El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para rechazar el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, un acuerdo firmado en Barcelona en enero de 2023 por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. La votación se produjo el 29 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la visita de Estado del presidente francés a España, y terminó con 142 votos en contra, 106 a favor y una abstención. PP y Vox votaron en contra.
La decisión resulta especialmente relevante porque el tratado ya había recibido el aval unánime del Tribunal Constitucional, que la semana anterior había concluido que el texto no vulneraba la Constitución. El acuerdo también había sido aprobado por el Congreso español después de que los dos Gobiernos intercambiaran en abril de 2026 unas cartas interpretativas para precisar uno de sus artículos más controvertidos.
El origen del enfrentamiento se encuentra en el artículo 2.4 del tratado. Su redacción inicial establecía que un miembro del Gobierno de España sería invitado al Consejo de Ministros francés y, de manera recíproca, un miembro del Gobierno francés sería invitado al Consejo de Ministros español, al menos una vez cada tres meses y por rotación. El PP consideró que esta previsión podía entrar en conflicto con la Constitución española, particularmente con las normas que regulan la composición y funcionamiento del Gobierno.
En 2025, el PP ya había llevado esta cuestión al Tribunal Constitucional a través del Senado. El argumento central era que la presencia de un ministro extranjero en una reunión del Consejo de Ministros podía entrar en conflicto con los artículos 13, 23 y 98 de la Constitución, además de otras disposiciones constitucionales. Los populares sostenían que no bastaba con modificar la legislación ordinaria para permitir esa participación, sino que, si fuera necesario alterar la composición del Gobierno, habría que abordar una reforma constitucional.
El Gobierno español y el francés intentaron resolver el problema mediante un canje de cartas interpretativas. La nueva interpretación establece que la participación del ministro extranjero no se produciría dentro de la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, sino «en los márgenes» de dicho Consejo, mediante una reunión separada. Con esta precisión, el Gobierno defendió que desaparecía el problema constitucional que había planteado el PP.
El Tribunal Constitucional terminó respaldando esa interpretación. Su decisión consideró que la presencia del ministro del otro país se produciría en una reunión separada y no en la sesión del Consejo de Ministros en la que el Ejecutivo adopta sus decisiones. Por ello, el argumento constitucional utilizado inicialmente por el PP dejó de constituir, según el tribunal, un obstáculo para la ratificación.
Sin embargo, el PP mantuvo su rechazo al tratado incluso después del pronunciamiento del Constitucional. Durante el debate del Senado, la senadora Pilar Rojo sostuvo que el voto negativo no supone cuestionar la relación con Francia, país al que calificó como vecino, aliado y socio europeo. La posición del grupo popular se centró entonces en reclamar mayores garantías jurídicas e institucionales y en cuestionar el alcance de los compromisos asumidos por España.
El PP también considera problemático que sea necesario recurrir a un instrumento interpretativo posterior para determinar el alcance de una disposición del propio tratado. En el debate, Rojo cuestionó que un acuerdo internacional de esta naturaleza necesite documentos posteriores para precisar el significado de una de sus cláusulas y sostuvo que el tratado no puede considerarse simplemente un acuerdo bilateral de cooperación.
Hay, además, una segunda dimensión política en el rechazo popular. El tratado establece mecanismos de coordinación entre España y Francia en cuestiones como seguridad, defensa, energía, migración, industria, transición ecológica, educación, investigación y cooperación transfronteriza, además de prever una cumbre bilateral anual. El PP sostiene que el alcance de estos compromisos supera el de un acuerdo convencional de cooperación bilateral.
El Gobierno, por su parte, interpreta el rechazo como un bloqueo político de un acuerdo considerado estratégico para la relación con Francia. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había acusado anteriormente al PP de obstaculizar un tratado con el principal vecino y socio comercial de España. Desde el PSOE se ha criticado especialmente que el rechazo se produzca después de que el Constitucional haya despejado las dudas sobre la compatibilidad del artículo 2.4 con la Constitución.
La coincidencia temporal con la visita de Emmanuel Macron ha añadido una dimensión diplomática al conflicto. El Senado votó el rechazo precisamente cuando comenzaba la visita de Estado del presidente francés, que incluye encuentros con el rey Felipe VI y con Pedro Sánchez. No obstante, el PP ha desvinculado expresamente su posición de un rechazo a Francia y ha insistido en que su oposición se refiere al contenido y alcance del tratado, no a la relación bilateral entre ambos países.
El bloqueo no significa necesariamente que el tratado quede definitivamente descartado. El rechazo del Senado abre ahora el procedimiento parlamentario previsto para resolver la discrepancia entre las dos Cámaras. El Congreso puede tener la última palabra si no se alcanza un acuerdo, de acuerdo con las reglas constitucionales aplicables a la tramitación de los tratados internacionales.
En definitiva, la controversia ha evolucionado desde una discusión estrictamente constitucional hacia una discrepancia más amplia sobre el alcance político del acuerdo. El PP comenzó cuestionando la posibilidad de que ministros franceses participasen en el Consejo de Ministros español; después de que el Gobierno modificara la interpretación de esa cláusula y de que el Tribunal Constitucional avalara su constitucionalidad, los populares han mantenido el voto negativo alegando insuficientes garantías jurídicas y discrepancias con el alcance de los compromisos asumidos. El resultado es que, más de tres años después de su firma, el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia continúa sin completar su ratificación española.
