las respuestas analizadas permiten identificar patrones comunes de agresión, estigmatización y sufrimiento profesional.
La distinción es importante para evitar que las conclusiones se interpreten como una descripción uniforme de toda la enfermería latinoamericana. Se trata de un análisis de testimonios escritos que permite reconocer experiencias recurrentes, no de una medición que cuantifique la incidencia de cada forma de violencia en cada país.
Más protección y responsabilidad institucional
A partir de los resultados, los investigadores defienden la necesidad de desarrollar políticas que refuercen la protección de los profesionales sanitarios, la responsabilidad ética de las instituciones y el apoyo a las plantillas.
Entre las prioridades se encuentran prevenir las agresiones en los centros de salud, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar que los profesionales dispongan de respaldo institucional cuando afrontan conflictos derivados de la falta de recursos.
También consideran necesario reconocer el impacto del sufrimiento moral y facilitar mecanismos de apoyo que permitan abordar sus consecuencias. La protección de las enfermeras debe contemplarse tanto en la actividad asistencial ordinaria como en futuras emergencias de salud pública.
La investigación plantea, en definitiva, que la seguridad del personal sanitario no depende exclusivamente de la conducta individual de pacientes o familiares. También está relacionada con la organización de los servicios, los recursos disponibles y la capacidad de las instituciones para asumir sus responsabilidades.
Una advertencia para futuras emergencias sanitarias
El estudio de NYU aporta una perspectiva regional sobre las experiencias de miles de profesionales que trabajaron durante uno de los periodos más exigentes de la historia reciente de la sanidad. Su principal contribución es mostrar cómo las agresiones directas, el estigma social y las deficiencias estructurales pueden combinarse y producir daños que van más allá del riesgo físico.
La conclusión de los autores es que la violencia contra las enfermeras debe abordarse como un problema persistente de los sistemas sanitarios, y no solo como una consecuencia excepcional de una crisis.
Mejorar las condiciones laborales, proteger al personal y garantizar apoyo institucional resulta esencial para reducir esos riesgos y preservar la capacidad de los servicios de salud para atender a la población. La experiencia de la pandemia deja así una advertencia para futuras emergencias: la resiliencia sanitaria también depende de que quienes cuidan de los pacientes puedan trabajar en condiciones seguras, dignas y compatibles con sus responsabilidades éticas.
