Empresas de armas y seguridad, instituciones públicas, universidades y empresas de alta tecnología participan a través de proyectos de I+D europeos en la militarización del hecho migratorio y la criminalización de las personas migrantes y demandantes de asilo en Europa, según concluye el nuevo informe que publica el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, de título ‘Militarización, necrotecnología y vulneración de derechos en las fronteras europeas’.
Se trata de nueve empresas de armas que participan en proyectos de I+D financiados por Horizon Europe desarrollados en colaboración con Frontex y que han recibido más de 11 millones de euros. Entre ellas, las españolas Indra, la filial de Atos en España, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España SA-SME MP y GMV Aerospace and Defence SA.
Para los autores del informe, “la vulneración de derechos humanos en las fronteras de la UE puede verse agravada por la mayoritaria participación de empresas de armas y organismos de seguridad y defensa en los proyectos de I+D desarrollados por Frontex”.
Esta nueva investigación tiene por objeto estudiar el aumento de los sistemas tecnológicos en las fronteras europeas como parte del proceso de militarización de la gestión migratoria en la UE, su impacto negativo en la seguridad de las personas migrantes y las empresas e instituciones que están participando en la construcción de la Europa Fortaleza a través de los programas de investigación de I+D financiados por Horizon Europe y desarrollados en colaboración con Frontex.
Estos proyectos se enmarcan en unas convocatorias europeas de carácter exclusivamente civil, aunque la mayoría de ellos cuentan con la participación de cuerpos policiales u organismos públicos de carácter militar o de defensa (el 81%), y muchos también de empresas de la industria armamentista (casi el 50%), apunta la investigación. Los consorcios beneficiarios de estos proyectos también incluyen organismos y empresas de terceros estados.
Destaca el caso de Israel, que viene participando, desde 2017, en seis de los proyectos analizados a través de organismos públicos como el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa y la Universidad de Tel Aviv, y de empresas de seguridad y armamento como Rafael Advanced Defence Systems, IBM Israel y Zaka Search and Rescue.
“La participación de estos actores es muy cuestionable en términos de derechos humanos ya que legitima la ocupación de Palestina, facilita el desarrollo de tecnología usada para el apartheid y refuerza una industria de seguridad y vigilancia cuyas tecnologías también resultan una amenaza al ser usadas en las fronteras europeas”, apunta Maria Fraile, investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i autora del informe.
Las fronteras como espacios militares
De acuerdo con el informe, de los 37 proyectos de I+D financiados por Horizon Europe desarrollados en colaboración con Frontex, el 81% cuenta con la participación de algún cuerpo policial u organismo público de carácter militar o de defensa y casi el 50% de ellos tienen participación de empresas de la industria armamentista. El protagonismo de este sector es un “claro reflejo de la securitización y militarización de los espacios fronterizos”.
Nueve empresas de armas que participan en dichos proyectos han recibido más de 11 millones de € en proyectos de I+D de gestión de fronteras: Thales, Atos, Airbus, Leonardo, GMV Aerospace and Defence SA, Ingenieria de Sistemas para la Defensa de España SA-SME MP, Rafael Advanced Defence Systems LTD, Naval Group e Indra.
España participa en 12 de estos proyectos a través de algún tipo de institución o empresa, en algunos casos, de universidades, como la Politécnica de Madrid o la Universidad de Granada, la Universidad de Oviedo o la Universidad de Alcalá.
Algunas de las empresas españolas participantes también vienen del sector armamentístico: Indra, GMV Aerospace and Defence SA, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España SA-SME MP y la filial de ATOS en España.
Siempre según el informe, las empresas tecnológicas participan, cada vez más, en actividades relacionadas con el fortalecimiento de las fronteras y en colaboración con el sector armamentista y de seguridad. Es habitual que los clientes de empresas y consultoras tecnológicas sean empresas de armas que utilizan sus productos para fines militares.
Una organización de carácter eminentemente militar, la Organización de Ciencia y Tecnología de la OTAN (NATO’s Science and Technology Organization), participa en al menos tres proyectos junto con diferentes empresas e instituciones españolas. Esta organización tiene el objetivo de aportar innovación, asesoramiento y soluciones científicas a los miembros de la OTAN con el fin de garantizar su “ventaja militar y tecnológica para hacer frente a los retos de seguridad actuales y futuros”.
De igual modo, siempre según el informe, al menos siete de los proyectos hablan de “inmigración ilegal” o términos similares, “algo especialmente alarmante cuando hay universidades que deciden sumarse a estos consorcios, pues, su participación puede estar contribuyendo a la construcción de una infraestructura que criminaliza a las personas migrantes y da respuestas policiales y militares al tránsito de personas”, denuncian los autores.
“Las nuevas tecnologías conllevan una mayor deshumanización de la gobernanza de los espacios fronterizos y cuentan con pocas o insuficientes evaluaciones de su impacto en los derechos fundamentales. Son muchos los derechos que están en juego y cuya vulneración podría sistematizarse mediante la implementación de dichas tecnologías”, alerta Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs y de esta nueva investigación.
“Todos aquellos organismos, entidades y empresas que no tengan un propósito militar deberían tener en cuenta estos riesgos crecientes. Esta precaución debería ser considerada, particularmente por la comunidad universitaria. La participación en este tipo de proyectos podría estar contribuyendo al refuerzo de narrativas que criminalizan a la inmigración”, concluye.
