Ceuta, el dinero, los teléfonos y un voto que se pide desde el otro lado del Estrecho
Hay una forma infalible de saber quién manda en la relación entre dos Estados: fijarse en quién da las gracias. Cuando decenas de miles de personas cruzan en dos días la frontera de una ciudad española, cuando los muertos se cuentan por decenas entre el agua y las rocas, cuando las autoridades habían avisado y la Guardia Civil había anotado cómo se disparaban las entradas a nado, lo que se espera de un Gobierno que se respeta es una furia fría y una respuesta a la altura. Lo que ha ofrecido el de Pedro Sánchez es otra cosa: gratitud. Gratitud hacia el vecino que, según su ministro de Asuntos Exteriores, “ofreció desde el primer minuto su colaboración”. El pirómano, felicitado por la rapidez con la que ha llamado a los bomberos.
En este análisis he intentado ordenar lo que hoy sabemos, que es bastante más de lo que Moncloa quisiera, y responder a la pregunta que el Gobierno lleva meses esquivando: por qué. Por qué se alaba a quien aprieta. Por qué se paga a quien presiona. Por qué se calla ante el chantaje. Y por qué, de repente, hay voces marroquíes pidiendo el voto para el PSOE el 29 de noviembre. La respuesta no cabe en una sola frase, pero todas las piezas están ya sobre la mesa.
Dos días de Julio
Los días 30 y 31 de julio de 2026 Ceuta dejó de ser una frontera y pasó a ser un coladero. Las cifras oficiales hablan de casi 80.000 personas entrando de forma irregular, hoy se cree que fueron unos cuantos miles más. Los muertos se contaron por decenas: el balance oficial del 2 de agosto hablaba de 72 cuerpos recuperados por la Guardia Civil en el mar y en las costas de la ciudad, igualmente hoy ya se sabe que fueron 141 fallecidos sin nombre. Las crónicas describen a miles de jóvenes, y también a familias con niños, cruzando a nado junto al espigón del Tarajal o a pie por el costado de la valla durante horas, sin que los agentes marroquíes ni los españoles se lo impidieran. Léase otra vez, despacio: durante horas.
Una frontera no se pierde en una tarde por casualidad. Los intentos de entrada habían pasado de unos 500 entre finales de junio y mediados de julio a unos 1.300 en las dos semanas siguientes. El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta había advertido de la presión creciente. La Guardia Civil había informado del aumento de llegadas a nado. Las fuentes de seguridad consultadas por la prensa sostienen que la entrada masiva no se habría producido si Rabat hubiera desplegado todos los medios necesarios para impedirla. Y la prueba del algodón llegó dos semanas después: cuando se convocó por redes una segunda entrada para el 15 de agosto, Marruecos desplegó miles de soldados y policías, reforzó los controles en carreteras y accesos marítimos y frustró el intento. El grifo, queda demostrado, tiene dueño y sabe cerrarse cuando le conviene.
Frente a eso, la respuesta del Gobierno. Sánchez aseguró que “no existen evidencias sólidas” de la participación de Marruecos, según recogió la prensa, mientras los medios publican que los informes del CENIF de la Policía y del CNI señalan la actuación de agentes marroquíes en la planificación del asalto. Si es así, el Gobierno no ha sufrido un fallo de información. Ha tomado una decisión: la de no querer ver. Y en el mismo paquete, el relato oficial de una crisis migratoria sin responsables, una fórmula tan cómoda que sirve igual al atacante y al atacado. Rabat se libra de culpa; Moncloa, de explicaciones. Un acuerdo perfecto, que ni siquiera ha hecho falta firmar.
No entraron tanques
Los puristas del idioma ya han salido a explicarnos que “invasión” es la entrada de fuerzas armadas de un Estado en el territorio de otro, que en Ceuta no se vieron tropas marroquíes ocupando nada y que lo correcto es hablar de entrada irregular masiva. Tienen razón en el diccionario y se equivocan en la geopolítica.
Lo que ocurrió tiene nombre en los manuales desde hace años: coerción migratoria, guerra híbrida, zona gris. Se trata de obtener resultados políticos de un adversario sin cruzar el umbral que justificaría una respuesta militar. Un ejército de tanques tiene remitente y obliga a reaccionar. Un ejército de jóvenes, de familias y de niños empujados hacia el agua tiene, en cambio, una crisis humanitaria y un Gobierno encantado de llamarla así. Es el método más barato, más negable y más eficaz que existe: quien frena la ola queda ante las cámaras como socio fiable, y quien la suelta, como un vecino que ofrece su colaboración.
Y no es un invento de este verano. La Marcha Verde de 1975 enseñó que civiles por delante y Estado detrás es una fórmula que funciona. En mayo de 2021 la ensayó con Ceuta: más de 12.000 entradas después de que un hospital de La Rioja ingresara al líder del Frente Polisario. Lo de julio de 2026 es la versión ampliada de aquel ensayo, con una diferencia que debería quitarnos el sueño: esta vez Madrid ya sabía cómo funcionaba.
Y luego están las palabras. Voces del entorno político y mediático marroquí repiten sin descanso que Ceuta y Melilla son marroquíes, y la reivindicación de soberanía acompaña a la presión en la frontera como la música a la película. Madrid, según la prensa, reaccionó llamando a consultas en secreto a la embajadora de Marruecos, que por cierto no estaba ese día en Madrid y no acudió a consulta; es decir, protestó en voz baja, como quien le pide al vecino que baje el volumen mientras este le derriba la tapia. Todo ello después de que entrara en vigor en junio de 2026 el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que supuestamente iba a europeizar la frontera sur y acabar con el chantaje bilateral. Se tardó apenas unas semanas en demostrar que no servía para eso.
El mar también cuenta
El 12 de octubre, durante los actos de la Fiesta Nacional, el propio Sánchez tuvo que confirmar lo que El País había adelantado esa mañana: que al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí entraron sin autorización en aguas territoriales españolas frente a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Las fuentes citadas por el diario hablan de una violación intencional y repetida que se prolongó hasta los primeros días de agosto, y de una fragata española que tuvo que salir a expulsar a los intrusos. Esas mismas fuentes no quisieron especular sobre si los barcos coordinaron su maniobra con la entrada de decenas de miles de personas por tierra y por mar. Especulemos nosotros lo justo: en esas aguas son habituales los roces con la gendarmería marroquí que persigue narcolanchas, pero no las irrupciones de buques de guerra, y menos coincidiendo con el día en que se abre la frontera.
¿Y qué hizo el Gobierno con esa información? Guardársela durante más de dos meses y, cuando por fin salió a la luz, rebajarla a “un hecho puntual” entre vecinos. Los medios de comunicación recogen que el Ejecutivo sigue sin explicar por qué no lo contó. Un buque de guerra extranjero en aguas nacionales sin permiso no es un hecho puntual: es un incidente que en cualquier país serio provoca una nota de protesta, una comparecencia y un par de dimisiones. Aquí provocó una fragata, un silencio indefinido y una vuelta a la normalidad.
No es un episodio aislado, sino la continuación de una práctica. Ya en 2025 otro medio de comunicación contaba que pesqueros marroquíes faenaban dentro de aguas españolas de Ceuta, que la Guardia Civil los iba apartando y que el objetivo, según las propias fuentes del Instituto Armado, era evitar un conflicto diplomático con el vecino. Los agentes advertían además del riesgo de dejar que la costumbre arraigara, porque una costumbre tolerada acaba convertida, años después, en argumento para reivindicar derechos. Primero los pesqueros; después, los buques de guerra. Y ya sabemos cómo suele responder Madrid: con prudencia, para no molestar y encima pagando la fiesta.
La respuesta de España llegó, mientras tanto, en forma de acero y con retraso. En agosto la Armada desplegó en Ceuta el buque de acción marítima Rayo y las fragatas Santa María y Navarra; el Ejército de Tierra se sumó a la Policía y a la Guardia Civil, con 880 policías nacionales, 270 más que el 30 de julio, y 714 guardias civiles, casi 200 más. Es decir: tres buques de guerra, soldados y cientos de agentes adicionales para blindar una puerta después de que la hayan cruzado casi ochenta mil personas. Cerrar el establo con caballería pesada.
El Rey avisa desde Finlandia de que las amenazas a Ceuta y Melilla lo son para toda la Unión Europea. El Senado premia a Vivas e Imbroda en pleno clamor por la españolidad de ambas ciudades. La Audiencia Nacional pide las llamadas del presidente ceutí a Sánchez previas al asalto, y la jueza Tardón acumula evidencias de que el Gobierno no evitó lo ocurrido porque no quiso. Cuando el Jefe del Estado y los jueces empiezan a decir lo que el Gobierno se niega a decir, el silencio de Moncloa deja de ser prudencia, es más bien una posición intencionada.
Canarias en el menú
Queda otra pregunta que Moncloa tampoco responde: qué más se ha puesto sobre la mesa. En vísperas de la Reunión de Alto Nivel de diciembre de 2025, algunos medios contaron que Marruecos llegaba a Madrid con una lista de exigencias marítimas y aéreas, divulgada por medios afines a Rabat como Atalayar y Médias24: la cesión del monte submarino Tropic, una prolongación de las islas Canarias rica en cobalto, telurio y tierras raras; una delimitación de aguas del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización del que España sigue siendo, en derecho, potencia administradora; y la gestión del espacio aéreo saharaui, que hoy se controla desde Canarias. A cambio, Rabat ofrecía lo de siempre: seguridad jurídica reforzada para el archipiélago, control migratorio que nunca acaban de cumplir y un ganar-ganar.
Lo llamativo no es la lista, sino la respuesta. El departamento de Albares reconoció haber iniciado conversaciones secretas con Rabat sobre la cesión del espacio aéreo del Sáhara, del que, según fuentes, entre el 15 y el 20 por ciento ya está de hecho bajo control marroquí gracias a zonas de exclusión aérea declaradas para supuestos ejercicios militares. Quien negocia a escondidas lo que no le pertenece, porque el Sáhara Occidental, como recuerdan los catedráticos consultados, no es territorio marroquí y nada puede acordarse sin su pueblo, no está haciendo diplomacia. Está haciendo rebajas.
El catedrático de Derecho Internacional Alejandro del Valle resume el cuadro con una frase que debería estar enmarcada en Moncloa: Marruecos sabe que no volverá a encontrar un presidente tan favorable, uno “más Mohamed VI que el propio Mohamed VI”. Y añade el diagnóstico que explica por qué Ceuta fue tan fácil: Marruecos llega con estrategia, con tiempo y con voluntad; España llega sin doctrina clara para Canarias ni para el Estrecho. Debemos recordar que Rabat llevan una década usando el arma de la migración. Cuando de un lado hay un plan y del otro una nota de prensa, la asimetría no necesita una guerra para resolverse.
La factura
Y llegamos al dinero, que es donde todas las políticas exteriores se quitan el disfraz. Las cuentas más completas que se han publicado, suman más de 1.260 millones de euros de dinero público español dados o comprometidos para Marruecos desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018, entre cooperación al desarrollo, créditos de organismos públicos como el FIEM, FONPRODE o COFIDES, y financiación de proyectos. Conviene decirlo con exactitud, porque el rigor es la mejor manera de ser demoledor: no son subvenciones a fondo perdido; la cifra no cuenta dos veces los 800 millones del protocolo financiero anunciado en 2023 ni las garantías de CESCE; y es incluso conservadora, porque faltan datos desagregados de los últimos ejercicios. Pero es dinero, y mucho, y su cronología es la mejor radiografía de este idilio.
En 2018 la ayuda oficial al desarrollo para Marruecos fue de unos 20 millones. En 2019, fueron 29. En 2020, otros 18. En 2021, 31 más. En 2022 saltó a 58,5 millones, más un préstamo de hasta 20 millones para una entidad marroquí de microfinanzas.
¿Qué pasó en 2022? Que en marzo Sánchez respaldó la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto, un giro histórico de la posición española. Desde entonces la relación financiera se aceleró: en 2023, unos 50 millones de ayuda bilateral y un crédito FIEM de 5 millones para dos plantas potabilizadoras; en 2024, 31 millones de COFIDES para la desaladora de Casablanca; y en 2025 el salto de gigante: más de 750 millones de financiación pública para que la empresa ferroviaria marroquí ONCF compre 40 trenes interurbanos, con garantía soberana de Marruecos y vinculados a la española CAF, y otros 250 millones de crédito FIEM para la desaladora de Casablanca. Más de mil millones en un solo año, el año anterior al verano en que se abrió la puerta de Ceuta.
Dirán que buena parte de ese dinero vuelve a España en forma de contratos para empresas españolas o que los trenes son de CAF. Es cierto, y es un argumento de empresario, no de Estado. Un Estado que financia el material ferroviario de otro mientras ese otro le abre la frontera por sorpresa no está haciendo negocios: está pagando peaje. La pregunta no es si el dinero salió legalmente, sino qué contraprestación política se obtuvo a cambio, qué mecanismos de control del gasto se pactaron y dónde están las cláusulas de condicionalidad de un Gobierno que presume de transparencia. Hasta el dinero destinado al control migratorio, como los 30 millones aprobados en 2019 para combatir la inmigración irregular, el tráfico de personas y la trata, ha ido a parar al balance que hoy contemplamos en Ceuta.
Los teléfonos
El otro hilo es el que más incomoda, y por eso conviene tirar de él con cuidado y sin miedo. En 2022 el propio Gobierno reconoció que el teléfono del presidente y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus. Los informes del Centro Criptológico Nacional fijaban las infecciones del móvil de Sánchez el 19 y el 31 de mayo de 2021, las fechas exactas de la crisis de Ceuta de aquel mes, y la del de Robles en junio de ese año, con exfiltración de información en ambos casos. Después se supo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había sufrido dos ataques en junio de 2021, y que el de Agricultura, Luis Planas, había sido objetivo de un intento fallido, según una fuente de la investigación porque mantenía actualizado el sistema de seguridad de su teléfono.
Defensa, Interior y Agricultura. Es decir: el ministro que manda sobre las Fuerzas Armadas, el que manda sobre la Policía, la Guardia Civil y las fronteras, y el que gestiona la pesca y la relación agroalimentaria con Marruecos. Y el presidente. Si alguien hubiera diseñado una lista de objetivos para condicionar la política exterior, de seguridad y fronteriza de España hacia el sur, no habría tenido que cambiar ni una casilla.
¿Quién lo hizo? Aquí hay que ser preciso, y precisión no es blandura. El Gobierno exoneró a Marruecos desde el primer día. La Audiencia Nacional reabrió la causa en 2024 a partir de información llegada de Francia. La comisión de investigación de Pegasus del Parlamento Europeo declaró que había muchas razones para investigar el papel de Marruecos. The Guardian informó de que más de 200 móviles españoles fueron seleccionados como posibles objetivos por un cliente de NSO Group, y que todo apuntaba a Marruecos. Ya se sabe que Marlaska y Robles comparten el mismo usuario de Pegasus que infectó los teléfonos de activistas saharauis y de un disidente marroquí, y señala como artífice del espionaje marroquí a Abdellatif Hammouchi, jefe de la policía y de la inteligencia del reino, agasajado y condecorado en Madrid mientras la Audiencia reabría el caso.
Y ahora Amnistía Internacional describe, en su informe sobre la maquinaria de vigilancia de Marruecos, un sistema concebido para rastrear, intimidar, chantajear y silenciar, con Pegasus entre sus herramientas y con prácticas que, según la organización, no se detienen en las fronteras marroquíes. Rabat lo rechaza y dice que es falso. Rabat, claro, no iba a decir otra cosa.
Cuando se le preguntó a la ministra de Defensa por los indicios que apuntaban a Marruecos, respondió que ella “no es Sherlock Holmes” y que era el poder judicial quien investigaba. Maravilloso: la responsable de la defensa nacional, víctima confirmada de la operación, se declara ajena a la deducción más elemental.
Aquí llega la parte que el Gobierno preferiría no ver sobre la mesa en el tema Pegasus. Sánchez lleva ocho años gobernando. Ha cambiado de vicepresidentes, de ministros de Economía, de Hacienda, de Justicia, de Exteriores, de Sanidad, de Transportes. Ha remodelado, sacrificado, reciclado y recolocado. Mientras tanto hay tres nombres que han sobrevivido a todas las crisis, a todos los escándalos y a todos los ajustes: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Los mismos tres a cuyos teléfonos apuntó Pegasus.
Cuando se le plantea la tesis de la injerencia marroquí, el presidente la despacha con una elegancia digna de estudio: eso queda muy bien para “una serie de Netflix”, pero la realidad es otra. Lo curioso es que la duda ya no es solo de la oposición: tras la entrada de julio, también aliados del Gobierno como Podemos y el PNV han vuelto a mirar hacia Rabat. Cuando los socios empiezan a ver una serie donde el guionista asegura que solo hay realidad, quizá convenga revisar el guion.
No existe sentencia que diga que esos teléfonos explican esa estabilidad, y yo no la voy a fingir. Lo que existe es una coincidencia que cualquier analista de seguridad calificaría, como mínimo, de anómala: tres ministros atacados o intentados desde un servicio extranjero, tres ministros que no se mueven, un presidente igualmente infectado y un Gobierno que protege al presunto autor con la misma tenacidad con que protege a sus ministros. En inteligencia hay un principio elemental: ante una anomalía, se sigue el rastro de quién se beneficia. Marruecos se beneficia de un Gobierno español que no denuncia, que agradece, que paga y que no cambia a quienes custodian la frontera sur. Lo demás y qué contienen esos teléfonos, qué guarda Rabat y qué se teme en Moncloa, es lo que un Gobierno sin nada que ocultar habría aclarado en 2022 con una frase: “vamos a investigarlo todo, caiga quien caiga”. Han pasado cuatro años y la frase sigue sin pronunciarse. No necesito una sentencia para extraer la conclusión política: se comporta como un Gobierno vigilado.
El voto
Y queda el último capítulo, el que a los incrédulos les ha dado la prueba de que el círculo se cierra. Desde que se convocaron las elecciones generales para el 29 de noviembre, plataformas marroquíes y grupos creados expresamente entre residentes marroquíes en España animan a votar al PSOE. Una de esas páginas, que se presenta como la oficial de noticias de Marruecos en España y tiene más de 118.000 seguidores, reunió más de 500 comparticiones, cerca de 10.000 me gusta y más de mil comentarios en menos de 48 horas con su llamamiento. El periodista marroquí Soulaiman Raissouni, con más de 91.000 seguidores en Facebook, define a Sánchez como “amigo del pueblo y gobierno marroquí”, sostiene que es la opción más cercana a Marruecos, asegura que la comunidad será especialmente beneficiada por los decretos de vivienda del Gobierno y llega a afirmar que desde el reino se ordena ese respaldo. La orden, si existe, no la ha enseñado. El apoyo, en cambio, está a la vista y miles de invasores en la ciudad de Ceuta siguen gritando a diario el nombre de “Pedro Sánchez”
Las cifras importan mucho y la marroquí es la comunidad extranjera más numerosa de España, con cerca de un millón de residentes registrados, y se calcula que unos 300 a 400 mil tendrán derecho a voto el 29 de noviembre, un dato provisional hasta saber cuántos completan la nacionalización tras la regularización extraordinaria aprobada en abril. Trescientos o cuatrocientos mil votos potenciales son, en unas generales ajustadas, un argumento aritmético que ningún partido ignora.
Que quede claro: los vecinos marroquíes que viven aquí, trabajan aquí y votan aquí hacen lo que cualquier ciudadano, y el problema no son ellos. El problema es un Estado extranjero con subditos leales en cualquier parte del mundo, con mil motivos para desear un Gobierno español dócil, al que le conviene este presidente; y un presidente al que le conviene ese Estado. Un Gobierno al que se alaba desde Rabat mientras Rabat aprieta en Ceuta debería sentir, como mínimo, un escalofrío. Moncloa, en cambio, calla. Y quien calla ante el elogio del que le presiona acaba pareciendo su candidato.
Lo que queda
Sumen ustedes todos los puntos. Una frontera que se abre durante horas y se cierra a voluntad. Unos informes de inteligencia que, según la prensa, señalaban a agentes marroquíes y que el Gobierno dice no ver. Una fragata y varias patrulleras marroquíes en aguas de Ceuta, confirmadas por el propio presidente más de dos meses después, y tres buques españoles llegando tarde. Un ministerio que reconoce negociar en secreto la cesión del espacio aéreo del Sáhara. Más de 1.260 millones de euros de dinero público en ocho años, más de mil solo en el último ejercicio de la serie, tras Pegasus. Cuatro teléfonos ministeriales y presidenciales en la diana y tres ministros inamovibles. Un informe de Amnistía que describe el aparato de vigilancia del vecino como máquina de chantaje. Y una campaña de voto que llega desde el otro lado del Estrecho. Cada pieza, por separado, admite una excusa pero juntas, dibujan un patrón que no admite ninguna.
La primera obligación de un Gobierno es proteger la soberanía del país que gobierna. La segunda, explicar a los ciudadanos qué ha hecho para ello. El nuestro ha incumplido la primera y no se atreve con la segunda. Por eso, corresponde exigir lo que cualquier democracia sana exigiría: que los informes del CENIF y del CNI sobre Ceuta se entreguen al Parlamento; que se condicione todo crédito y toda ayuda a Marruecos a contrapartidas verificables, empezando por la readmisión de sus nacionales; que se aclare, con nombres y fechas, qué se llevaron los teléfonos de Pegasus y por qué el Gobierno ha protegido tanto tiempo al sospechoso; y que quien falló en Ceuta responda por ello con su cargo, empezando por quienes gestionan Interior y Defensa.
Porque un país que no sabe quién le abre la puerta, quién le escucha el teléfono y quién le pide el voto no es un país soberano. Es un país administrado.
Vicente Reig Basset es Coronel de la Guardia Civil (Retirado), DSE. Fue Jefe de la Comandancias de Huesca y Las Palmas de Gran Canaria, Director de Seguridad de Mapfre en México, Jefe de los POMLT en Afganistán y Director Proyecto de la UE de Lucha al Narcotráfico en Bolivia.
